El Congreso exige la designación de auditores en la AGN y pide frenar auditorías privadas en empresas públicas

El debate sobre la supervisión de las empresas públicas escala en el Congreso, donde la comisión bicameral permanente Revisora de Cuentas ha decidido tomar medidas para exigir al Gobierno un cambio en su enfoque hacia las auditorías.

Si se aprueba un proyecto de resolución que se presentó hoy, se le enviará una nota al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando que se detenga la contratación de consultoras privadas para realizar auditorías en empresas donde el Estado nacional es el accionista mayoritario. La comisión advirtió que, de persistir este modelo, los informes resultantes no serán validados.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente de la comisión bicameral, explicó que la decisión surge de la necesidad de reforzar el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo encargado de supervisar la gestión de los recursos públicos. Pichetto señaló que las auditorías privadas no pueden reemplazar las realizadas por la AGN y que los informes de esta última son indispensables para la aprobación de los resultados. “El Jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas y garantizar que, independientemente de las auditorías privadas, se realicen las de la AGN”, afirmó el legislador.

En el marco de esta discusión, Pichetto también destacó un problema adicional: la falta de designación de representantes en la AGN por parte de las cámaras legislativas. Según detalló, el mandato de los actuales auditores vence el 31 de marzo, lo que podría generar una situación de acefalía en el organismo. “Le estamos informando a los presidentes del Senado y Diputados sobre la caducidad de los mandatos y la necesidad de que convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”, explicó el diputado.

El problema es especialmente grave en la Cámara de Diputados, donde, según Pichetto, existe una “anomalía” debido a que no se han nombrado representantes. Esta situación, advirtió, podría afectar la capacidad de la AGN para cumplir con su función de control en un momento crítico.

En la misma línea, la Coalición Cívica le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde lo instan “de forma inmediata” para que ponga en marcha los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de la Nación en representación de la Cámara baja. “Estamos ante una situación de extrema gravedad institucional que impide al Poder Legislativo cumplir con la función de control que le asigna la Constitución Nacional, ya que, sin esta designación, no podrá contar con los dictámenes de este organismo de asistencia técnica”.

El senador salteño Juan Carlos Romero, secretario de la comisión bicameral, fue el encargado de redactar la carta dirigida al Jefe de Gabinete y también planteó posibles acciones en caso de que no se obtenga una respuesta satisfactoria. “Si no hay una forma de castigar los incumplimientos, se diluye no solo la capacidad de control de la AGN, sino también la función de la comisión y del Congreso de la Nación”, afirmó.

Romero subrayó la importancia de garantizar que las auditorías de la AGN no sean reemplazadas por estudios privados, ya que estas últimas no ofrecen el mismo nivel de transparencia y control sobre los bienes y recursos del Estado. “Se trata de afianzar la autoridad de la auditoría que no puede ser suplida por un estudio privado”, agregó.

Aunque la intención inicial de Pichetto y Romero era aprobar la carta durante la reunión de la comisión, las dudas expresadas por algunos de sus miembros llevaron a posponer la votación. Cada integrante analizará el contenido del documento antes de tomar una decisión definitiva en la próxima reunión, programada para la semana siguiente.

Este debate pone de manifiesto las tensiones en torno al control de las empresas públicas en Argentina y la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría y supervisión. La comisión bicameral ha dejado claro que no permitirá que las auditorías privadas reemplacen el trabajo de la AGN, y ha advertido que tomará medidas legales si el Gobierno no cumple con sus obligaciones en este ámbito.