Caso $LIBRA: el Gobierno logró blindar a Milei en el Senado, pero ahora el foco vuelve a Diputados

El Senado de la Nación rechazó en la sesión del último jueves la conformación de una comisión para investigar el caso $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei difundió a través de las redes sociales y cuyo precio escaló vertiginosamente para luego desplomarse. En la misma sesión también salieron rechazados los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Frantos, y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Por lo tanto, ahora la atención volverá a la Cámara de Diputados, donde todavía pueden avanzar diferentes proyectos de la oposición para investigar la posible estafa, citar a funcionarios de Casa Rosada y hasta iniciar un juicio político contra el propio Presidente.

El juicio político es un mecanismo institucional previsto en la Constitución Argentina (artículos 53, 59 y 60) para remover a funcionarios del Ejecutivo o a jueces de la Corte Suprema. Hasta el momento se presentaron dos proyectos para enjuiciar a Javier Milei por su posible participación en una estafa con criptoactivos: uno de Unión por la Patria y otro de tres diputados (Esteban Paulon, Mónica Fein y Natalia de la Sota) de Encuentro Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.

El primer paso para avanzar con este proceso es convocar a la comisión de Juicio Político y allí aprobar por mayoría simple (16 firmas sobre 31 integrantes) la admisibilidad de la investigación. En ese caso, los diputados quedarían habilitados para reunir pruebas y citar testigos antes de emitir un dictamen de acusación, para el que también se necesita una mayoría simple. En caso de aprobarse el dictamen, el pleno del recinto deberá ratificar con dos tercios de los presentes la acusación, que luego pasará al Senado. En esa instancia, la Cámara alta definirá si el acusado -en este caso Javier Milei- es destituido, para lo cual se deberá alcanzar nuevamente una mayoría agravada de dos tercios de los presentes.

La iniciativa que impulsa el peronismo enfrenta varios desafíos. En primer lugar, la titular de la comisión de Juicio Político es la libertaria Marcela Pagano. La ex periodista fue designada en abril en una reunión marcada por la polémica que luego fue desconocida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero más allá del cortocircuito interno de los libertarios, la presidencia de esa comisión clave siempre queda en manos del oficialismo, por lo que se descarta que se produzca una convocatoria, ya que LLA no tiene ningún interés en que el tema siga escalando.

Para saltar este obstáculo, el peronismo tendría que convocar a una sesión especial -algo que recién podrá hacer a partir del 1 de marzo en el período de sesiones ordinarias- y allí deberá juntar una mayoría para emplazar a la comisión. Es decir, para imponerle un plazo para que se firme un dictamen.

Ante la consulta de Infobae, desde la bancada peronista reconocieron que llegar a una acusación formal contra Milei es virtualmente imposible debido a que tanto el bloque LLA, como el PRO y la UCR adelantaron que el episodio no reviste la gravedad suficiente para intentar removerlo por medio de un juicio político. De hecho, en el Senado casi todos los representantes del PRO (menos Guadalupe Tagliaferri) y seis radicales (influidos por los gobernadores Valdés, Zdero, Cornejo y Pullaro) votaron en contra de constituir una simple comisión investigadora, una instancia mucho menos grave que un juicio político. Hasta el momento solo los cinco diputados del Frente de Izquierda y los tres de Encuentro Federal que presentaron un proyecto propio levantarían la mano para iniciar el proceso de juicio político. Unos 106 votos, muy lejos del quórum (129).

Ante esta situación, en el bloque peronista barajan la opción de negociar con otros sectores de la oposición que también presentaron iniciativas que están bloquedas por el oficialismo. Son los radicales disidentes de Democracia para Siempre, Encuentro Federal (el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto) y la Coalición Cívica.

Los diputados de Democracia para Siempre impulsan dos proyectos: uno para interpelar al jefe de Gabinete y otro para crear una comisión investigadora especial. Por su parte, desde Encuentro Federal hicieron lo propio para citar a Guillermo Francos; al Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y al Portavoz Presidencial, Manuel Adorni, para ser interpelados en el Congreso. La Coalición Cívica, en tanto, también reclamó la presencia del jefe de Gabinete “como responsable político ante el Congreso de la Nación y de la administración general del país, a fin de que informe por escrito y responda de manera verbal y pública las consultas de los diputados”. Además, presentó una denuncia penal en la Justicia Federal.

Pero todos estos proyectos deben pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que controla el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato, aliada del PRO. Por lo tanto, no podrán avanzar si el oficialismo y sus aliados deciden no convocar a las comisiones.

Según los peronistas, una salida posible sería convocar a una sesión especial en la que todos se unan para aprobar emplazamientos para todos los proyectos. Es decir, obligar a todas las comisiones a funcionar. Pero ante la consulta de Infobae, algunos referentes dialoguistas descartaron la posibilidad de ayudar al kirchnerismo a avanzar con el juicio político. “Es totalmente funcional a la LLA y a la retroalimentación con los K”, sintetizaron. Creen que solo se puede alcanzar un mínimo consenso para una sesión que incluya emplazamientos para conformar la comisión investigadora y para citar a Karina Milei y Guillermo Francos. Sin ningún juicio político.

Desde Unión por la Patria argumentan que los pedidos de informe, las comisiones investigadores y las interpelaciones siempre “terminan en la nada”. No obstante, ante el riesgo de que se repita el escenario del Senado, donde sólo se aprobó un inocuo pedido de informes, el peronismo deberá evaluar si no es mejor apoyar alguna de las otras iniciativas de la oposición. Sus 98 votos siempre son determinantes.

Mientras tanto, el peronista Pablo Carro convocó para el martes que viene a la comisión de Comunicaciones e Informática para escuchar especialistas en criptomonedas y en “prevención de estafas” en un intento de mantener el tema vigente.

Con cierta resignación, un referente del “centro” consideró que los gobernadores, el PRO y la UCR seguirán “blindando” al Gobierno. “Pero cualquier avance en la investigación en Estados Unidos podría ayudar a sumar presión en el plano local”, explicó. Mientras tanto, el oficialismo enfría el partido mientras espera que otro tema ocupe el centro de la escena pública.