Reforma Penal Juvenil: el Gobierno retiró el proyecto que mandó al Congreso ayer y continúa con otro documento pactado con la oposición

A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió retirar el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras. En el oficialismo marcaron que se trató de un error y que ya había una iniciativa que contemplaba otras sugerencias de parte de la oposición.

El oficialismo en la cámara baja terminaba de redactar un proyecto ligeramente diferente al que había enviado este lunes desde el Poder Ejecutivo, que marcaba la edad mínima en 13 años.

El proyecto que sigue en pie contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

“Se retiró el proyecto y se va a seguir con el que ya tenía la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia, que quedaría en manos del mendocino Álvaro Martínez (LLA).

La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11 horas.

Además de la modificación de la edad clave, el proyecto incorpora un cambio pedido por la oposición: que se detallen el origen de los fondos para cumplir con las medidas para implementar la nueva normativa, que se estima en $23.739.155.303,08. Estas partidas se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación.

El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años.

Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.

El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.

El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.

Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.

El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.