El Gobierno extendió la suspensión de la pauta oficial por un año y avanza con el ajuste en el Estado

El Gobierno reglamentó este lunes una nueva medida en el marco del plan del ajuste que viene llevando a cabo desde que Javier Milei asumió en la presidencia y que tiene que ver con los recortes del gasto del Estado. En ese marco, se oficializó la extensión por un año más de la suspensión de la pauta oficial.

La medida, oficializada mediante la Resolución 7147/2024 de la Secretaría de Comunicación y Medios, justamente se fundamenta en la continuidad de políticas de austeridad fiscal, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos y asignarlos a áreas prioritarias.

La decisión, que lleva la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en un contexto de crisis económica que llevó al Congreso de la Nación a declarar la emergencia pública en junio pasado, a través de la Ley Bases. Este marco normativo subrayó la necesidad de limitar gastos superfluos del Estado, priorizando medidas destinadas a garantizar estabilidad administrativa y financiera.

La prórroga de esta medida amplía la vigencia del Decreto N° 89/23, que suspendió inicialmente las campañas publicitarias durante 2023. Esta había sido una de las decisiones que anunció el propio Milei en plena carrera por la presidencia y que fue implementada en los primeros días de su mandato.

“La coyuntura social al momento del dictado del Decreto N° 89/23 exigía profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, a efectos de poder asignar los mismos a cuestiones prioritarias", señala el documento oficial.

Desde su implementación, las acciones vinculadas al ajuste presupuestario han tenido un impacto notable en áreas estratégicas del Estado. El actual secretario de Comunicación y Medios destacó que el decreto responde a la exigencia de “no sobredimensionar la estructura estatal y garantizar una asignación eficiente de los recursos”.

En ese sentido, el Gobierno oficializó este lunes también una nueva prórroga del Presupuesto 2023 para el próximo año en el marco de la caída de los acuerdos en el Congreso de la Nación para llevar a adelante la propuesta que tenía el Ejecutivo.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 1131/2024 en el Boletín Oficial, que establece: “A partir del 1° de enero de 2025 en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.

A su vez, el Gobierno instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”.

La pauta oficial consiste en fondos públicos destinados a difundir las gestiones del Gobierno nacional a través de distintos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Estas partidas presupuestarias incluyen campañas informativas y de servicio público, como anuncios de políticas económicas, campañas preventivas de salud y comunicación de programas sociales.

La asignación de la publicidad oficial está regulada por el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), donde deben inscribirse los medios y productoras interesadas. Este registro garantiza que los recursos sean canalizados hacia proveedores que cumplan con los requisitos legales y normativos.

El cese de esta herramienta generó rechazo en varios sectores, en especial entre sindicatos de prensa y asociaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Su presidente, Martín Etchevers, expresó que “hacer periodismo profesional es costoso” y que el Estado debe garantizar la sostenibilidad de los medios, ya que la publicidad oficial “forma parte de las políticas públicas destinadas a la transparencia y a la rendición de cuentas”. Además, recordó que “el principio de difundir actos de gobierno está derivado de la Constitución Nacional”.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, defienden la decisión como un paso necesario para reducir el gasto público y garantizar una mayor eficiencia en la gestión estatal. Voceros oficiales enfatizaron que la medida no implica eliminar la comunicación gubernamental, sino suspender aquellas acciones que demanden costos directos. Asimismo, remarcaron que esta política es coherente con otras iniciativas destinadas a reducir la estructura administrativa del Estado.