Los gobernadores lograron un acuerdo poco usual. Veintitrés gobernadores, junto con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se unieron para impulsar una iniciativa legislativa que apunta a lo que entienden que es una restitución de recursos.
En la Casa Rosada entienden que lo que firmaron los jefes de los estados subnacionales es más un papel para presionar que una intención real de avanzar en esa línea. Sin embargo, mientras los representantes de los gobernadores se encontraban en Balcarce 50, en los despachos del Senado de la Nación comenzaron a trabajar en esa línea.
“Lo que firmaron los gobernadores lo tiene que levantar alguien para poder presentarlo. Esto va por el Senado y ya lo están trabajando”, adelantó una fuente parlamentaria. “El bloque de Unión por la Patria ya lo empezó a trabajar”, agregó la misma fuente.
El proyecto en el que se está trabajando es una suerte de espejo del que firmaron los gobernadores -tanto del peronismo como de aquellos que son más cercanos al oficialismo-. Apunta a hacerse de los fondos del impuesto a los combustibles y a un manejo más equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Puntualmente, propusieron modificar el artículo 19 de la ley 23.966, que fijó la forma en la que se distribuyen los ingresos que la Nación recibe por el impuesto a los combustibles líquidos.
Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.
Los mandatarios buscan con este proyecto que el monto pase a distribuirse únicamente entre las provincias, que se quedarían con el 58,36%, y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público, que mantendrían sus porcentajes actuales.
Para esto, el segundo artículo de la normativa establece disolver todos los fondos fiduciarios antes mencionados, para que el monto remanente pase directamente a las 24 jurisdicciones del país.
Además, la iniciativa también busca cambiar la forma en la que se reparten los ATN conocidos informalmente como transferencias discrecionales, ya que la Casa Rosada los reparte según considere.
La actual ley indica que ese dinero “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales” y que es el Ministerio del Interior (actual vicejefatura de Gabinete) la que define cómo y cuánto reciben los distritos.
Los gobernadores optaron por mantener los porcentajes que se fijaron en su momento para cada uno de sus territorios, pero agregaron un párrafo “con la incorporación del prorrateo que corresponda por aplicación” de una compensación que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
“El gobierno no tiene salida si esto avanza porque, salvo los legisladores libertarios o los del PRO más violeta, no hay sector que puede acompañarlo. El que no responde a los gobernadores que firmaron el pedido tiene un jefe político en la provincia o quiere ser gobernador, y no va a desfinanciar a su territorio. Si avanza, se aprueba en ambas cámaras”, explicaron desde una provincia.
“Lo que comenzó como un reclamo aislado por partidas incumplidas hoy se consolida como un frente común que busca, mediante mecanismos institucionales, reequilibrar las reglas del juego en un país donde la concentración de poder en el Ejecutivo nacional ha sido históricamente una constante”, explicó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
El gobierno busca frenar el impulso en las reuniones del Pacto de Mayo. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, hizo referencia a las provincias que no hicieron el ajuste necesario y por eso tiene escasez de fondos. Esto generó mayor malestar en el grupo de los jefes de estados provinciales que arrancaron pidiendo que el Ejecutivo termine las obras y hoy le discuten los ingresos. “No hay veto que pueda ir contra todos los gobernadores, la única salida es la Corte Suprema, eso complicaría muchísimo todo”.
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