Javier Milei se propuso reducir la cantidad de recursos que demanda el funcionamiento del Estado y se podría decir que lo está logrando. Pero aún el volumen de fondos que demandan, por ejemplo, las empresas públicas sigue siendo elevado. En los primeros nueve meses del año rozaron los $3 billones. Así se desprende del análisis hecho por Infobae del último reporte consolidado al tercer trimestre del año de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), que depende del Ministerio de Economía.

Según ese informe, de enero a septiembre, las transferencias corrientes del Tesoro para el funcionamiento de 20 de las 33 compañías estatales no financieras ascendieron a $2,8 billones. La cifra es un 155% superior al total transferido en el mismo período en 2023 ($1 billón), o sea que estuvo por debajo de la inflación anual en ese período (209%).

De las 32 detalladas, 17 tuvieron resultados económicos deficitarios al cabo de los primeros 9 meses del año que, sumados, arrojaron un rojo de $350.456 millones. El resultado económico se calcula de restarle los gastos corrientes a los ingresos corrientes totales, incluidos los fondos recibidos por las empresas del Ministerio de Economía para atender las necesidades de gastos que no llegaron a cubrir con su facturación.

Otras 15 compañías públicas, en cambio, tuvieron resultados económicos positivos, aunque en muchos casos, alcanzaron ese logro por las transferencias recibidas del Tesoro nacional. En el informe de la ONP no se incluyeron los números de COVIARA, la desarrolladora inmobiliaria del Ministerio de Defensa, ya que no envió la información completa al tercer trimestre de 2024.

En total, el resultado económico consolidado de las 32 empresas analizadas, al 30 de septiembre pasado, fue de $753.445 millones. Esta cifra es un 580% más que en el mismo período de 2023, lo que indica que la gestión libertaria mejoró los números de la gestión de las compañías del Estado.

Sin embargo, si no se consideran las transferencias del Tesoro nacional, el déficit operativo real total fue de más de $2 billones. Eliminar este agujero fiscal para reducir a cero los fondos que requiere, es la meta del Gobierno de Milei, quien apunta reducir el Estado a su mínima expresión.

El ranking de peor resultado económico negativo lo encabeza Aerolíneas Argentinas con -$262.251 millones al 30 de septiembre pasado, según el informe. En dólares, ese déficit equivale a USD 276 millones al valor oficial de la divisa al 30 de septiembre. Estos números incluyen los $58.732 millones que recibió la aerolínea de bandera del Tesoro nacional. Estos recursos estuvieron destinados, en su mayoría, al pago de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. La empresa redujo en el período en 1.341 su personal, al pasar de 11.943 a 10.602 empleados.

Desde la empresa, sin embargo, manejan otras cifras respecto del resultado económico. Voceros de la firma explicaron a Infobae que el rojo al cierre del tercer trimestres era de USD 83,2 millones, contra casi USD 400 millones que registró en 2023.

Este desfasaje se debe a un resultado contable que “no es el real”, ya que obedece al momento en que se contabilizan los pesos ingresados por la venta de los pasajes. “Si se vende en junio un ticket para diciembre, se contabiliza al momento del vuelo, en pesos, a valor nominal sin ajuste por inflación”, señalaron. “Esto hace que recién al finalizar el año, en el consolidado de 2024, esa distorsión contable se subsane y nuestros números van a coincidir con los de la contabilidad que lleva Economía”, agregaron.

En los primeros nueve meses de 2024, la aerolínea estatal tuvo un importante aumento en sus ingresos corrientes por la venta de pasajes internacionales y nacionales - que ascendieron a $1.233.881 millones - y representaron un 87% de sus ingresos. Los pasajeros ascendieron a 12,7 millones.

La compañía también tuvo mayores gastos corrientes por el incremento de sus operaciones. Entre el 30% y el 35% de su gasto lo insume la compra de combustible, su principal costo, que cotiza a valor dólar a nivel internacional. En tanto, los gastos de capital de Aerolíneas Argentinas de inversión real directa ascendieron a $79.810 millones.

El Ejecutivo accedió a excluir a Aerolíneas de la lista de las empresas a privatizar cuando se aprobó la Ley Bases a finales de junio, pero luego apoyó un proyecto de la oposición dialoguista en ese sentido en Diputados, que obtuvo dictamen de Comisión a finales de octubre.

Entre las empresas con números en rojo también se destaca la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE), que tiene a cargo de Trenes Argentinos. Registró un resultado operativo en los tres primeros trimestres del año de $1.634 millones, pese a la suba de los boletos y al recorte de subsidios. Pero ese número fue luego de haber recibido $517.478 millones del Tesoro, lo que revela el nivel de dependencia de los recursos estatales de los trenes en manos del Estado para funcionar.

De hecho, OFSE es la segunda empresa del Estado que más transferencias corrientes requirió de todas, después de Energía Argentina SA (ENARSA). Fue incluida en la Ley Bases sancionada como una de las empresas estatales a privatizar.

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Mientras que sus gastos corrientes fueron $555.868 millones, tuvo ingresos de operación por solo $36.756 millones. Sin esos fondos que recibió del Tesoro, su déficit operativo real a septiembre de este año hubiera sido de $519.111 millones. Los recursos que le giró Economía estuvieron destinadas a afrontar pagos de sueldos y cargas sociales, entre otros gastos, ya que es la que tiene mayor dotación de todas las empresas públicas: 23.160 empleados. Un año atrás, en septiembre de 2023, eran 23.823 (663 personas más).

Entre las compañías públicas más deficitarias hay otras dos también vinculadas al sistema ferroviario que opera el Estado. Una es Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SA con $1.302 millones de rojo en su resultado económico. Sin los $22.764 millones que recibió de Economía, su déficit operativo hubiera sido de $24.066 millones. Fue cerrada por decisión del Ejecutivo nacional diez días atrás. Tenía 454 empleados, a septiembre pasado. Un año atrás, su dotación era casi el triple: 1.222 personas (768 más).

La otra empresa estatal es Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con un resultado económico negativo de $1.147 millones. Recibió transferencias por $13.785 millones. Sin esos fondos, su déficit operativo hubiera sido de $14.932 millones. A septiembre pasado tenía 466 empleados, 210 menos que ese mismo mes del año pasado.

Otra empresa pública con números en rojo es Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA). Su resultado económico fue de -$1.439 millones, tras haber recibido $143.717 millones del Tesoro en los primeros nueve meses del año. Sin este giro de Economía, su déficit operativo hubiera sido de $145.155 millones. Figura entre las empresas públicas a privatizar o concesionar incluidas en la Ley Bases aprobada en junio.

Pero el resultado económico negativo que acumula en los primeros nueves meses del 2024 es muy inferior al registrado en el mismo período de 2023, cuando había acumulado un rojo de $109.344 millones.

Los ingresos de operación de esta empresa que presta el servicio de agua de red y cloacas en el AMBA alcanzaron $515.434 millones al tercer trimestre de este año, y las erogaciones de capital por inversiones fueron de $224.551 millones.

Otra de las empresas cuya privatización fue incluida en la ley Bases es Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que tuvo un resultado negativo de $8.728 millones a septiembre último. La empresa ubicada en la provincia de Santa Cruz recibió giros del Tesoro nacional en los primeros nueve meses de este año por $53.837 millones. Sin estos recursos, su rojo operativo hubiera sido de $62.565 millones.

Con números negativos en su resultado económico también está la Casa de la Moneda con -$28.830 millones. De no haber recibido transferencias del Tesoro por $22.400 millones, su déficit real hubiera sido de $51.229 millones. Dedicada a imprimir los billetes y confeccionar las patentes de los autos, fue dejada al borde de su cierre por el Gobierno a finales de octubre.

Con un resultado negativo de $8.307 millones también figura la Fábrica Argentina de Aviones SA (FADEA), ubicada en la provincia de Córdoba. Economía le giró, entre enero y septiembre, $7.286 millones. De lo contrario, su rojo operativo hubiera ascendido a $15.592 millones.

Por su parte, la nueva Agencia de Publicidad del Estado - que reemplazó a la ex agencia Télam - registró un resultado al tercer trimestre de - $1.054 millones. De enero a septiembre, recibió $13.608 millones de la cartera a cargo de Luis Caputo. Sin estos fondos, su déficit operativo hubiera escalado a $14.662 millones. A septiembre de 2023, la ex agencia oficial tenía 759 empleados, un año más tarde, la APE solo registra 193, o sea 566 menos.

Por su parte, el astillero estatal Tandanor registró un resultado económico negativo de $25.919 millones. En los primeros nueve meses de 2024 no recibió fondos del Ministerio de Economía.

Por su parte, la Administración General de Puertos registró en el tercer trimestre un resultado económico negativo acumulado de $7.605. Tampoco recibió transferencias del Tesoro este año.

Como reveló Infobae, en los próximos días el Gobierno oficializará la disolución y liquidación de esta sociedad estatal encargada de la administración del Puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la Hidrovía del río Paraná, una vía clave para el comercio exterior del país. En reemplazo, el Ejecutivo creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo con autarquía financiera que dependerá del Ministerio de Economía.

El mayor volumen de transferencias del Tesoro fue para ENARSA. Su resultado económico en los primeros nueve meses del año fue positivo, de $551.704 millones, según el informe elaborado por la ONP. Sin embargo, solo se explica por los $1.550.948 millones ($1,5 billones) que le giró Economía. Esos fondos estuvieron destinados, principalmente, a la importación de buques de Gas Natural Licuado (GNL), de gas natural proveniente de Bolivia y Chile, y a la compra de gas a productores locales (Plan GAS.AR)

Los ingresos de operación de la compañía, al tercer trimestre de 2024, alcanzaron la suma de $1.376.383 millones, obtenidos principalmente por la comercialización de gas en el mercado interno. Sin las transferencias del Tesoro, su déficit operativo hubiera sido de -$999.244 millones (casi $1 billón), debido a que importa gas a precio de mercado, y lo vende al mercado interno a un precio inferior. Figura entre las empresas que podrían ser sujetas a privatización.

Por la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, sus gastos de capital (inversión real) fueron de $723.349 millones, el 56% del total de gastos de capital de las empresas públicas al tercer trimestre del año.

El Correo Argentino registró un resultado económico acumulado al 30 de septiembre también positivo de $95.871 millones, aunque recibió transferencias del Tesoro por $218.684 millones. Sin este aporte el déficit operativo hubiera sido de $122.812 millones.

De los fondos que recibió de Economía este año, $120.347 millones estuvieron destinados al pago de indemnizaciones por los retiros voluntarios gratificados y las jubilaciones anticipadas. La empresa achicó un 25% su dotación de personal, con una reducción de más de 4.200 personas.

En el informe de la ONP, se destaca ingresos del Correo por su operatoria de $291.425 millones por el aumento del volumen de envíos, lo que equivale a un 175% más respecto a la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de septiembre de 2023.

Fuentes de la empresa señalaron que obedece al crecimiento del comercio electrónico, sector en el que el Correo tiene el 17% de participación en el mercado. La firma postal estatal es contratada, entre otros, por la empresa líder en el rubro, Mercado Libre.

El Correo - que quedó fuera de la lista de empresa estatales a privatizar en el debate de la Ley Bases - hoy tiene 1452 sucursales en todo el país, de las cuales 1.300 son deficitarias (por su localización y flujo de envíos) y solo 160 dan ganancia.

Según pudo saber Infobae, el plan es reemplazar la mitad de la sucursales por franquicias en locales ya existentes como kioscos o librerías, que funcionarán como “Puntos Correo”, con el pago de los insumos que necesiten y de un fee por transacción, para “continuar con la conexión en todo el país”, reduciendo costo de oficinas postales propias.

Esta estrategia es parte de un plan operativo más ambicioso que incluye evaluar la continuidad de los negocios no esenciales que dan pérdida. Así, en el Correo estiman que el año próximo - cuando ya no pagarán indemnizaciones para reducir la planta de personal - el resultado será positivo.

La empresa de transporte de mercaderías Belgrano Cargas y Logística S.A - que opera tres líneas ferroviarias en el país - registró, al tercer trimestre del año, un resultado operativo positivo de $7.260 millones. Sin embargo, requirió del Tesoro $45.900 millones, sin los cuales su déficit operativo real hubiera sido de $38.640 millones.

El 23 de octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la sociedad del Belgrano Cargas iba a ser privatizada. “Será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei”. Y justificó la decisión en que “el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009”, mientras que durante las últimas cinco décadas “la producción agrícola -que representa el 60 por ciento de la carga transportada- se multiplicó por cinco” veces.

En la lista de compañías estatales que requirieron ayuda del Estado para emprolijar sus números aparece también Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y a Radio Nacional con su repetidores en todo el país. RTA tuvo un resultado económico acumulado al 30 de septiembre de $21.418 millones. Sin embargo, este número fue posible por los $57.295 millones que recibió del Tesoro. De lo contrario, su déficit real hubiera sido de $35.877 millones.

Los medios públicos también quedaron en el debate parlamentario de la Ley Bases, fuera de la lista de las compañías estatales a ser privatizadas.

Fabricaciones Militares, la empresa del Ministerio de Defensa dedicada a la industria de armas, tuvo un resultado económico de $2.506 millones al 30 de septiembre pasado. Sin embargo, fue producto de haber recibido $9.774 millones del Ministerio de Economía. De lo contrario, su déficit real hubiera sido de $7.267 millones.

Al tope de las empresas que dieron ganancias figura Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que opera las centrales nucleares en el país. A septiembre pasado, registró un balance positivo de $317.053 millones, producto de haber tenido ingresos por $490.796,2 millones de la venta de energía. Pese a esto números auspiciosos, fue incluida entre las empresas a privatizar en la Ley Bases

Le sigue, aunque lejos, Corredores Viales, a cargo del mantenimeinto de las principales autopistasy rutas del país,con un superávit de $28.223 millones, otras de las empresas sujetas a privatización o concesión en la Ley Bases.

ARSAT, la empresa estatal de satélites, también tuvo un resultado positivo, en su caso de $22.500 millones al finalizar el tercer trimestre del 2024. Si bien fue dejada fuera de la Ley Bases como sujeta a privatización, el Gobierno analiza pasar a manos privadas el 49% de la compañía y sacarla a la Bolsa en 2025 para favorecer el ingreso de capitales.

También tuvieron resultado positivo Yacimiento Minero Agua de Dionisio, con $16.729 millones; y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con $12.554 millones.

Intercargo, la empresa estatal responsable del servicio de rampa que utilizan las compañías aéreas, finalizó el tercer trimestre con un superávit de $13.909 millones. La firma realizó un paro sorpresivo a principios de noviembre que dejó a pasajeros varados dentro de los aviones y derivó en el despido de 15 empleados. No recibió transferencias del Tesoro este año y figura entre las “privatizables” en la Ley Bases.

Otras firmas públicas con términos favorables fueron Dioxitek, con un resultado al tercer trimestre de $6.042 millones; Playas Ferroviarias SA, con $4.842 millones; Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG), una empresa de servicios y desarrollos tecnológicos orientados a la actividad espacial, con $2.372 millones; e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), que funciona bajo la órbita del INTA, $917 millones.

Al 30 de septiembre, el personal total de las 33 empresas públicas no financieras ascendió a 80.988 personas, mientras que a la misma fecha del año pasado, la dotación de personal era de 92.069. Lo que implica que en un año, la reducción fue de 11.081 empleados.

Los mayores recortes se produjeron en el Correo (4.319), en Aerolíneas Argentinas (1.341), en AYSA (1.257), en Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (768), en OFSE (663), y en la ex Télam (566).

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander