Aprobaron la Ley de Ficha Limpia en Córdoba: cómo afectará la norma a los futuros candidatos y funcionarios públicos

Luego de que la Ley de Ficha Limpia no obtuviera quorum para ser tratada en las dos sesiones convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación, la iniciativa fue aprobada en general y en particular por la Legislatura de Córdoba por una amplia mayoría durante una maratónica sesión realizada el viernes. De esta manera, la nueva normativa impedirá que los candidatos que tuvieran condenas confirmadas en segunda instancia puedan postularse para ocupar cargos públicos.

Con una amplía mayoría por parte de los legisladores cordobeses, el texto que entrará en vigencia surgió de los proyectos de ley presentados por la diputada radical Brenda Austin, y los integrantes del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ilena Quaglino. Además, se asentaron modificaciones en los artículos de la Ley N° 9.571, que establece el Código Electoral Provincial, y la Ley N° 9.572, que enmarca el Régimen Jurídico de Partidos Políticos.

Los cambios en los requisitos no solo afectarán a los candidatos que se presenten a cargos públicos en representación de un partido, sino que también afectará a los funcionarios públicos que serán admitidos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, serán inhabilitados los aspirantes que posean una “sentencia condenatoria que haya sido confirmada por sentencia dictada por el tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.

El objetivo final de la norma, que entraría en vigencia e impactaría en las elecciones legislativas provinciales que se celebrarán el próximo año, se centró en aumentar los estándares de idoneidad y ética para los futuros candidatos y funcionarios públicos que brinden servicios en Córdoba.

“Esta nueva ley es ampliamente superadora de otras normativas existentes en el derecho público provincial y de los proyectos que orbitan en el Congreso Nacional, porque no solo abarca los delitos de corrupción sino a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación y otras leyes especiales”, destacó Busso durante la presentación de la iniciativa en el recinto.

En línea con esto, la legisladora oficialista apuntó que “la idoneidad es una condición exigible no solo para quienes son elegidos por el pueblo o por quienes aspiran a integrar cuadros partidarios, sino que es una condición para quienes tuvieron el honor de ocupar un cargo público al servicio de los ciudadanos”.

En paralelo, la Legislatura provincial oficializó la designación de la abogada Jessica Valentini como nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y el abogado Alejandro Pérez Moreno como fiscal General Adjunto. Además, fueron nombrados Pablo Alfredo Bustos Fierro como defensor General, Pablo Damián Pupich y Néstor Alejandro Gómez como defensores adjuntos, y Guadalupe García Petrini como defensora adjunta en materia de niñez, adolescencia, violencia familiar y género.

De acuerdo a la información proporcionada por ElDoce.tv, la propuesta fue aceptada con un total de 36 votos afirmativos, contra 27 negativos y cinco abstenciones. A pesar de que los bloques opositores rechazaban a Valentini, el oficialismo reunió los votos necesarios para que la defensora de origen radical supliera la vacante que dejó Mercedes Blanc de Arabel, luego de haber presentado su renuncia el pasado 1 de febrero.

“Creemos que la Dra. Valentini reúne las condiciones de idoneidad y morales para cubrir un cargo de tal envergadura. Cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito privado y público, además, tiene una activa formación académica y vinculación con los derechos humanos”, argumentó Rinaldi, bajo la intención del Poder Ejecutivo provincial de mantener la paridad de género en el máximo tribunal.

De hecho, Valentini había sido propuesta por el gobernador cordobés, Martín Llaryora, el pasado 1 de diciembre, después de que destacara la amplia experiencia que tenía en el sector público. Hasta el momento, la funcionaria ocupaba la Oficialía Mayor de la Municipalidad de Córdoba, pero también brindó servicios como defensora adjunta en la Defensoría del Pueblo.

En el caso de Pérez Moreno, el defensor se trata de un reconocido abogado especializado en el derecho penal, ya que ha participado en la defensa de casos como, por ejemplo, en representación de la familia de Blas Correa, el joven que fue asesinado a balazos por varios agentes de la Policía de Córdoba en 2020. Actualmente, se desempeñaba como consejero titular del Consejo de la Magistratura de la Provincia, por el estamento Abogados de la Primera Circunscripción.

Por su parte, el nuevo Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal ejerce la docencia universitaria y cuenta con varias menciones y distinciones que fueron otorgadas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Asimismo, participó como disertante y expositor en congresos, seminarios, cursos de posgrados y jornadas académicas brindadas por la casa de altos estudios cordobesa, como por otras instituciones y colegiaturas.