Las provincias se diferencian de Milei con sus presupuestos, pero advierten por el uso de fondos en un año electoral

El gobierno nacional cerró la puerta a cualquier discusión sobre el Presupuesto. El planteo inicial del debate era que no podía ponerse en riesgo el déficit cero. No obstante, todas las iniciativas presentadas por legisladores, tanto oficialistas como opositores, fueron rechazadas por La Libertad Avanza.

Desde sectores opositores sostienen que ese fue siempre el objetivo: reutilizar el Presupuesto aprobado en 2022 para el ejercicio 2023, con el fin de manejar las partidas según conveniencia. Según el proyecto enviado por la administración de Javier Milei, el Ejecutivo contará con 30 billones de pesos que podrá administrar libremente.

“Se toma un presupuesto con los valores establecidos en ese momento. El problema es que, si considerás desde diciembre de 2022 hasta hoy, tenés una inflación acumulada de casi el 600%. Eso implica que hay programas que no recibirán fondos”, explicaron desde uno de los distritos más relevantes del país.

Sin embargo, esa falta de diálogo no se replicó en las provincias, ya que las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires decidieron avanzar con sus propias normativas presupuestarias, las cuales ya han sido aprobadas.

“Utilizamos las variables macroeconómicas del proyecto de Milei en lo que respecta al tipo de cambio y la inflación, porque son indicadores sobre los que, desde las provincias, no podemos incidir. Después, tuvimos que adaptarnos. Hay un poco de realidad y un poco de ficción, más de esta última de lo que suele haber”, comentó un ministro provincial que ya cuenta con su presupuesto aprobado.

Desde la provincia de Buenos Aires, afirmaron a Infobae que, en la elaboración del Presupuesto 2025, se “respetaron exactamente los recursos de origen nacional informados por el Gobierno en el marco macrofiscal del año 2025, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley N.º 25.917 de Responsabilidad Fiscal”.

El proyecto presentado por Milei contempla una inflación del 104,4% para 2024 y del 18,3% para 2025. Asimismo, el cálculo oficial proyecta un dólar a $1.207 a finales del próximo año, un superávit primario del 1,3%, equilibrio en el resultado financiero, un crecimiento del PBI del 5%, superávit en la balanza comercial y un incremento en la recaudación.

El aspecto que quedó sin aclarar para las provincias es el 1% de los fondos coparticipables retenidos por la Nación, que se convierten en Aportes del Tesoro Nacional, luego distribuidos de manera discrecional por el Ejecutivo.

Para comprender el dilema que enfrentan los gobernadores en sus territorios, es clave saber qué hará la Casa Rosada. Durante diciembre, no se enviaron recursos a las provincias, y este es el cuarto mes consecutivo en que se retrasan los giros. Hasta el cierre del año, el monto acumulado sin distribuir entre los gobernadores asciende a aproximadamente $700.000 millones, una suma que puede determinar la existencia o no de déficit en varias jurisdicciones.

Esa situación está reflejada en numerosas leyes provinciales, al igual que la falta de inversión en infraestructura. “No hay obras financiadas por la Nación. No hubo este año, y mucho menos habrá el próximo, cuando ni siquiera tienen que cumplir con algo aprobado en el Congreso”, señalaron desde un distrito del norte “olvidado” por la Casa Rosada.

La mayoría de los presupuestos provinciales muestra un aumento en la inversión propia en obras, teniendo en cuenta la limitada asistencia que prevén recibir de Nación. Algo similar ocurre en áreas como salud y educación. “La pelea será dura. Los presupuestos provinciales están ajustados, y ellos —por la Casa Rosada— tendrán amplios recursos. Hasta ahora, la política no fue de látigo y billetera, sino solo de látigo. Con las elecciones a la vista y listas propias en la mayoría de los distritos, ni siquiera los del PRO se salvarán”, aseguró el mismo gobernador.

Las 24 jurisdicciones ya cuentan con sus planes para el próximo año y han trazado sus estrategias. No obstante, las políticas públicas dependerán de lo que suceda con el Gobierno central y de los recursos que este asigne a cada territorio, dado que no cuenta con una ley que lo limite. Por el contrario, dispondrá de un amplio margen para manejar los fondos según su criterio.