El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.
A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.
Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.
La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.
El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.
El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.
Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.
El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.
María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.
Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.
La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.
Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.
Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.
La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.
“Papelón histórico”
La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.
Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.
“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.
Otros casos
No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.
Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.
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