La Fiscalía de Entre Ríos abrió en noviembre pasado un legajo de investigación para analizar las responsabilidades políticas en un presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura.
La operación implicaba que el dinero era cobrado por un grupo de personas y administrado por un estudio contable. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política. La maniobra se descubrió en 2018. Un policía que custodiaba un banco observó que un grupo de personas iba todos los meses a hacer retiros por cajero automático usando una gran cantidad de tarjetas.
Hay dos estimaciones del perjuicio al erario público. Fiscalía consideró que fue de $1.111 millones. Por otro lado, la Fiscalía de Estado (un órgano constitucional que representa los intereses de la Provincia) calculó $392 millones. El monto real se determinará en la Justicia.
Por el caso ya hay un proceso penal en marcha. A la causa se la denomina “Contratos I”. Está centrada en las responsabilidades de los escalones inferiores e intermedios. La causa se encuentra en la etapa de elevación a juicio. Varios de los imputados acordaron juicios abreviados.
Las etapas judiciales
Este primer proceso es clave para la sustanciación del segundo. La razón es que determinaría que hubo un perjuicio a la Provincia. Solo así tendría de dónde afirmarse la acusación fiscal en “Contratos II”. El legajo tiene como carátula: “N.N. s/ peculado imprudente o culposo”.
Este delito está tipificado en el artículo 262 del Código Penal Argentino. “Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior”, dispone el texto legal.
Es decir: para poder acusar a los responsables políticos por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que ese daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.
A posteriori, deberá corroborarse que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produzca el desfalco. En este punto es fundamental la normativa que regula las contrataciones legislativas. La pregunta es si se siguió al pie de la letra o no. Si la respuesta es positiva, no habría delito. El caso penal solo podría continuar si se prueba que no fue así.
La cuestión es que aún no se ha dado el primer paso para un eventual fallo condenatorio firme. “Contratos I” está en proceso de elevación a juicio. Luego vendrán las audiencias y la sentencia. La etapa siguiente son las apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero, además, “Contratos II” está en pañales. La dirigencia política que estaría involucrada por su accionar aún no fue notificada. Tampoco fue citada. Algunos, sin embargo, se presentaron de manera espontánea a ver el legajo. En la lista hay ex gobernadores y vices que ocuparon sus cargos desde principios de siglo. Todos son justicialistas.
El papel de Cecilia Goyeneche
Aunque la difusión del inicio de “Contratos II” fue paralela a la restitución de Cecilia Goyeneche en su cargo de la Procuradora Adjunta, no existe relación causal entre un hecho y otro.
El legajo de esta segunda investigación fue abierto por el fiscal Gonzalo Badano en noviembre de 2025, cuando el Superior Tribunal no había anulado el jury contra Goyeneche. Por lo tanto, tampoco había sido reestablecida en su oficina del Ministerio Público Fiscal.
Además, el Procurador General, Jorge García, corrió a Goyeneche de la investigación sobre los contratos de la Legislatura cuando apenas se habían completado los primeros pasos. En su lugar designó a Mónica Carmona.
La situación que motivó la remoción de Goyeneche del caso tuvo que ver con las relaciones personales, profesionales y comerciales que ella y su marido mantenían con uno de los imputados. Se trata del contador Pedro Opromolla, uno de los titulares del estudio contable que habría tenido la responsabilidad de lavar el dinero captado de los contratos.
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