En el marco de la discusión sobre el traspaso de competencias del Poder Judicial de la Nación a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia nacional determinó la creación de una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia. La iniciativa había sido rechazada por la Justicia nacional, aunque fue avalada por el máximo tribunal en varios fallos.
La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 179/2025, en el Boletín Oficial, con el objetivo de avanzar hacia el traspaso de las competencias.
Esta decisión responde a la necesidad de cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política y jurisdiccional de la Ciudad desde su reforma en 1994. La reforma de ese entonces incorporó al territorio porteño como un nuevo integrante pleno del sistema federal. Más allá de esto, el Tribunal Superior de Justicia local se encontraba impedido de revisar las sentencias dictadas por los jueces que aplican el derecho común en el ámbito porteño, y de declarar la admisibilidad o no de los recursos extraordinarios que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresó en enero de este año “su total y absoluto rechazo” al proyecto del gobierno nacional. Había sido la Corte Suprema de Justicia quien, ante este planteo, manifestó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad debía ser el órgano revisor de las sentencias de las cámaras nacionales con competencia en territorio porteño.
Sin embargo, 24 integrantes de la Cámara Nacional, junto a la Cámara del Trabajo y el pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), firmaron en ese entonces una resolución en contra de las aspiraciones del Gobierno que buscaba impulsar “todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”.
En cuanto a los objetivos específicos de la Comisión, busca considerar todos los aspectos necesarios para asegurar una transición eficiente y sin interrupciones en el funcionamiento de la Justicia. Entre las tareas que se le encomiendan está la evaluación de las implicancias normativas y presupuestarias, así como la continuidad del servicio judicial, tanto en el ámbito nacional como en el de CABA.
Además, trabajarán en la identificación de posibles recursos y mecanismos que faciliten la transferencia efectiva de competencias, incluyendo la integración de funcionarios, bienes materiales y el personal involucrado.
A pesar de este estancamiento que lleva ya algunos meses de enfrentamientos entre los gobiernos, nacional y porteño, y la Magistratura, la resolución del Ministerio de Justicia subraya la necesidad urgente de abordar el tema y avanzar hacia la plena autonomía judicial conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
En la práctica, la Justicia nacional ordinaria seguirá siendo la encargada de resolver ciertos casos en la Ciudad hasta que se concrete la transferencia. Sin embargo, la creación de esta nueva comisión representa un paso clave en la reconfiguración del sistema judicial porteño, que se enfrenta a retos tanto logísticos como políticos.
“El pretendido ´traspaso´ colisiona con elementales principios constitucionales, lesiona el principio de inamovilidad de los magistrados, y desconoce que la Ciudad de Buenos Aires —más allá de su carácter autónomo es también la capital de la República, y que por ese hecho, la subsistencia de la Justicia Nacional hace a la garantía de los intereses del Estado Nacional - y de las provincias que componen la Nación—, salvaguardada expresamente por el art. 129 de la Constitución Nacional”, argumentaba la Cámara Civil en la resolución a la que accedió Infobae.
El avance de la iniciativa dependerá de la capacidad de las autoridades para alcanzar un acuerdo sólido y garantizar que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sea efectiva, no solo en lo judicial, sino en todas las áreas que le competen. Aunque, una de las decisiones más recientes tomadas en torno a este tema fue tomada por un juez federal de suspender la ley que creó el fuero laboral en la ciudad de Buenos Aires a fines del 28 de enero, que implicaba quitarle competencias a la Justicia nacional del trabajo.