En medio de los pedidos de juicio político a Milei, el kirchnerismo también quiere iniciar uno contra Montenegro

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por Adolfo Pérez Esquivel, solicitó al Concejo Deliberante de General Pueyrredón que inicie un juicio político contra el intendente Guillermo Montenegro por sus medidas de seguridad en Mar del Plata. La petición se basa en operativos policiales dirigidos contra “trapitos” y personas en situación de calle, acciones que fueron respaldadas por Montenegro a través de sus redes sociales.

En ese sentido, Guillermo Montenegro respondió públicamente al pedido, acusando a la CPM de criminalizar su gestión y de proteger a los delincuentes. “Creen que la clase media es la culpable de todos los males de las verdaderas víctimas, a quienes tratan de ‘vulnerables’ (los delincuentes). Por ello, el castigo es que nadie cuide ni defienda ante la ley a quienes se portan bien, pagan sus impuestos, trabajan, llevan a sus chicos a la escuela, preparan la comida todos los días”, expresó en un comunicado difundido en X.

“Señores: La Patrulla Municipal agarró prófugos de la Justicia y eso les molesta. Yo lo celebro, y eso les molesta el doble.Esto no es casualidad, es un modus operandi que intentan replicar en todos lados”, agregó Montenegro en sus redes sociales.

El intendente también vinculó este pedido con el intento de juicio político que el kirchnerismo impulsa contra el presidente Javier Milei, por el caso de la criptomoneda $LIBRA. “Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados. Saben que su extinción está cerca”, afirmó.

“Hemos visto imágenes en los medios de comunicación e incluso material audiovisual difundido por el propio intendente en su cuenta de X, que ponen en evidencia la violencia física y psíquica, las amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad, ejercidas por agentes de la Patrulla Municipal contra personas vulnerables”, expresaron desde la CPM en la presentación.

Además, detallaron que esas acciones constituyen “delitos penados por nuestro Código Penal”. El documento también destaca el impacto de la violencia institucional en los barrios más postergados. “Las fuerzas de seguridad tienen que proteger a la ciudadanía, no ejercer violencia contra ella”, sostuvo un abogado que colaboró en la elaboración del informe. La Comisión registró múltiples denuncias de abuso policial, represión en protestas sociales y detenciones arbitrarias.

En relación con el tratamiento a los jóvenes en conflicto con la ley, el informe advierte sobre el uso de medidas punitivas en lugar de estrategias de inclusión. “No se trata solo de castigar, sino de ofrecer alternativas que permitan una verdadera reinserción social”, afirmó una especialista en derechos de la infancia.

Por otro lado, consideraron que debe “indagarse” sobre “los procedimientos administrativos para la compra de armamento” que es utilizado en los operativos. “Además de los hechos ilícitos cometidos por los funcionarios municipales, deben ser investigados, por un lado, la utilización de armas menos letales y la aprehensión de personas por parte de la Patrulla Municipal sin las debidas facultades ni respaldo normativo para tales acciones; y por otro lado, la repercusión por las expresiones del intendente en función de la apología del delito”.

“No es la primera oportunidad en que debemos intervenir por hechos de gravedad institucional ocurridos en el Municipio. Nuestro objetivo es instar al compromiso institucional del mismo con el fin de evitar la vulneración de derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad”, agregaron.

Desde la Comisión por la Memoria exigieron, además, respuestas concretas por parte del Estado. “El silencio y la inacción también son una forma de violencia”, remarcaron desde la organización. Además, hicieron un llamado a organismos internacionales para visibilizar la problemática y exigir reformas estructurales.