La investigación por la tragedia del avión de San Fernando podría comprometer penalmente a la ANAC

Bajo el secreto de sumario y muchas incógnitas sobre el accionar de los bomberos, la investigación por el accidente fatal del avión que se despistó y chocó contra una casa en San Fernando, dejando como saldo la trágica muerte de los pilotos, avanza con varias hipótesis que podrían tener consecuencias para la ANAC, el ente gubernamental que depende de la secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta.

En paralelo al expediente que impulsa la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, avanza, como en todo siniestro de transporte, la investigación de la Junta de Seguridad de Transporte (JST), cuyo rol no es buscar culpables, sino las causas del accidente. Sin embargo, aquí podría estar la primera irregularidad. Si bien la TSJ es independiente -es un organismo descentralizado que se desempeña bajo la órbita Ministerio-, ocurre que su actual titular, Federico Suleta, nombrado el 11 de noviembre, antes actuaba como jefe de Gabinete de la ANAC.

Esto quiere decir que Suleta “estaría de los dos lados del mostrador”, según definió una fuente con acceso a la causa. En concreto, la objeción sería que Suleta era jefe del ente que actualmente debe investigar. Esto no es un delito, aclara la misma fuente, pero advierte que “no es aconsejable en la normativa internacional”. El Convención de Chicago, que estableció los principios básicos para el transporte aéreo, marca que las juntas investigadoras deben tener total independencia.

Otro punto que podría aparecer en una auditoría y complicar a la ANAC es que no puede ser regulador y prestar servicio de lo que regula. En el caso argentino, el ente brinda servicios de sanidad, terrestre y de bomberos. Pero la mayor falta no estaría en esta incompatibilidad, sino en la actuación de los bomberos que dependen del organismo.

Lo que indican las normas globales es que un bombero dedicado a los accidentes aeronáuticos debe llegar, como máximo, en tres minutos al lugar más distante posible. En San Fernando, quienes actuaron están físicamente dentro del aeropuerto, a 800 metros de donde se produjo la colisión. Lo más probable es que la jueza Arroyo Salgado determine que tardaron más de tres minutos, concluya que falló el sistema y esto podría comprometer penalmente a los bomberos y a la ANAC.

Pero los bomberos no serán solamente evaluados por su presunta tardanza para llegar al lugar del siniestro. Una pericia clave será la densidad de la espuma que se utilizó para apagar las llamas generadas por el choque del avión. En la dependencia del aeropuerto hay un camión rojo y uno verde, que es el que cuenta con el agente espumógeno para apagar el fuego con más eficacia. Éste llegó tarde y el primero en arribar tenía una manguera finita (línea de entre 38 y 45 mm) que no sirve para apagar un incendio de tal magnitud rápidamente.

Una fuente técnica que trabaja en la causa le explicó a Infobae que la clave está en la proporción necesaria entre la espuma y el nivel de agua: aunque tenga espuma, si no tiene la justa y contiene más agua, el producto químico deja de tener efecto.

“Técnicamente, todo esto puede terminar en una causa penal”, resumió.

Los testimonios de los vecinos de la zona que se acercaron a la aeronave también son clave: dijeron que comenzó a prenderse fuego lentamente y los pilotos Martín Fernández Loza, de 44 años, y Agustín Orforte, de 35, aún estaban vivos. Por ejemplo, Narcisa, la dueña de la casa en donde impactó el avión, habló con TN y afrmó: “Pedían auxilio, que los saquen, que los ayuden, pero nadie se acercó”.

Para determinar otras causas de la tragedia, la Justicia deberá ahondar en dos temas que también son responsabilidad de ANAC: las condiciones del avión y las licencias de los pilotos. Para lo primero, una hipótesis es que falló uno de los reversores -lo que en la turbina invierte el flujo del aire y ayuda a frenar- y por eso la nave se inclinó para un costado. Con respecto a las licencias, solamente se deberá corroborar que estaban habilitadas.

Para algunas de estas cuestiones serán decisivas las cajas negras, que son dos: una para las voces de la cabina y otra con los datos del sistema, como la velocidad a la que iba el avión o la del viento en ese momento. La única demora que habrá con esto es que la Argentina no tiene la tecnología para abrirlas y en consecuencia serán mandadas a otro país. Las opciones son Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, China o Singapur.