Polémica en Tucumán por un proyecto que busca eliminar de forma exprés calumnias en redes y diarios digitales

Un proyecto de ley para impedir la publicación de calumnias e injurias en medios digitales y redes sociales desató una intensa polémica en la política de Tucumán. Desde la oposición libertaria provincial advirtieron que la propuesta restringe la libertad de expresión y alertaron por posibles usos arbitrarios, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa y anticipó que la vetará, en caso de aprobarse y no modificarse.

Con la autoría del legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, que pertenece al bloque de Jaldo, el texto propone una medida cautelar para la violencia digital, que habilita una “tutela judicial inmediata destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones digitales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias”.

La decisión de qué contenido se mantiene, se elimina o se desindexa de una plataforma queda a cargo de un juez penal provincial. Deberá definirlo en un plazo máximo de seis horas, sin contar con la réplica del autor del contenido o al medio involucrado.

El alcance del instrumento judicial es bastante amplio. Aplica a cualquier tipo de “contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea", señala en su artículo 2.

La discusión fue tomando calor en los últimos días luego de que el texto fuera aprobado en comisión en la Legislatura de Tucumán. Sin embargo, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia de la iniciativa impulsada por el diputado peronista y aclaró que se trata de un “proyecto de un legislador provincial, como muchos otros de diferentes temas y de otros legisladores”.

“Es una iniciativa que está muy lejos de plasmarse, si así lo deciden los legisladores en el recinto. Si se llegara a aprobar, no hay duda que en el Poder Ejecutivo -que tengo el honor de conducir y habrá que estudiarlo como sale en definitiva-, tal cual está, va camino al veto. Esa es mi posición”, sostuvo Jaldo en diálogo con Infobae.

En tanto, La Libertad Avanza Tucumán compartió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y se declaró en estado de alerta.

“Recordamos que en la República Argentina los poderes del Estado son independientes. Si una persona considera que ha sido afectada por una publicación, cuenta con las herramientas legales correspondientes para recurrir ante la Justicia. Pretender que el Poder Legislativo intervenga para condicionar u obligar el accionar del Poder Judicial constituye un hecho de enorme gravedad institucional”, señala el documento.

“La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana -continúa-. Cualquier intento de restringirla, limitarla o generar mecanismos de censura representa un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”.

La postura oficial de LLA fue compartida por el principal referente del partido en Tucumán, el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, y la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien insistió en sus redes sociales que la iniciativa “viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios”. “La libertad de expresión no se negocia. Es un derecho esencial y cualquier mecanismo de censura debe ser frenado de inmediato”, remarcó.

El legislador opositor Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) también criticó el proyecto oficial y sostuvo que, en caso de aprobarse, convertirá al juez en “un órgano de control de contenidos”.

“El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que ésta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, dijo Berarducci a La Gaceta.

El debate legislativo y los últimos cambios

Para que el proyecto avance, requiere de la aprobación de 49 legisladores. El último dictamen, de hace un mes, contó con el aval del autor y los legisladores Sara Assan, José Macome -libertario-, Christian Rodríguez y María Carolina Vargas Aignasse.

La norma introdujo cambios respecto de la versión original, aunque mantuvo su estructura central. Lo más importante fue la incorporación de la exclusión de los funcionarios públicos de este mecanismo, tras las críticas que había recibido la iniciativa. Explícitamente, quedó establecido que no podrán acceder a este procedimiento quienes hayan sido elegidos mediante voto popular ni los funcionarios de los tres poderes del Estado, hasta el rango de director.

Otro punto fue la eliminación del artículo que establecía una vigencia inicial de diez días para la medida cautelar, aunque se mantiene el proceso sumarísimo. Además, incorpora un “candado normativo” que obliga a los jueces a rechazar cualquier pedido cuando exista una duda razonable sobre si el contenido denunciado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

Ante el revuelo generado, Vargas Aignasse volvió a defender el proyecto legislativo en redes sociales y advirtió que quien diga “que es para proteger políticos, está faltando a la verdad”.

"La ley protege a los ciudadanos comunes frente a las calumnias, injurias y campañas de difamación que hoy se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y hasta poner en riesgo la salud mental de las personas“, advirtió el dirigente peronista. Y agrega: “No es censura. Es poner un límite a la mentira deliberada y al hostigamiento digital”.

En paralelo, con una postura similar a la de Jaldo, desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no se acompañará ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico.

“El proyecto todavía no está en el orden del día y no está previsto que se trate. Ha generado mucho ruido”, reconoció Aignasse a Infobae. Y volvió a insistir que “se deja afuera de utilizar esta medida cautelar urgente a quien tenga un cargo público”. “Lo que se busca es que se mantenga el objeto de este proyecto, que es que regular la violencia de los particulares en general por los temas que son de público conocimiento y día a día vemos en redes sociales”, concluyó.