Los mensajes que vincularían al ex senador Kueider con las coimas pagadas por la empresa Securitas

Una serie de mensajes de Whatsapp entre los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas y procesados en la Justicia Federal por el pago de coimas a funcionarios de la empresa de energía provincial ENERSA, revelan que el ex senador Edgardo Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

El intercambio fue descubierto del análisis de los celulares de los hermanos Tórtul secuestrados en una serie de allanamientos dispuestos por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en abril pasado, en sus domicilios en Paraná, Entre Ríos, en el marco de la causa Securitas. Este expediente se inició en 2020 tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada, en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios entre fines de 2016 y principios de 2019, para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas públicos, entre ellas ENERSA.

Por el volumen del material secuestrado, el resultado del peritaje de los dispositivos electrónicos fue incorporándose a la causa a lo largo de estos últimos meses y vino siendo analizado por la Fiscalía federal a cargo de Fernando Domínguez y el Juzgado de San Isidro. Los mensajes en los que se menciona a Kueider aparecieron con posterioridad al procesamiento dispuesto por la magistrada el 3 de mayo de este año que, si bien alcanzó a los Tórtul, no incluyó a Kueider en esa instancia.

A continuación, Infobae reproduce textual - con los errores de ortografía y tipeo originales - los mensajes que le envió Claudio Tortul el 7 de junio de 2017 a su hermano Marcelo:

“Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic), escribió Claudio en referencia al pliego de la licitación por parte de ENERSA del contrato de seguridad. El apellido Kueider aparece mal escrito. En ese momento, el hoy ex senador era jefe de Gabinete del entonces gobernador peronista Gustavo Bordet. ”Sabe porque estaba en concordia”, continuó Claudio Tórtul, sobre la ciudad de la que son oriundos Kueider y Bordet.

”Pliego y que vaya por unidad”, puede leerse en otro mensaje a continuación. “Y alternativas de servicios”, señala en referencia a las que serían las características del pliego licitatorio. “Van a amoliar (sic) a ENERSA”, continuó Claudio Tórtul, en un texto en el que que habría querido poner “ampliar” la contratación a la empresa energética provincial. “En esto pingamosle (sic) celeridad”, continúa, y concluye: “Q lo sacamos”.

“Si bien sigue siendo materia de investigación la intervención que podría haber tenido el imputado Kueider en el denominado caso ENERSA, surgiría de aquel diálogo una posible relación con un pliego de dicha empresa estatal (”van a amoliar a enersa me dijo” SIC) en el que se encontraba interesado uno de los hermanos Tortul”, determinaron los investigadores. Así quedó plasmado en el exhorto internacional de extradición contra Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, dictado por Arroyo Salgado el martes pasado y enviado a la Cancillería argentina.

La magistrada federal busca que ambos sean enviados de regreso al país para indagarlos en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado, entre otros delitos, abierta en julio pasado, y cuya conexidad con la causa Securitas dispuso en octubre. Kueider y su acompañante cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. En el Juzgado de Arroyo Sagado y la Fiscalía de Domínguez temen que puedan ser liberados en cualquier momento ya que se trata de un delito relativamente menor, que en el país vecino implica una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa. Por eso, la jueza el envió a Interpol un pedido de captura nacional o internacional contra ambos.

Infobae consultó al nuevo abogado defensor de Kueider y de Guinsel Costa en Argentina, Juan Martín Cerolini, pero declinó hacer comentarios sobre los mensajes porque no pudo acceder todavía al expediente que está bajo secreto de sumario. “Aún no pudo ver la causa porque la Jueza no despachó ninguno de mis escritos”, señaló.

Los teléfonos de los Tórtul fueron secuestrados en los allanamientos dispuestos por Arroyo Salgado a sus domicilios, junto a pendrives y discos externos que aún están bajo análisis. Los operativos incluyeron al edificio Live que construyó su desarrolladora en Paraná, en el que Claudio y Marcelo Tórtul poseen tres departamentos y tres cocheras, y son vecinos del propio Kueider.

El ex senador compró en ese coqueto edificio de Santiago del Estero 511, en 2021, tres departamentos con dos cocheras a través de la empresa Betail SA. Kueider y los Tórtul son los dueños de los semipisos del 13 A y 13 B, respectivamente, unidades de tres dormitorios con un valor de mercado que superan los USD 350.000 cada una.

La propiedad de los departamentos y las cocheras fue revelada por la revista Análisis el 6 de junio pasado, y unos días después por el sitio El Disenso. Como titular de las expensas, figuraba hasta mayo Betail SA, la empresa a la que Kueider había entrado como accionista y director en diciembre de 2019. Constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ, como reveló Infobae.

Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Guinsel Costa, con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva. Kueider solía vivir en el departamento más grande del piso 13 cuando estaba en Paraná. Guinsel Costa estuvo nombrada este año en el despacho del entonces senador, con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones, pese a que fuentes del Senado le dijeron a Infobae que no se la veía por la Cámara alta.

Llamativamente, ni Betail SA ni Guinsel Costa registran inmuebles a su nombre, según la respuesta del Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos a un oficio enviado por el fiscal de Concordia, José Arias, que también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, de debe a que aún no fueron escriturados por algún tipo de “faltante” en la documentación del Fideicomiso Santiago Tejeiro, a través del cual Betail SA compró los inmuebles. Sin embargo, el fiscal Arias corrobó que la firma era la dueña por los boletos de compra-venta que secuestró en un operativo en la sede de la constructora en la calle Córdoba al 500, en Paraná.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

Ahora, los investigadores quieren desentrañar si el dinero para la compra de los departamentos en el edificio de los Tórtul podría estar vinculado al pago de coimas por parte de la Regional Litoral de Securitas, a cargo de esos dos hermanos, a la empresa provincial ENERSA. Este es el punto en el que se conectan la causa Securitas - iniciada en 2020 - y la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider y presunto lavado de dinero, que comenzó en la Justicia federal a principios de julio, en paralelo a la causa abierta en Concordia por el mismo delito.

La lupa hoy está puesta sobre el crecimiento patrimonial de Kueider, quien entró a la política y la función pública en 1999, cuando ingresó como concejal de Concordia. Luego desarrolló su carrera en el gabinete de ese Municipio y saltó a la provincia, cuando asumió como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato de Bordet. Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura del ex senador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados del material incautado en distintos allanamientos en la causa Securitas, los hermanos Tórtul habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio.

En la causa madre de Securitas, los dos hermanos tienen un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Están acusados der asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores-, y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios.

Para la Justicia Federal, “se encuentra acreditado que Edgardo Kuedier, a la época de los hechos investigados en el marco de la causa FSM 3084/2020 (causa Securitas), según acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de ENERSA de fecha 29/04/2019, remitida por el mentado organismo en el marco de la causa referida, era el representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en ENERSA, encontrándose “debidamente legitimado para asistir y votar […] por mandato otorgado por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don Gustavo Bordet”.

Ante la consulta de este medio, el ex gobernador entrerriano entre 2015 y 2019 negó que el Poder Ejecutivo provincial formara parte de la administración de la empresa, o que participara de sus decisiones de contratación, que recaían en su presidente y el directorio. Bordet aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”, y que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.

Como reveló Infobae hace una semana, en el expediente en la causa Securitas, hay un mensaje que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionaban el precio acordado por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años, con una actualización del monto.

También hacían referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Ethios.

Bordet - actual diputado nacional por Unión por la Patria - desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tórtul o Securitas. Respecto de ese mensaje entre los hermanos, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de las tarifas, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.

También negó cualquier vinculación con los Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé mensajes de Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.

La Cámara Federal de San Martín - integrada por Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández - confirmó a principios de este mes el procesamiento del ex gerente de ENERSA Alejandro Cis, pero le dictó la falta de mérito a Héctor Daniel Morales, ex gerente legal de la empresa de energía e hijo del ex procurador general de Entre Ríos Héctor Morales; y al ex gerente general Juan Carlos Pimentel, hermano de integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná Gustavo Pimentel.