El Gobierno revisó su decisión de intimar a que se renegocien 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados: acaba de anunciarse oficialmente que la medida alcanza a 446 convenios.
Se trata de uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral que puso en marcha este jueves el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y sindicalistas a rediscutir las cláusulas de los 446 convenios vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes compulsivos pactados entre las partes.
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Esta extensión de la cantidad de convenios que deberán negociarse nuevamente responde a la interpretación estricta de lo establecido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que dinamitó la ultraactividad, el principio previsto en la legislación hasta ahora, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio.
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Aun así, en el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.
En el comunicado publicado esta mañana en las redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, “dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes".
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“La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores”, afirmó el texto oficial.
Finalmente, Capital Humano destacó que “la convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva Ley de Modernización Laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector.
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Críticas del sindicalismo
Un día después de oficializarse el decreto 407 que reglamentó la reforma laboral, la CGT rechazó su contenido porque “el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”.
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La CGT y las dos CTA celebraron en las últimas horas las conclusiones sobre el caso argentino que brindó la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT a partir de las denuncias sindicales contra la administración libertaria: allí, el organismo internacional instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos“y ”velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”.
“Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló la central obrera en un comunicado de prensa, en el que consideró que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.
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