La caída de la Ley Impositiva le permitirá a Kicillof aplicar la cuota adicional del tributo inmobiliario rural

La caída en la negociación del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva en la provincia de Buenos Aires y la prórroga que firmó días atrás el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que las iniciativas que ya regían continúen vigentes para este período impacta de diferentes maneras. Una de ellas tiene que ver con la política tributaria.

Uno de los temas que durante el año pasado estuvo atravesado por cierto nivel de conflictividad fue el rechazo de las entidades del campo al esquema tributario del gobierno bonaerense. El sector consideró que los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural superaron lo que se votó en la Ley Fiscal Impositiva 2024, donde se establecieron ciertos topes de incremento en relación con el año 2023, que fueron del 140% al 200%. Los ruralistas denunciaron que las subas superaron ese 200% máximo.

La discusión fue larga y a grandes rasgos el Ejecutivo argumentaba que durante el 2023 habían regido ciertos beneficios tributarios y exenciones ante la sequía de aquel año o descuentos por el pago del buen contribuyente o adhesión al débito automático, pero que en lo que respectaba a la base imponible, las subas estaban dentro del marco de la ley.

El tema volverá a escena este año en la que el gobierno bonaerense decidió por el momento prorrogar la Ley Fiscal Impositiva 2024 ante la falta de un acuerdo político en la Legislatura con los bloques opositores. Sin ley 2025, ya rige el mismo esquema que el año pasado.

Otra arista que había generado controversia en la ley fiscal 2024 fue la decisión de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) de avanzar con un gravamen definido como cuota adicional —que alcanza tanto al Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado como Impuesto Inmobiliario Rural— y que se aplicó a quienes superaron ciertos límites en la base imponible de sus propiedades. Así había quedado establecido en los artículos 138 y 139 que se votó en la Legislatura a fines del 2023.

Para el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, se activó esta cuota adicional cuando la base imponible, o la sumatoria de las bases imponibles de las propiedades correspondientes, excedieron los $31.465.000. En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, se aplicó cuando la base imponible de la tierra libre de mejoras, o la sumatoria de dichas bases para un conjunto de propiedades, superara los $39.096.756. Las potestades tributarias estaban legalmente establecidas en la Ley Fiscal Impositiva 2024 que se sancionó en la Legislatura con el respaldo de bloques opositores.

Pero sin avance en la negociación legislativa por la Ley Fiscal 2025 y la prorroga ya dispuesta por Kicillof, la cuota adicional -también llamada quinta cuota- podría replicarse. Si el proyecto impositivo para este año finalmente se convierte en ley y empieza a regir, no habrá quinta cuota, aseguran en el Ejecutivo. La iniciativa, que por ahora no se terminó votando, ofrece mayor laxitud que la ley del 2024 que todavía continúa vigente. Para este año el incremento establecido es del 28% respecto al año pasado.

Desde el organismo que comanda Cristian Girard advirtieron que pese a no haber ley se podrán incorporar las bonificaciones impositivas: 5% por buen contribuyente y 10% por pago anual. Asimismo, advierten que la emisión será la misma que en 2024. Es decir, la primera cuota del 2025 sería similar a la del 2025.

Algunos de los cambios que empujó la oposición durante la discusión del Presupuesto y la Ley Fiscal eran pedidos de la Mesa de Enlace bonaerense. Los bloques que no habilitaron el quorum para el tratamiento de las iniciativas reclamaban y reclaman la eliminación del artículo 163 del proyecto de la Ley Fiscal 2025. El mismo establece que ARBA tendrá la potestad de aplicar un coeficiente al momento de cada emisión de las cuotas cuyo tope puede ser del 100%.

Otro ítem que exige el sector rural del proyecto impositivo para el 2025 es la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario. Se trata de un tributo que impulsó y aplicó el entonces gobernador Daniel Scioli en el año 2013.

Políticamente, las negociaciones quedaron en stand by. En el bloque de la UCR en Diputados objetaron la prórroga de la Ley Fiscal Impositiva. Su presidente, Diego Garciarena, planteó que la decisión “es de dudosa legalidad”.

“No puede el Poder Ejecutivo prorrogar la ley fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts 45 y 103 inc 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias. ‘No hay impuestos sin ley’ es una máxima que viene desde la revolución francesa. No puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso”, remarcó el legislador.

Sin embargo, ya en el año 2002 hubo una prórroga a la Ley Fiscal. Hasta abril de ese año, la estructura tributaria se fijó tomando las disposiciones del 2001. Luego sí se sancionó una ley nueva.

Este martes debían retomarse las conversaciones entre el Ejecutivo y legisladores oficialistas y opositores. Pero la primera reunión se suspendió. Fuentes legislativas informaron que el Ejecutivo “pidió más tiempo”. Ante la consulta de este medio, desde el gobierno de Kicillof plantearon que la oposición no mostraba predisposición a dialogar y que iba a insistir con los cambios propuestos en la última semana de diciembre, cuando las sesiones para tratar el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva naufragaron.

Hasta el momento, no hay precisiones de cuando volverán a retomarse las conversaciones. Por lo pronto, el Gobierno trabaja en las readecuaciones presupuestarias que -adelantaron a Infobae- “van a ser duras”, sin ley impositiva ni endeudamiento en el horizonte que le permita al equipo económico de Kicillof tener una proyección más certera para el financiamiento provincial.