Cordero salió al rescate de Moyano, pero la relación del sindicalismo con el Gobierno depende hoy de Luis Caputo

Hasta ahora, la buena relación del Gobierno y el sindicalismo dependía en gran parte del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores de la administración libertaria con la CGT, pero ahora la suerte de ese vínculo depende de su tío Luis Caputo, ministro de Economía y responsable del tope salarial del 1% que está poniendo en jaque algunas paritarias clave como la del Sindicato de Camioneros.

Aunque ningún dirigente gremial tiene relación directa con “Toto” Caputo, los líderes dialoguistas de la CGT están extremando sus esfuerzos en estas horas para hacerles entender a Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si no se flexibiliza el techo de las negociaciones salariales puede ponerse en marcha nuevamente la gimnasia de los paros generales, que ya afectó al gobierno de Javier Milei en dos oportunidades a sólo 4 meses y 28 días de su asunción.

Hugo Moyano está ante un dilema complejo. Debe cerrar un aumento satisfactorio para no darle espacio en Camioneros a un combativo como Pablo Moyano, su hijo mayor, y para superar el efecto demoledor de las críticas de los recolectores de residuos de Capital al acuerdo con el gobierno porteño en el que cedió por primera vez en su reclamo de indemnizaciones para los trabajadores de las empresas a las se les vencían los contratos (la “ley Moyano”), aunque se habían prorrogado.

Hoy, la principal ayuda del Gobierno al líder de Camioneros proviene del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ya lo auxilió en abril pasado cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada y lo aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.

Ahora, Cordero no tiene margen político para apartarse de la rígida pauta salarial del 1% que fijó el ministro de Economía, pero la conciliación obligatoria en el conflicto de Moyano se pareció demasiado a un salvavidas. Luego de la tensa audiencia de este jueves entre sindicalistas y empresarios, donde Trabajo insistió en que no podía homologar un aumento del 8% para el trimestre diciembre-febrero (en tres cuotas del 3%, 2,5% y 2,5%), con cifras superiores a la inflación prevista para principios de 2025 y el riesgo de que se trasladaran a precios.

Por eso a Moyano no le quedó otra opción que cumplir la amenaza de comenzar las protestas, una opción que le resultaba incómoda: nunca habló de hacer un paro ni una movilización, sino de llevar adelante “medidas de acción directa”. Lo único que hubo, en realidad, fueron asambleas informativas realizadas en distintas empresas del sector. Una reacción más inofensiva de la que se esperaba, hasta tal punto que una de las cámaras, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) le pidió por escrito a Cordero que declarara la conciliación obligatoria, pero esa decisión se demoró casi un día porque no había certeza de las protestas.

Aún así, para Moyano fue un alivio que este viernes por la mañana se aplicara la conciliación obligatoria. Le sacó de encima la presión de tener que aumentar la intensidad de las medidas de acción directa en una época del año que es difícil para que haya un masivo acatamiento a un paro: muchos trabajadores ya cobraron el aguinaldo o tienen la cabeza puesta en las vacaciones. “Hugo zafó porque iba a quedar en evidencia que la gente no tenía ganas de parar”, señaló un empresario.

Pero también zafó de otro peligro. Cuando comenzaron las asambleas informativas de Camioneros, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), conducido por Juan Méndez, advirtió: “Las asambleas son el derecho del trabajador a reunirse, pero de ninguna manera constituyen medidas de acción directa para entorpecer el funcionamiento de la empresa. La mafia sindical utiliza herramientas legales de manera ilegal, impulsando a sus afiliados a cometer delitos. Las asambleas usadas como medidas de acción directa pueden interpretarse como bloqueos encubiertos y ser causal de despido”.

De esa forma aludió al artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado.

Por eso la conciliación obligatoria permitió que las asambleas se extendieran durante menos de un día y así se limitó el riesgo de que algunas asambleas terminaran con despidos, algo que hubiera agravado el conflicto del Sindicato de Camioneros a un punto máximo.

Se abren así 15 días de conciliación obligatoria, prorrogables por otros 5, en el que Camioneros y los empresarios estarán obligados a negociar sin tomar ninguna medida que interfiera las tratativas. En el sector dialoguista de la CGT creen que ahora habrá más tiempo para convencer al ministro de Economía de aflojar la pauta salarial del 1%. ¿Y si mantiene su intransigencia? “Nos van a obligar a hacer lo que no queremos”, afirmó con resignación un moderado de la cúpula cegetista. Lo que no quieren, obviamente, es pintarse la cara para ir a la guerra contra Javier Milei.

Por más que quiera continuar bajando la inflación, el Gobierno también necesita que el sector dialoguista de la CGT y su aliado Hugo Moyano sigan apostando a negociar y se mantengan alejados de la postura ultraopositora de Pablo Moyano y el sindicalismo K.

¿Cómo se saldrá de este laberinto en las últimas semanas del año? Cada parte cuida su postura, pero la Casa Rosada ya se dio cuenta de que los sindicalistas casi no reaccionan ante las provocaciones libertarias, así que avanzan con decisiones que van a contramano de la paz con la CGT.

Además de las paritarias con techo del 1%, los dialoguistas de la CGT se quejan de que Milei anunció “una verdadera reforma laboral” y que La Libertad Avanza presentó el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del DNU 70 que plantea cambios en la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero el tema clave en estas horas son las paritarias, que pueden arruinar la tregua sindical y lograr que Hugo Moyano termine al lado de su hijo Pablo en contra del Gobierno. La llave para destrabar este escenario de enfrentamiento está en manos de una sola persona: Luis Caputo.