El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, y la senadora del bloque “Primero los salteños”, Flavia Royón, plantearon en Infobae al Mediodía distintos contrapuntos sobre el proyecto del Gobierno para flexibilizar la Ley de Glaciares y habilitar la explotación minera en determinadas zonas.
El Senado debatirá este jueves una norma que redefine el control provincial sobre el ambiente periglacial y habilita la minería en zonas hoy vedadas. En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares mostró posiciones irreconciliables.
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El ambientalista Andrés Nápoli formuló una advertencia contundente: “Esto es una reforma constitucional encubierta. Si se aprueba una ley aclaratoria retroactiva, todos los emprendimientos en zona crítica van a quedar habilitados inmediatamente, como si hubiese sido el texto original”.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Nápoli remarcó: “La Ley 26.639 no es una ley kirchnerista, es una ley transversal, porque las pocas leyes ambientales que salieron en el Congreso de la Nación fueron transversales. Es una ley que va mucho más allá de esto y que busca proteger fundamentalmente los glaciares”.
El proyecto oficial y la disputa por el control de los recursos
Nápoli sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, bajo la figura de una “ley aclaratoria”, revierte cuestiones constitucionales, porque el artículo 41 y el 124 de la Constitución es muy claro. Según su posición, las provincias son titulares del dominio originario, no las dueñas, como dice el proyecto, y “la Nación dicta los presupuestos mínimos, el piso mínimo de protección”. “Esa es la ley de glaciares, y esa es la ley que se pretende transformar ahora, diciendo que las provincias van a determinar cuáles son los glaciares que van a proteger y cuáles no”, apuntó.
El director ejecutivo de FARN denunció que el cambio permitirá que “las provincias le digan al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) qué es lo que tienen que poner dentro del inventario y qué no”. En ese sentido, explicó: “Vamos a transformar una ley que hoy tiene un carácter científico y de protección uniforme para todo el territorio en una ley de carácter político, no uniforme, donde cada provincia va a definir lo que quiere”.
“Lo que la ley plantea es que los glaciares, además de tener reserva hídrica, tienen una multiplicidad de funciones. Conservan la biodiversidad, también son aliados para el cambio climático. El Inventario Nacional de Glaciares inventarió casi diecisiete mil glaciares en todo el país. Todos esos glaciares, no lo digo yo, lo dice el IANIGLA, tienen reserva estratégica de agua, sea en estado líquido o en estado sólido”, remarcó.
Flavia Royón defendió el criterio técnico y el rol de las provincias
Frente a las críticas, la senadora Flavia Royón defendió el espíritu del proyecto: “La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad”. Y apuntó su desacuerdo técnico, al afirmar que “la ley actual dice ‘se prohíbe todo en ambiente glacial y periglacial’”, mientras que los cambios de la norma suman una aclaratoria.
“La aclaración lo que dice es: está todo prohibido en lo que está hoy contenido en el inventario, hasta tanto no se compruebe con estudios técnico-científicos, que no tiene ninguna función que afecte ni al agua de consumo humano, ni a la agricultura, ni a la biodiversidad”.
Uno de los puntos claves es lo que se define como “ambiente periglacial”, que son los “glaciares de escombros” que apunta el oficialismo a que pueda explotarse la minería en la zona. ”Son rocas que tienen hielo y ese contenido es muy variable. Hay algunos que tienen funcion hídrica y otros que no lo tienen", completó.
En ese marco, Royón argumentó que el inventario que realizó el IANIGLA “se hizo con imágenes satelitales, de escritorio". “Para realmente poder terminar ese inventario, hay que hacer estudios de campo que implican toma de muestras, estudios de laboratorio. No lo podés hacer solo con una imagen satelital, tenés que ir a territorio”.
Además, la legisladora apuntó que “la Ley es de 2010 y nunca se pudo reglamentar”, e “inclusive en el mismo texto tiene contradicciones”. “Esta aclaración lo que te dice es: cuando vos ni siquiera podés hacer un estudio. En realidad, lo que se busca es que lo haga la provincia en coordinación con el IANIGLA”, señaló.
Minería, desarrollo y ambiente: el núcleo del conflicto
Nápoli advirtió sobre el riesgo de avanzar con explotaciones megamineras en zonas de glaciares, porque lo que hacen las empresas mineras “es volar directamente el espacio”. “Vuelan la montaña, vuelan el glaciar, y el riesgo es que no va a haber más glaciar. Basta con buscar en YouTube cómo se explota la minería de altura. Es a base de explosivos, de desaparición de lo que es la zona. El glaciar está arriba y la veta está por debajo. Hay que volar eso, abrirlo”, apuntó.
No obstante, remarcó: “No estamos en contra de la minería. Decimos que hay lugares donde no se debería hacer minería. Eso es el 0,4 del territorio argentino. En el resto del territorio se puede hacer minería”.
Royón, por su parte, defendió la compatibilidad entre desarrollo y cuidado ambiental: “Se puede hacer un desarrollo totalmente compatible con el cuidado del medio ambiente. Argentina necesita de todos los sectores: del agro, de la industria, de la energía, de Vaca Muerta, de la minería. La minería es de las que menos agua utiliza. En San Juan utiliza menos del dos por ciento del agua que se usa en la provincia”.
Y la senadora concluyó: “Esto no es un debate, si la minería sí o la minería no. Es un debate de que a los glaciares se los protege, sí. A lo que tenga función hídrica, sí. Y lo que está en juego es el desarrollo de nuestro país”.
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