El ex senador Edgardo Kueider solicitó su eximición de prisión en la causa por enriquecimiento ilícito que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en Argentina, para que la investigación en su contra se lleve adelanto él estando en libertad. El pedido incluye a la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa. Ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. Ese delito tiene en el país vecino una pesan de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa.
En un escrito presentado en el Juzgado Federal de San Isidro por su abogado Maximiliano Ruiz, el ex legislador entrerriano también solicitó recusar a la magistrada para apartarla de la causa por considerar que “hay una persecución política y prejuzgamiento” de su parte.
El pedido de la defensa tiene lugar luego de que Arroyo Salgado presentara el martes un exhorto internacional para la extradición con fines de tomar declaración indagatoria a ambos. Kueider había perdido sus fueros el jueves de la semana pasada tras ser expulsado de la Cámara baja por una amplia mayoría de votos. La jueza tomó la decisión a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.
El expediente en la Justicia Federal - que corre en paralelo a otro iniciado en la Justicia de Concordia - se abrió a principios de julio pasado por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones del sitio El Disenso y elentrerios.com que revelaron que el ex senador tenía, al menos, tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad - Betail SA - que habría usado como pantalla.
La magistrada también había solicitado el traslado de ambos en condición de detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.
Además, la magistrada también le requirió a Interpol su captura nacional e internacional, en caso de que Kueider sea liberado en Paraguay. La misma solicitud hizo respecto de su acompañante, quien está siendo investigada por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider se abrió luego de que saliera a la luz - por una revelación periodística de la revista Análisis y el sitio El Disenso - que la empresa Betail SA figuraba como titular de la expensas de tres departamentos y dos cocheras en un lujoso edificio en la ciudad de Paraná. Se trata de la firma en la que que Kuieder entró como accionista, el 16 de diciembre de 2019, seis días después de asumir como senador nacional, junto con Rodolfo Daniel González, su amigo y socio, empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Betail compró esas unidades en 2021, a través de un fideicomiso, lo que dificultaba saber quién era su verdadero dueño. En junio pasado, las expensas pasaron a estar a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kuieder en la Cámara alta, y era quien pagaba las expensas, según declaró el administrador del edificio ante la Justicia. La joven - con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva - está sospechada de actuar como su testaferro.
Esta causa está vinculada a otra anterior que tramita en el mismo Juzgado Federal en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre principios de 2017 y abril de 2019, para mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide parcialmente con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre 2015 y 2019. El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas el 8 de octubre pasado.
Actualmente hay dos expedientes en los que se investiga al ex legislador por enriquecimiento ilícito. Una está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, y la otra se sustancia en Concordia, la ciudad entrerriana de la que es oriundo Kueider, con el impulso del el fiscal provincial José Arias. Arroyo Salgado le pidió ayer la inhibitoria de la Justicia entrerriana en un oficio enviado al juez de garantías Edwin Ives Bastian.