
Luego de años de disputas judiciales y extensas negociaciones, el Gobierno acordó este martes incluir en el proyecto de Presupuesto el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que las autoridades porteñas vienen reclamando tras el recorte que sufrieron durante la administración de Alberto Fernández.
La medida, que en un principio no se incorporó en el dictamen de mayoría que el oficialismo y sus aliados firmaron más temprano, finalmente se sumará al texto mañana durante la votación en la Cámara de Diputados.
Así lo aceptó el presidente del recinto, Martín Menem, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, tras extensas conversaciones con el bloque del PRO, al que este último pertenecía hace tan solo unos meses.
Justamente, los representantes del partido fundado por Mauricio Macri que forman parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando De Andreis y Diana Fernández Molero, había apoyado en disidencia la denominada “ley de leyes”, por la negativa de las autoridades nacionales de agregar este punto.
El jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, consiguió que durante la sesión de este miércoles se incorpore un artículo para hacer efectivo el pago de la deuda y así solucionar el conflicto que se encuentra vigente desde el 2020.

Puntualmente, el párrafo que propone el diputado de la oposición dialoguista faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos’“.
En aquella resolución, de diciembre del 2022, el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con la entonces gestión kirchnerista.
De esta manera, ordenó que se le entregue al territorio porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (aunque CABA pedía el 3,50%) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Con las firmas de sus entonces cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda -que no se había retirado aún-, se dispuso además que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la Nación “se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que establecía los cambios en el reparto de los montos entres las dos jurisdicciones.
Sin embargo, todavía con Alberto Fernández en el poder, esa medida nunca se cumplió y con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el jefe de Gobierno de la capital federal, Jorge Macri, comenzó con las negociaciones para obtener el dinero en disputa.
El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado a mediados de 2020 por el mandatario peronista para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos de esa fuerza que afectaba la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

En septiembre del 2024, luego de la sentencia de la Corte Suprema, representantes judiciales, de la Nación y de la Ciudad se reunieron para llegar a un principio de acuerdo para el cumplimiento de la medida cautelar.
De todas formas, la deuda siguió existiendo hasta la actualidad y la discusión se retomó a partir de la presentación del Presupuesto 2026, que la administración libertaria necesita aprobar en el Congreso.
Ante la urgencia de que el proyecto sea sancionado, preferentemente durante este primer periodo de sesiones extraordinarias, Santilli decidió destinar esta semana completamente a las negociaciones legislativas.
El ministro del Interior acompañó a Martín Menem en el diálogo con el resto de los bloques para reunir el apoyo hacia la iniciativa que será votada este miércoles por el pleno del cuerpo, para que pueda ser luego enviada al Senado.
Durante el debate también se va a tratar la ley de Inocencia Fiscal, que plantea la simplificación de procedimientos y la reducción de la carga administrativa para los contribuyentes, por lo que se espera que la discusión se extienda hasta la noche.
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