Río Negro: dos ex funcionarios provinciales fueron detenidos por cobrar sobresueldos durante siete años

Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.