La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió reemplazar a Ricardo Ferrer Picado de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y nombrará en su lugar a Ramiro Anzit Guerrero, que había sido nombrado el año pasado como representante argentino en Interpol.
Fuentes oficiales explicaron que el funcionario removido continuará trabajando en el Ministerio y explicaron que el motivo del cambio es para poner en marcha la “Ley Antimafia”, que sancionó el Congreso en extraordinarias.
La aclaración tiene que ver con que la primera versión indicaba que el cambio se ejecutó por los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso hace dos miércoles en la marcha de los jubilados y barras. “El operativo fue correcto, las fuerzas federales enfrentaron una violencia desproporcionada y respondieron de modo correcto”, explicaron en el Ministerio.
“Ahora que arranca la Ley Antimafias se requiere de un funcionario con un perfil más especializado en el tema. Ferrer Picado no se va, sino que pasa a cumplir tareas en la Secretaría de Seguridad”, consignó una alta fuente oficial.
Patricia Bullrich decidió nombrar en ese cargo a Anzit Guerrero, que viene trabajando en el equipo de la ministra desde antes del gobierno de Javier Milei. El nuevo Director Nacional de Inteligencia Criminal es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, con un magíster en Estudios Estratégicos del Instituto Universitario Naval.
En la Universidad Tecnológica Nacional obtuvo el título de experto en Seguridad Internacional y Servicios de Inteligencia y realizó otros estudios en España, Estados Unidos, Taiwan e Israel.
Hasta ahora ejercía como oficial de Inteligencia Criminal (CIO) de la Secretaria General de INTERPOL, en Lyon, Francia, y tenía a su cargo las actividades de la agencia multilateral en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Además, integra la British Society of Criminology (BSC); la Australian and New Zealand Society of Criminology (ANZSOC); la South Asian Society of Criminology and Victimology, de India; de Pakistan Society of Criminology; y del Instituto de Ciências Penais (Minas Gerais – Brasil).
Marcha y polémica
La salida del funcionario de la Dirección de Inteligencia Criminal ocurrió después de las protestas en el centro porteño que estuvieron protagonizadas por barrabravas, organizaciones sociales y políticas de izquierda y del peronismo. La primera manifestación, el 12 de marzo, terminó con graves episodios de violencia, que dejaron como saldo decenas de heridos, detenidos y daños en los alrededores del Congreso.
La manifestación, debido a la participación de grupos que operan en la frontera de la legalidad en el conurbano bonaerense, sobrepasó el operativo de seguridad que se había desplegado y terminó en una refriega que se prolongó durante varias horas.
Después de esos episodios, hubo cuestionamientos al diseño del operativo y, a la semana siguiente, el miércoles último, se aplicó un dispositivo más numeroso, que estuvo coordinado desde la Casa Rosada con todas las agencias de seguridad e inteligencia del Ejecutivo. Salvo algunos incidentes menores, no hubo incidentes graves, ni tampoco una cifra relevante de detenidos ni heridos.
Si bien las primeras interpretaciones de la salida de Ferrer Picado estuvieron vinculadas a las consecuencias del primer operativo, en el Ministerio de Seguridad descartaron cualquier relación y reiteraron que tuvo que ver con la puesta en marcha de la “Ley Antimafia”, que persigue la criminalidad compleja.
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