En el penúltimo día del año, el gobierno nacional citó a los gremios estatales para discutir la paritaria del sector en una reunión que se hizo de manera virtual este mediodía. No hubo acuerdo: se firmó un acta y se decidió pasar a un cuarto intermedio. Las negociaciones se retomarán en la segunda quincena de enero de 2025.
Desde el lado sindical expresaron que el Poder Ejecutivo mantiene su estrategia de retardar los incrementos, porque de esa manera podrá “seguir ajustando los salarios” y afirman que no hubo ninguna oferta concreta. Por ese motivo decidieron “aceptar el cuarto intermedio con el único propósito de que esta instancia se mantenga abierta y por lo tanto cualquier posible aumento impacte con los haberes de enero”.
Según otra de las fuentes será “muy difícil llegar a un acuerdo, viene complicada la paritaria”.
La convocatoria de la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, según uno de los sindicatos involucrados, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se realizó “de forma tardía”.
De acuerdo a lo manifestado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, “preferiríamos pensar otra cosa, pero todo indica que con este llamado el Ejecutivo monta una nueva teatralización”. La última negociación fue el 31 de octubre último cuando las partes acordaron un incremento del 2% en el sueldo de noviembre y del 1% para diciembre, además de una suma fija remunerativa y no bonificable de $ 30.000. ATE firmó en disconformidad aquella vez y el otro gremio, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), lo rubricó.
Desde ATE sostienen que desde la llegada de Javier Milei al poder, la pérdida del poder adquisitivo fue del 40%, calculado en base a la inflación acumulada (112% en noviembre) y de los acuerdos salariales (73% al mismo mes). En el oficialismo, con la inflación a la baja -2,4% fue el índice de noviembre que difundió el INDEC-, pretenden que los aumentos sean inferiores a ese número.
En ese gremio insisten en que “vamos a seguir exigiendo una suma fija que permita recuperar los salarios más bajos de la administración pública y compense de esta manera todo lo perdido durante el 2024″. Aseguran que los retrasos salariales más significativos se dan entre el personal civil de las Fuerzas Armadas, el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) y el personal de Salud.
La discusión se producirá en medio de la incertidumbre de los trabajadores del sector ya que el 31 de diciembre se vencen más de 57 mil contratos dentro del Estado y no se sabe todavía cuántos serán discontinuados. Desde diciembre la planta estatal se redujo en más de 35 mil personas, de acuerdo a los números oficiales.
En el Ministerio de Justicia es donde la situación aparece como más tensa sobre el achique de personal. Se agravó en los últimos días luego de que se comunicara a través del vocero presidencial Manuel Adorni el despido de 2.400 trabajadores contratados a través de un convenio con el ente cooperador de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), de los cuales más de 400 forman parte de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que reduce su dotación a la mitad.
Además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el jueves de la semana pasada que 104 de los 144 integrantes que tenía la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), un organismo que se había creado durante el kirchnerismo tras la sanción de la Ley de Medios para recibir denuncias sobre los “abusos” de los periodistas, no serán renovados.
El enfrentamiento de ATE con el Gobierno no solamente abarca a lo salarial, ya que vienen insistiendo en que no son necesarios los exámenes de idoneidad que se les están tomando a los empleados de las distintas dependencias del Estado. “Seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes”, expresó Aguiar sobre este tema
Además, el gremialista, uno de los más críticos de la gestión presidencial lanzó en Twitter una advertencia al Gobierno por los eventuales despidos. “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, sostuvo en referencia a los integrantes del gobierno nacional en declaraciones radiales que fueron en el mismo sentido que su tuit. A su vez, indicó que no quiere “que le vaya bien” al presidente Javier Milei.
“El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal”, agregó.