Establecieron las bases para ampliar la capacidad de transporte del gasoducto Perito Francisco Moreno

Tras la formalización de la Iniciativa Privada impulsada por la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) con el objetivo de ampliar la capacidad del traslado de gas natural a través del gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (ex “Néstor Kirchner”), emitieron una resolución que estableció una serie de medidas y lineamientos para avanzar en este punto.

La medida autorizó la ampliación del gasoducto, con el fin de incrementar la capacidad del sistema de transporte de gas natural, en un contexto en donde el Gobierno, a través de la cartera de Economía, busca mejorar el sistema de abastecimiento. El puntapié de la decisión actual, tuvo lugar en noviembre del 2024 con la presentación que hizo la empresa privada en la búsqueda por incrementar el espacio de transporte.

“Apruébanse los Lineamientos para la Asignación de Capacidad Incremental en el GASODUCTO PERITO FRANCISCO PASCASIO MORENO (GPM) y en Tramos Finales del sistema operado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS S.A.)”, estableció el documento en su Artículo 1°.

En este sentido, argumentaron la necesidad de que la empresa licenciataria se acople a la ejecución de la obra de ampliación. “Resulta menester que TGS S.A., en su rol de empresa licenciataria del sistema de transporte regulado, lleve a cabo una ampliación complementaria en los Tramos Finales de su sistema de forma tal que los volúmenes de gas natural que circulen a través de la obra de ampliación señalada puedan alcanzar los mercados de consumo”, sostuvo el documento.

De esta manera, la reciente Resolución 136/2025 aprobó los Lineamientos para la Asignación de Capacidad de transporte resultante de la obra de ampliación. Este procedimiento estará basado en el sistema de “Acceso Abierto” (Open Season), a fin de coordinar tanto al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) como a la Secretaría de Energía, “en pos de optimizar el uso de las capacidades de transporte”.

Este paso será fundamental para asegurar el abastecimiento adecuado a la demanda ininterrumpible. Asimismo, el documento señaló que ambos organismos tendrán la responsabilidad de coordinar y supervisar las asignaciones de capacidad en el sistema regulado de TGS S.A., dada su competencia “para entender en materia de asignaciones de capacidad de transporte en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 24.076, y sus modificatorias, y el Decreto N° 729 del 22 de mayo de 1995”.

La resolución también instruye al Ente Nacional y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) a modificar el contrato existente para adecuarlo a las nuevas políticas y garantizar la mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado Nacional.

El Pliego de Cláusulas Generales y Especiales, que forma parte de la medida actual aprobada como parte de la resolución, será utilizado por ENARSA para llevar adelante el proceso de licitación pública. Este pliego busca promover la participación de un amplio espectro de empresas nacionales e internacionales, con el fin de obtener ofertas más competitivas y optimizar los costos finales.

En este sentido, detalla el procedimiento, el cual constará de “seleccionar a un oferente y contratar a un adjudicatario que se encargará de diseñar, financiar, ejecutar y luego operar la ampliación del gasoducto (bajo el sistema “llave en mano”), incrementando así la capacidad de transporte de gas natural para satisfacer la demanda proyectada para el invierno del año 2026”.

Una de las disposiciones clave es la renuncia de CAMMESA al derecho de prioridad en relación con la capacidad de transporte resultante de la ampliación del GPM. Este cambio en los términos del contrato busca asegurar que todas las partes involucradas sean tratadas de manera equitativa y se optimice la asignación de los recursos disponibles. Además, la resolución establece que las modificaciones contractuales entre ENARSA y CAMMESA deberán ser sometidas a autorización por parte de la Secretaría de Energía dentro de un plazo de diez días hábiles desde la entrada en vigor de la medida.

La empresa con participación estatal, que administra el mercado eléctrico, ya había sido corrida del medio cuando el Gobierno decidió darle lugar a las empresas privadas para que puedan celebrar libremente contratos de compra y venta de energía. Así lo determinó en la Resolución 21/2025.

“El proceso de transición será gradual, permitiendo una adaptación armoniosa a un entorno de mayor libertad y competitividad, sin poner en riesgo el abastecimiento de energía ni aumentar los costos para los consumidores”, señalaba en un comunicado a fines de enero de este año, la secretaria de Energía, María Tettamanti.