La jueza Servini intervino al PJ de Salta y desplazó a los interventores designados por Cristina Kirchner

A más de un año de que se desataran las fricciones partidarias entre el Partido Justicialista (PJ) nacional, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los dirigentes que representaban al espacio en Salta, la jueza María Servini resolvió la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.

En línea con esto, las autoridades electorales designaron como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta. De esta manera, su tarea principal será normalizar el partido a través de elecciones internas, tras haber pasado más de un año bajo intervención partidaria ejercida por el PJ nacional.

La intervención original en el distrito Salta fue dispuesta el 24 de febrero de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional del PJ el 20 de mayo del mismo año. En aquella instancia, la presidenta del PJ nacional designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.

Posteriormente, el 20 de febrero, se nombró a dos referentes locales, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes habían convocado a celebrar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento del plazo original de intervención. No obstante, la propuesta estaba pendiente de ser tratada en el Congreso Nacional programado para este martes 19 de mayo.

A pesar de esto, en el fallo, se consideró que los distintos interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables durante el periodo de intervención. Según la información obtenida por El Tribuno, las autoridades electorales lo interpretaron como un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados del PJ en Salta.

Según la resolución, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas.

De la misma manera, el tribunal remarcó que el uso reiterado y prolongado de la intervención por parte del PJ nacional se transformó en un “mecanismo abusivo”, que no logró resolver los conflictos internos del distrito y comprometió tanto la autonomía como la democracia interna del partido.

En línea con esto, se señaló que la convocatoria a internas para el 25 de octubre de 2026 resultaba “tardía” en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

Por este motivo, plantearon que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por ello, Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

Mientras que desde el PJ Nacional no hubo una respuesta al fallo, el ex interventor Kosiner repudió la decisión de las autoridades electorales. Por medio de un comunicado, denunció que “la decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.

“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución”, reiteró el dirigente salteño al hacer referencia a que el cronograma electoral iba a ser aprobado formalmente el próximo martes.

Por otro lado, el ex titular del espacio consideró que “la resolución se inscribe en un preocupante clima de época en la Argentina”. Asimismo, apuntó que “se naturaliza y se avala desde sectores funcionales, la vulneración de instituciones, la afectación de autonomías y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas y del respeto a la voluntad de las organizaciones políticas”.

“La autonomía de los partidos políticos es una garantía democrática”, sostuvo Kosiner. Finalmente, concluyó el comunicado con una reflexión: “Cuando se desconoce la voluntad de sus órganos y se interviene judicialmente aun existiendo mecanismos institucionales en marcha, lo que se debilita no es solo a un partido: es a la calidad democrática de la Argentina”.