Desde la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía, y tras la disolución de la Administración Nacional de Puertos, confían en que en a fines del mes de abril quedará resuelta la licitación de la Hidrovía del río Paraná. El 12 de febrero es el día límite para la presentación de las ofertas, luego se hará la evaluación exhaustiva de cada una, que puede tener algún tipo de impugnaciones que demoren el proceso, y finalmente se adjudicará la explotación de la vía troncal por los próximos 30 años.
En los primeros días del nuevo organismo, que está a cargo del abogado Iñaki Arreseygor, empezaron a realizar un reordenamiento administrativo y financiero. La Agencia centraliza las tareas que anteriormente estaban en manos de otras dependencias estatales. Además de la AGP, existían la Subsecretaría de Vías Navegables y el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA), donde había participación de las siete provincias ribereñas. “Era un pedido de las cámaras de navegación y de otros actores del área portuaria que las actividades tuvieran una simplificación”, explicaron fuentes de la ANPyN a Infobae.
Arreseygor, quien trabajó con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y también con Mauricio Macri a nivel nacional, era hasta su designación en la ANPyN el subsecretario de Vías Navegables, adonde llegó convocado por Luis “Toto” Caputo.
Acerca de las impugnaciones en el proceso licitatorio de la vía navegable por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas desde la ANPyN sostienen que se deben a las exigencias que se plantearon en los pliegos. “Dicen que somos muy exigentes y es a propósito, así debe ser. Los oferentes deberán esforzarse para ser los mejores. Ninguno de los que están habilitados para participar se quedará afuera”, afirman.
Durante los últimos meses hubo varias reuniones con el Consejo Federal de la Hidrovía y, además, se solucionaron los problemas con el pago de los peajes a las embarcaciones, con foco de conflicto desde el puerto de Timbúes, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, hacia el Norte, donde no había acuerdo con las autoridades paraguayas sobre los montos que debían abonarse.
Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la Administración General de Puertos (AGP) había asumido la gestión de la Hidrovía, implementando un modelo que involucró a siete provincias y ocho ministerios. Este esquema, sin embargo, evidenció problemas de eficiencia y coordinación. Durante este período, la AGP subcontrató las tareas de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En 2022, se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
Ahora la empresa china quedó al margen de esta nueva compulsa. A fines de noviembre, el Ejecutivo emitió una resolución que dejó fuera de carrera a todas las empresas estatales extranjeras. En su artículo 16° detallaron que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que quedó automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal.
Recortes y eliminación del déficit
Con la creación de la Agencia también el Gobierno profundizó su política de “motosierra”. De los 1.500 empleados que trabajaban en las tres áreas vinculadas al funcionamiento y la administración de los puertos quedaron 300. En la Administración General de Puertos, que había sido creada en 1952, unas 500 personas fueron “pasadas a disponibilidad”. Tendrán a partir de ahora un año para ser reubicadas.
Destacan que eliminaron “la superposición de tareas” que ocasionaban retrasos en la resolución de trámites. Hicieron una evaluación de los bienes muebles e inmuebles de la AGP y paulatinamente se fue eliminando el déficit operativo que al asumir Milei llegaba a los 4 millones de dólares mensuales. “Este año no necesitaremos aportes del Tesoro”, grafican.
Por el momento, las autoridades que asumieron no descubrieron casos de corrupción. “Fueron más de 70 años de la vieja política. Naturalmente que se producían algunos desmanejos. Si encontramos alguna irregularidad, la vamos a denunciar inmediatamente”, reconocen.
Respecto de la posibilidad que reclama el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri para que se les traspase la operación del puerto de Buenos Aires, en la ANPyN aseguran que hasta que no se ordene la situación jurídica será imposible avanzar con ese tema. Alberto Fernández firmó en septiembre de 2023 la prórroga de la concesión a Terminales Río de la Plata y al grupo danés Maersk, que opera la terminal 4 a través de la empresa APM, por tres años, con opción a otros tres más.
“Haber dado una prórroga tan corta fue contraproducente. Tendría que ser más extensa. Cuando es por un período tan corto hay falta de previsibilidad y se complica la inversión”, remarcan desde el entorno de Arreseygor.