Fuerte malestar con el procurador Rodolfo Barra por un dictamen en contra del Gobierno

El Ministerio de Justicia comenzó el 2025 de manera convulsionada. A la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) por una criticada gestión y gastos personales que no iban en línea con la política oficial, ahora se abrió otro frente con la Procuración del Tesoro, a cargo del jurista de larga trayectoria Rodolfo Barra.

En parte similar a lo que ocurrió con Yacobucci en la UIF, en el Gobierno detectaron que el ex juez de la Corte Suprema durante el menemismo emitió un dictamen que no defendió los intereses del Estado en algo que es fundamental para la línea libertaria: el ajuste de la administración pública.

Para entender el caso hay que remontarse a una obsesión que la Casa Rosada tuvo durante todo el 2024: los Registros del Automotor. Bajo la premisa de que eran cajas de la política y que, además, complicaban y encarecían los trámites, Milei ordenó el cierre de más de 136 agencias y su eliminación fue parte de la Ley Bases. Sin embargo, si bien se redujeron costos y hubo simplificaciones, aún no se pudo crear el Registro único, digital y remoto.

Los Registros del Automotor, desde hace décadas, trabajan asociados a un privado: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta entidad tenía contratados 2.500 empleados que brindaban servicios al Ministerio de Justicia y se encargaban de pagar los incentivos, un beneficio que se sumaba al sueldo de base. Gracias a estos extras, por ejemplo, un director de la cartera a cargo de Cúneo Libarona podía cobrar hasta el doble que un director de cualquier otro Ministerio.

El 31 de diciembre, el Ejecutivo dio de baja el convenio con ACARA y la mayor parte de los trabajadores fueron despedidos, mientras que algunos fueron contratados en la administración pública, no como planta permanente sino a través de un contrato, según dispone la Ley de Contrato de trabajo (LCT). El acuerdo fue respetarles el sueldo y dar de baja el incentivo, pero el salario cubriría entre el 80 y el 90% de lo que cada uno percibía cuando eran contratados por ACARA. Esto fue firmado por cada trabajador y convalidado ante el fuero laboral con un artículo que especificaba que, al aceptar las condiciones, no harían reclamos en el futuro.

Sin embargo, una agente, cuyas iniciales son A.T., hizo una presentación para pedir la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle el incentivo. Al ser un juicio contra la administración pública, al iniciarse el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro -cuyo trabajo es ser el abogado del Estado- que se expida respecto de este caso que eventualmente llegará a la justicia laboral. Y aquí es donde, entiende el Gobierno, comienza la acumulación de fallas imperdonables de Rodolfo Barra.

El ex ministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y va en contra de los intereses del Gobierno. Su argumento fue que el incentivo que recibía A.T. tenía carácter remunerativo y, por lo tanto, era válido el planteo y podía exigir que se le sea reincorporado. Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada le achacan a Barra que le dio pie al fuero laboral para fallar a favor de A.T.

Pero el malestar no termina ahí. Hay un detalle que no pasó desapercibido para Javier y Karina Milei, ambos al tanto de la situación. Rodolfo Barra no firmó el dictamen, sino que le pidió a su segundo, Marcos Serrano, que pusiera la firma. Cuando se comunicaron con el Procurador para reclamarle por el escrito, el funcionario se quiso despegar y responsabilizó a Serrano. El argumento generó bronca por dos motivos: una muestra cruda de deslealtad para con su propio equipo y una subestimación hacia sus interlocutores, que dan por sobreentendido que una resolución de este calibre tiene que estar si o si habilitada por la máxima autoridad de la Procuración.

Más allá de la falla administrativa de Barra, acá también la política hace su juego, tanto para las causas como para las consecuencias. Para Milei y su entorno más cercano no hay marcha atrás y esperan que el Procurador presente su renuncia. Su intención no es desplazarlo, como ocurrió con Yacobucci, pero en su consideración el funcionario no es más parte del Gobierno. Les parece incomprensible que el abogado del Estado falle en contra del Estado.

“Le faltó timing. Era cuestión de agarrar la biblioteca que favorecía al Estado y listo. Siempre va a haber fallos a favor y en contra, vos tenes que elegir. Lo que hizo fue brutalidad jurídica”, fue la descripción explícita de un funcionario sobre lo que este caso significa.

Una de las hipótesis que manejan en el Ejecutivo es que Barra no quiso mandar puertas adentro un mensaje que luego podía volverle en forma de cuestionamientos por parte de su equipo, ya que en la Procuración habría más de estos reclamos. De hecho, A.T. trabaja para ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia.

Barra tenía cierta flexibilidad para estar fuera de la Argentina la mayoría de los días de la semana. En Rosada estiman que solamente estaba en el país entre martes y jueves. El resto del tiempo lo reparte entre Punta del Este y España. Esto no solo se acabó, sino que ahora lo harán trascender sin pudor. Otra consecuencia política.

Por ahora las esquirlas no llegarán a Cúneo Libarona, el ministro de quien depende todo. En el Gobierno creen que está trabajando bien y solo le achacan que, al igual que con Yacobucci, había sido advertido por algunos comportamientos de Barra. Ahora, el futuro del Procurador es una incógnita. Pero en Balcarce 50 esperarán que ponga su renuncia a disposición.