La SIGEN detectó movimientos financieros sin justificar y deudas millonarias en la minera estatal de Río Turbio

En medio de los intentos del Gobierno nacional por privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), incluida en la Ley Bases, un informe especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que se encontraron incumplimientos, falta de documentación respaldatoria, movimientos financieros sin justificación, irregularidades y deudas millonarias con la AFIP en la gestión de la minera ubicada en la provincia de Santa Cruz.

La auditoría sobre la empresa que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía - a la que accedió Infobae por un pedido de Acceso a la Información Pública- incluye a los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos y tuvo como fecha de cierre el 23 de septiembre último. A lo largo de 56 páginas, la SIGEN enumera diversas irregularidades en su funcionamiento que no son nuevas en el complejo minero. YCRT está intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional desde 2002, cuando se revocó el contrato de concesión otorgado en 1994 a la firma YCRT SA por 10 años.

“Persisten la falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria; importantes debilidades que comprometen la confiabilidad e integridad de los sistemas (software y hardware), de la seguridad informática y, consecuentemente, de la información que resguardan y suministran; la ausencia de inventarios de bienes de uso e inversiones que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados, entre otras cuestiones observadas”, se advierte en el informe.

La SIGEN - a cargo de la cual está Miguel Blanco - advirtió que YCRT no envió “la totalidad de la documentación respaldatoria” de venta de carbón, facturas, recibos, notas de débito y crédito. También “resultó incompleta la documentación sobre algunas cuentas bancarias, omitiéndose información respecto de los últimos cheques emitidos”. En lo que respecta a órdenes de pago, “la metodología de emisión establecida por el ente impidió el control respecto de su integridad y cronología”. Estas irregularidades “no permitieron reconocer fehacientemente las últimas operaciones registradas en el ejercicio”.

En lo que se refiere a la operación y mantenimiento del complejo minero, el organismo de control advirtió “la carencia de un sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresa, principalmente en lo que se refiere a las inversiones y su avance”. En ese sentido, alertó sobre “un escenario de debilidad de control interno y de gestión”.

La minera está en la mira del gobierno libertario por sus números en rojo para y el flujo de recursos que demanda para funcionar. Como reveló Infobae, al cierre del tercer trimestre del 2024, tuvo un resultado económico negativo de $8.728 millones tras haber recibido giros del Tesoro nacional por $53.837 millones en los primeros nueve meses del año pasado. Sin estos recursos, su déficit operativo fue de $62.565 millones.

Esta situación fue advertida por la SIGEN, que señala en su informe que “la inmensa mayoría de los Ingresos del Yacimiento corresponden a Transferencias del Tesoro Nacional. Lo señalado evidencia que la operatoria del YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión”.

Según se consigna el informe, en base a la información brindada por las autoridades de YCRT, en el complejo minero trabajan 2.094 agentes, con una remuneración bruta promedio de $2,4 millones. Bajo la nueva gestión, hubo 30 empleados que adhirieron al retiro voluntario por un total de $ 587,7 millones.

En cuanto a la obra para la construcción de la Central Termoeléctrica a carbón de Río Turbio, licitada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, sufrió diversas prórrogas, y aún sigue inconclusa su obra civil. En la auditoría de la SIGEN se advierte que no se encuentra en funcionamiento, aunque la gobernación santacruceña busca reactivarla.

Según le informaron las autoridades de YCRT a la SIGEN, se están realizando “diversas adecuaciones” a la Usina pero la auditoría advierte que “no está informado ni un plan de operaciones para poner en marcha la CTRT 240 MW y tampoco cuál es el plan de producción de carbón, entre otros, necesario para alimentar la Central Termoeléctrica”.

El 30 de septiembre último, Javier Milei había designado como nuevo interventor a Pablo Gordillo, un santacruceño en reemplazo de Thierry Decoud, que había sido echado tres semanas antes por un presunto pedido de coimas en una operación de venta de carbón. La designación de Gordillo, oriundo de Santa Cruz y quien se desempeñaba como responsable de la gerencia general de la delegación de Caleta Olivia de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), contó con el aval del gobernador Claudio Vidal. Decoud fue denunciado por el subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación ante la Oficina Anticorrupción, y, a su vez, se abrió una causa penal a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña por presunto tráfico de influencias, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini.

El mandatario santacruceño viene intentando “salvar” a la minera estatal, y para eso apunta a reducir el déficit de la compañía mediante la búsqueda de capitales chinos, así como subastas públicas y la exportación de carbón para cubrir sus gastos operativos. Pero esta estrategia aún no se puso en práctica y la SIGEN advirtió sobre “la carencia de un Plan Estratégico, de planes operativos y de inversión, de un plan de compras y contrataciones, y de un manual de organización con misiones y funciones, debidamente formulados y aprobados”.

También señaló “la existencia de posibles condiciones inseguras para el personal, según surge de los informes de salud y seguridad e higiene emitidos por áreas propias del yacimiento como por organismos y empresas externas con competencia en la materia”. La SIGEN incluyó en su informe el volumen de las deudas de tributos nacionales y de la seguridad social de “de larga data” de la empresa, que suman $14.774 millones, más intereses por $10.677 millones. Asimismo, la minera acumula tributos impagos con la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y el Municipio de Río Turbio por $71 millones, sin considerar intereses.

Otro de los aspectos cuestionados por la SIGEN se refiere a la falta de una “adecuada salvaguarda del patrimonio físico de YCRT”. El informe alertó sobre la “inexistencia de sistemas para la gestión de bienes de uso”, y señaló que las autoridades de la empresa “no suministraron el inventario que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados. La manera de registrar algunos de los activos impide establecer si todos los activos de valor están debidamente registrados y son pasibles periódicamente de cotejarse las existencias físicas con los registros para verificar su coincidencia”.

Ante el panorama detallado en su informe, la SIGEN recomendó a las actuales autoridades del yacimiento “normalizar la situación de YCRT, en primer término en lo correspondiente a su estado de intervención permanente, y segundo, en lo concerniente a sus funciones operativas y de control”. En ese sentido, pidió el diseño de un Plan de Negocios de la unidad empresarial para “resguardar la armonía en la relación de origen y aplicación de los fondos y los principios de economicidad, eficiencia y eficacia consagrados” por la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público nacional.