Banco Nación: el Gobierno cuestionó la precautelar de la Justicia e insistirá con la Sociedad Anónima

Tras la suspensión del decreto de Milei, Santiago Caputo convocó en la Casa Rosada al encargado de las privatizaciones, Chaher, para delinear la estrategia. Tienen un plazo de cinco días para presentar un informe. Creen que el juez Ramos Padilla tiene “intereses políticos”

Milei junto a Sturzenegger

El Gobierno recibió con fuerte malestar la medida precautelar del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, contra la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima que decretó Javier Milei la semana pasada. Creen que se trata de una “operación política” de parte del magistrado, a quien asociaron con el kirchnerismo; y adelantaron que defenderán ante la Justicia la medida que tomó el Presidente con vistas a la privatización de la entidad financiera pública.

La medida del magistrado, conocida esta mañana, fue un revés fuerte para los libertarios, que abrazan el proceso de privatizaciones y lo consideran una de sus principales banderas. Pero seguramente la respuesta saldrá de la Procuración del Tesoro, adelantaron desde el Gobierno.

Esta tarde estuvo en la Casa Rosada el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que estuvo encargado de desarrollar del andamiaje legal del decreto que intenta cambiar de figura jurídica del banco público -y del resto de las sociedades del Estado-. El funcionario y abogado tiene oficina en Balcarce 50, junto a la de la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, y de Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, pero en general trabaja en las oficinas del edificio de la ex Shell, en Diagonal Norte.

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“La precautelar está mal hecha, mal planteada. No hay agravio, y esto ni siquiera es la privatización propiamente dicha, no va a ser público ahora”, dijo un alto funcionario al tanto de los avatares del decreto de Milei. Antes de ir de manera excepcional a la Casa Rosada, Chaher se había comunicado con Daniel Taillard, que permanecerá al frente del Banco Nación y contribuirá a la defensa de la postura del Gobierno. “Les vamos a discutir con tranquilidad lo que sea que nos pregunte el juez. No hay argumentos posibles en contra”, dijeron fuentes oficiales.

Por ahora, en la Procuración del Tesoro que lidera el recién arribado Santiago Castro Videla, se mostraron muy cautos y dijeron que no harán comentarios. Pero en Balcarce 50 están decididos responder desde allí la cautelar de Ramos Padilla, a quien consideraron, sin dudarlo, un juez afín al kirchnerismo. Por ahora no dijeron si el Poder Ejecutivo apelará el fallo, para que sea revisado por la Cámara Federal.

El Banco Nación (EFE)

“Bienvenido que se discuta en todos los ámbitos”, dijeron altas fuentes nacionales, mordiéndose la lengua. Pero luego adelantaron que "darán pelea" ante la Justicia para avanzar “lo antes posible” con el saneamiento” del Banco Nación, que implicará la presentación de balances ante la Inspección de Justicia y posiblemente incluya despidos y cierres de sucursales.

“Está bueno que se adelante esta pelea en esta instancia para allanar el camino para más adelante”, agregaron. El Gobierno tiene cinco días para presentar un informe con los motivos por los que impulsa el cambio en la entidad financiera, y adelantaron a este medio que así lo harán. Para Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es importante que prospere el viraje a S.A. como primer paso hacia la privatización que tienen planeado concretar más adelante.

El documento judicial de 15 páginas firmado por Ramos Padilla, al que accedió Infobae resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. El juez aclaró que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar".

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