El Gobierno denunció por traición a la Patria al ex embajador kirchnerista que intervino en el caso del gendarme secuestrado

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la Patria. La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

En un comunicado, el Gobierno destacó que tanto Seguridad como la Cancillería desplegaron todas las herramientas a su alcance para localizar al ciudadano argentino y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales.

“La actuación de Laborde, lejos de contribuir a resolver la situación, validó sin fundamento alguno las acusaciones del régimen venezolano y menoscabó los intereses nacionales. Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que, al intentar justificar actos de desaparición forzada, se enmarcan en conductas que contravienen los principios de justicia y derechos humanos que nuestro gobierno defiende”, se indicó.

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, había gestionado una carta de invitación para que Gallo pudiera ingresar al país con fines recreativos, de acuerdo a lo que informó ayer Infobae con los documentos. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.

Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, Gallo fue detenido. Según el relato de su familia, las autoridades le confiscaron su teléfono y equipaje, y posteriormente lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas lo han acusado de espionaje, sin proporcionar información oficial sobre su situación procesal ni las condiciones de su detención.

Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, Gendarmería presentó una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inicialmente, un juez federal rechazó la acción, alegando falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado investigar y juzgar crímenes graves como la desaparición forzada, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.

En su resolución, la Cámara destacó que la jurisdicción universal está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 26.200, que implementa el Estatuto de Roma en Argentina. Además, subrayó la gravedad de la situación, señalando que los derechos fundamentales de Gallo, como la vida, la integridad personal y la libertad, estaban en peligro.

La Cancillería argentina informó que, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela, las gestiones se han realizado a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA. No obstante, hasta la fecha, no se logró determinar el paradero de Gallo ni obtener información sobre las acusaciones en su contra.

En este contexto, el ex embajador Oscar Alberto Laborde inició gestiones no autorizadas ante la dictadura venezolana, según la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Laborde, quien fue designado embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas del régimen chavista. Según el Ministerio, estas acciones no solo carecieron de autorización oficial, sino que también habrían buscado justificar la detención de Gallo al presentarla como resultado de un ingreso irregular al país.

La denuncia sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses de Argentina al avalar las acusaciones de espionaje formuladas por el régimen venezolano y al cuestionar la legalidad del ingreso de Gallo a Venezuela. Además, se le acusa de intentar legitimar las condiciones de detención del gendarme, lo que, según el Ministerio, constituye una traición a la patria al comprometer la posición del país en la defensa de un ciudadano argentino.

El documento judicial señala que la conducta de Laborde habría beneficiado al régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que perjudicó los esfuerzos diplomáticos argentinos para garantizar la liberación de Gallo. En este sentido, se argumenta que Laborde habría actuado con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales, especialmente considerando su anterior rol como embajador.

La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria. Según el Ministerio, este delito no requiere un estado de guerra declarado, ya que protege los intereses generales de la Nación como entidad soberana. La acusación también cita antecedentes jurisprudenciales que respaldan la aplicación de este tipo penal en casos de conductas que comprometen la independencia y autonomía del Estado.

El Ministerio argumenta que la intervención de Laborde no puede considerarse una acción humanitaria, como él ha intentado presentarla en los medios de comunicación. Por el contrario, se sostiene que su conducta buscó justificar las acciones del régimen venezolano y desacreditar al gobierno argentino, lo que, según la denuncia, constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.

En su resolución, la Cámara Federal de Mendoza hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que informen de manera inmediata sobre el paradero de Gallo, los motivos de su detención y las condiciones en las que se encuentra. Asimismo, instó a que se permita el contacto del gendarme con sus familiares y representantes consulares, en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Además, el tribunal ordenó la formación de una causa penal para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de Gallo. También se remitió copia de la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores para que notifique a las autoridades venezolanas a través de los canales diplomáticos disponibles.

Mientras tanto, la denuncia contra Laborde sigue su curso en el ámbito judicial. El Ministerio de Seguridad ha solicitado que se inicie un sumario penal para investigar su conducta y determinar si efectivamente incurrió en el delito de traición a la Patria. Este caso, que combina elementos de política internacional, derechos humanos y disputas internas, continúa generando tensiones tanto en el ámbito diplomático como en el político.