El Senado dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.

Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.

El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.

Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.

Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.

Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactivo para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.

Una de las potenciales observaciones a detalles de la ley apuntaba hacia la Unión Cívica Radical (UCR), las cuales fueron descartadas por su propio jefe, el correntino Eduardo Vischi. El legislador del centenario partido criticó al kirchnerismo por no querer “discutir” y tener “una visión muy garantista”, con una “ley que protegía más al victimario que a la víctima”, frente a una “sociedad que está pidiendo a gritos una respuesta”.

“El derecho penal llega tarde, lamentablemente. Es el castigo y no la prevención”, enfatizó Vischi, quien blindó el apoyo al texto que vino de Diputados, aunque reclamó que la comisión de Población analice también un proyecto que promueve “una propuesta integral sobre niños, niñas y adolescentes”.

Sobre el final, Bullrich dejó en claro que “no es lo mismo que un menor que mata, que asesina, que destruye la vida de otro, que vuelva a su casa como si nada hubiera pasado”. La porteña aseveró: “No hay nada peor que la impunidad de ver que un crimen no tiene castigo. Es vivir en una sociedad de la selva, donde no hay valor a la vida y a los principios básicos”. Y remató: “Videla era presidente -en referencia al sistema vigente- de facto. Acá no se ha discutido no en esta sesión, sino en los últimos 30 años”.