La familia del capitán Humberto Viola, asesinado el 1° de diciembre de 1974 por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Acuerdo de Solución Amistosa al que llegó con el gobierno que encabeza Javier Milei. Allí se reconoce la responsabilidad internacional del Estado Nacional por “no haber garantizado una investigación penal plena” de aquel hecho y que se debe declararlo como un delito “de lesa humanidad”.
El abogado Javier Vigo Leguizamón, apoderado de la familia Viola, le explicó a Infobae que este Acuerdo deberá ser homologado por la CIDH y que es importante por tres razones. “La primera es que se reconoce que hubo una guerra revolucionaria en la Argentina, algo que en el Juicio a las Juntas fue negado por alguno de los camaristas como Ricardo Gil Laavedra, quien sostuvo que eso era cosa juzgada. La segunda que se lo admite como hecho de lesa humanidad. Y la tercera es que deja en claro que la doctrina que la Comisión aplicó en su informe 55/97, que emitió cuando se produjo el ataque del Movimiento Todos por la Patria al Regimiento de La Tablada, debería aplicarse a esta causa también”.
Vigo Leguizamón fue el patrocinador de la viuda de Viola, María Cristina Picón, y ahora representa a la hija de Viola, María Fernanda, quien en el ataque, cuando solamente tenía 5 años, fuera herida gravemente de un disparo en la cabeza.
Si bien por este hecho hubo cinco integrantes del ERP condenados a reclusión perpetua -José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco en 1976 y Francisco Antonio Carrizo en 1982-, según Vigo Leguizamón, “la liberación de los cinco se hizo mal porque fue a través del Poder Legislativo y con la ley 23.070, cuando esa conmutación de penas debió ser una atribución del Poder Ejecutivo”.
Además, sostiene que a esos condenados “se les computaron tres días por cada uno que pasaron en la cárcel y fueron indemnizados como víctimas del terrorismo de Estado”.
Vigo Leguizamón espera que se pueda “juzgar y condenar a otros autores del hecho como algunos integrantes del ERP” y cree que “influirá en otras causas como el caso Larrabure, en el cual también soy patrocinante”. Hace alusión al secuestro y luego asesinato del mayor del Ejército, Argentino del Valle Larrabure, en 1975, también a manos de guerrilleros del ERP.
En el Acuerdo que se le enviará a la CIDH también se consigna que en el informe sobre el ataque al Regimiento de La Tablada “el organismo internacional concluyó que ese ataque, que duró sólo 36 horas, configuró un conflicto armado interno que tornó aplicable, tanto para los guerrilleros como para los militares, el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra que impide torturar y asesinar a civiles inocentes y/oa prisioneros de guerra, en caso de cualquier conflicto armado, nacional o internacional” y que ese mismo criterio debería ser aplicado si el atentado contra Viola se considera “de lesa humanidad”.
La Corte Suprema Nacional aplicó, en la causa “Arrillaga”, la doctrina fijada en ese Informe.
En esta oportunidad, desde la familia Viola, la pretensión no es cobrar una indemnización de parte del Estado sino “una reparación moral”.
María Fernanda Viola había difundido este martes una carta que tituló como “Cincuenta años de impunidad” en la que celebró que el Gobierno Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, el capitán Humberto Antonio Viola y su hermana, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad.
El Gobierno de Milei decidió cambiar la posición que el Estado argentino había mantenido hasta aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al pedido de la familia Viola. Este cambio modifica la postura que había adoptado el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, que no reconocía aquel hecho en esa categoría. Milei adoptó la visión contraria.
“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, escribió.
Más adelante, cuestionó la actuación del gobierno del Frente de Todos. “Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado (el gobierno actual) que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”.
“Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, añadió.
También destacó que “homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.