Presentaron otro proyecto para reformar las primarias, con voto optativo y sin financiamiento estatal

El debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sumó una nueva alternativa en el Congreso. Mientras el Gobierno nacional impulsa su eliminación total dentro del paquete de reforma electoral enviado al Senado, desde la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto que conserva la herramienta, pero modifica de raíz su funcionamiento: propone competencia voluntaria, elimina el financiamiento estatal para la campaña y habilita que el ganador de la interna presidencial defina a su compañero de fórmula después de la elección primaria.

La propuesta, impulsada por Eduardo Vischi, titular de la bancada radical en la Cámara alta, plantea reformar la Ley 26.571 y redefinir la sigla: PASO pasaría a significar Primarias Abiertas, Simultáneas y Optativas. Es decir, se mantendría el formato abierto y simultáneo, pero dejaría de ser obligatorio, modificando el régimen vigente desde su creación.

La iniciativa fue redactada a título personal, explicaron en el bloque. Es que otros senadores radicales, como Carolina Losada, consideran qie las PASO no deberían eliminarse.

El texto fue presentado después de que la administración de Javier Milei enviara al Congreso su proyecto de reforma política, que incluye la supresión directa de las PASO. Según funcionarios de la Casa Rosada, el sistema perdió utilidad, obliga al Estado a financiar internas partidarias y genera costos operativos desproporcionados respecto de sus resultados.

La iniciativa busca ofrecer una tercera vía: no defiende el esquema actual sin modificaciones, pero tampoco acompaña la eliminación total. El objetivo es preservar las primarias para ordenar candidaturas cuando exista competencia real y eliminar obligaciones que, según sus autores, desnaturalizaron el propósito original del sistema.

En los fundamentos del proyecto, Vischi sostiene que “la obligatoriedad del voto en instancias donde no existe oferta competitiva interna desnaturaliza el sentido original de las primarias como herramienta de democratización partidaria”. Así, el primer cambio central es que votar en las primarias dejaría de ser obligatorio: los ciudadanos podrían participar solo si lo desean, sin sanciones ni justificaciones por ausencia, a diferencia del régimen general.

Según el senador correntino, la participación electoral en una instancia interna no debería tener el mismo nivel de exigencia jurídica que una elección general. Bajo este nuevo diseño, la primaria sería un derecho disponible y no una carga universal.

Quienes deseen participar deberían inscribirse previamente hasta 60 días antes del comicio. Con ese padrón voluntario confirmado, el Estado organizaría únicamente la estructura necesaria: cantidad de mesas, autoridades, centros de votación y logística proporcional al número de inscriptos.

El proyecto apunta a reducir uno de los cuestionamientos más frecuentes al sistema actual: implementar una elección nacional completa, con costos plenos, incluso cuando en varios distritos no hay disputa interna o la participación efectiva es reducida.

Incorpora además un umbral mínimo de convocatoria: si no se inscribe al menos el 10% del electorado correspondiente a esa agrupación política, la PASO no se realizará y el partido deberá resolver sus candidaturas por mecanismos internos propios. El objetivo es evitar procesos sin volumen político o sin contienda real, como ocurrió en elecciones anteriores con listas únicas que igualmente atravesaron toda la maquinaria electoral.

En materia de financiamiento, el proyecto prohíbe el uso de fondos públicos para publicidad electoral en las primarias. El aporte estatal quedaría reservado para la elección general, considerada la instancia definitoria del proceso democrático. Para el autor, la medida combina racionalidad fiscal y una reasignación más eficiente de recursos: el Estado no financiaría campañas preliminares, sino la elección en la que efectivamente se eligen cargos públicos.

El financiamiento partidario es uno de los temas más sensibles de cada reforma política en Argentina, especialmente en contextos de ajuste fiscal y cuestionamiento social al gasto político.

La iniciativa suma un capítulo de modernización tecnológica: prevé validación electrónica de identidad para el sufragio, priorizando plataformas oficiales como Mi Argentina, bajo auditoría permanente y supervisión de la Justicia Electoral. Además, las precandidaturas podrían presentarse mediante avales digitales con firmas electrónicas certificadas. Según el texto, esto permitiría reducir maniobras irregulares vinculadas a firmas falsas en papel, agilizar trámites y acelerar procesos administrativos.

El proyecto incorpora otro cambio relevante: personas independientes, no afiliadas a partidos, podrían competir como precandidatas siempre que una agrupación política las nomine formalmente. El objetivo es ampliar la base de representación sin alterar la estructura partidaria tradicional.

En la categoría presidencial, la modificación más novedosa consiste en permitir que la fórmula se integre en dos etapas. Hoy, las fórmulas deben presentarse con presidente y vicepresidente desde el inicio. El proyecto de Vischi habilita que la primaria sea solo para presidente y que el ganador proponga a su compañero de fórmula en las 48 horas posteriores a la proclamación. Esto permitiría elegir al vice como parte de una estrategia de ampliación, equilibrio territorial, representación sectorial o acuerdo interno. Incluso podría convocar a quien fue su rival en la competencia primaria.

La cláusula busca facilitar síntesis tras internas competitivas y evitar fracturas que, en experiencias recientes, debilitaron a distintas coaliciones antes de la elección general.

El proyecto consta de 27 artículos y modifica tanto la Ley 26.571 como la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Electoral Nacional. Entre otras disposiciones, adapta plazos de campaña, reorganiza mesas según inscriptos y ratifica el uso de Boleta Única de Papel. Además, establece que la eventual entrada en vigencia debería ser al menos 180 días antes de la próxima elección general, para garantizar previsibilidad institucional.

En el plano parlamentario, la Unión Cívica Radical cuenta con un bloque relevante en el Senado y puede convertirse en actor decisivo para cualquier reforma del sistema electoral. Ningún cambio de magnitud parece posible sin acuerdos con sectores dialoguistas.

Más allá del contenido técnico, el mensaje político es claro: el radicalismo no solo rechaza la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo, sino que plantea una alternativa propia. La Casa Rosada proponía una discusión binaria entre continuidad y supresión; con la iniciativa de Vischi, el debate puede orientarse hacia una tercera vía: primarias voluntarias, menos costosas, tecnológicamente modernizadas y sin financiamiento estatal.

La resolución de este debate tendrá impacto directo en la arquitectura electoral de 2027. Las PASO ordenan liderazgos, canalizan disputas internas y condicionan la formación de alianzas nacionales y provinciales. Con este proyecto, el radicalismo busca intervenir en esa conversación con una definición precisa: no eliminar las primarias, sino rediseñarlas por completo.