A partir de las presiones por parte de la CGT para negociar sin topes las paritarias de sindicatos como Camioneros y Sanidad, el Gobierno suspendió una mesa tripartita de diálogo de la que también iba a participar el sector empresarial y que tenía como objetivo debatir un proyecto para una nueva reforma laboral, “más profunda” de la que se aprobó con la Ley Bases.
El encuentro estaba previsto que se realizara en las oficinas que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene en la planta baja de la Casa Rosada, en lo que era el Ministerio del Interior, y originalmente estaba programado para el miércoles.
Sin embargo, en medio de las conversaciones surgió la posibilidad de adelantar la reunión para este martes e inaugurar, de esta manera, una instancia de diálogo que se viene planificando desde hace tiempo.
Hasta el momento, el funcionario recibió por separado y en distintos momentos tanto a los representantes de la central obrera como al denominado “Grupo de los Seis”, integrado por los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Mario Grinman, y de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.
La intención ahora era que las dos partes -sindical y privada- coincidieran en una mesa a la que también habían sido invitados el secretario de Trabajo, Julio Cordero, e integrantes del Ministerio de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo, pero esto finalmente no ocurrirá hasta el año próximo.
Según pudo saber Infobae, Francos y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y una de las principales figuras del ala dialoguista de la CGT, hablaron el sábado y el jefe de Gabinete le anticipó su idea de convocarlos a este encuentro.
Pero, como anticipó este medio, el líder de la UOCRA le advirtió que la cúpula cegetista no iría si antes no se firman paritarias clave que están frenadas, como las de Camioneros y de Sanidad.
Por eso, una alta fuente de la CGT descartó a Infobae que haya reuniones con la Casa Rosada y los empresarios antes de que termine este 2024: “Todo eso pasará para el año que viene -dijo-. Ahora no hay clima para sentarse a hablar”.
Es que la central obrera está molesta porque el Gobierno les transmitió a sindicalistas y empresarios un pedido del Ministerio de Economía: que cierren aumentos salariales para 2025 que estén por debajo de las previsiones inflacionarias (que se ubican en el orden del 1% mensual) y que el sector empleador se comprometa a no trasladar esa mejora a los precios.
El Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales tendrán este martes una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo para intentar un acuerdo salarial para el período diciembre-febrero, pero si fracasan las tratativas el gremio que lidera Hugo Moyano tiene previsto comenzar al día siguiente con medidas de fuerza.
El líder de ese gremio reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $20 mil por trabajador). Los empresarios aseguran que no están en condiciones de pagarlo y contraofertaron un 1% mensual, que es la cifra que el Ministerio de Economía quiere como tope para las negociaciones de 2025.
Una situación similar se presenta en las tratativas de la Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA), encabezada por Héctor Daer, que negocia contrarreloj con los empresarios la revisión salarial para enero y febrero, con un problema complejo: cualquier cifra que se pacte, como es tradicional, se traslada a los precios que pagan los afiliados de las prepagas.
Daer hizo declaraciones este lunes sobre los límites que quiere poner el Gobierno a los aumentos salariales: “Hay una reprobación absoluta de esto, de querer pretender limitar las paritarias, producto de la no homologación. Es un absurdo, es absolutamente repudiable y hasta se siente como una provocación que un ministro de Economía que se jacta de que acomoda la macroeconomía, que los que tienen bono obtienen ganancias y se está fijando en el 0,5% de aumento de los trabajadores que ganan sueldos bajísimos”.
El viernes pasado, quien criticó a la Casa Rosada por lo mismo fue el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada: “¿Qué carajo hacen entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos la paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto?”.
Lo dijo poco antes de un congreso de la Federación Camioneros que se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial con los empresarios. Pero Moyano, el titular de la organización, también afirmó este lunes que también rechaza cualquier nuevo cambio en la legislación laboral, tal como anunció Javier Milei: “No sé si habrá reforma laboral. Hasta ahora se dicen tantas cosas, pero no se concretan. No creo que el gobierno intente nuevamente eliminar los derechos de los trabajadores porque sería un error total”.
En este contexto, y sin un acuerdo a la vista entre la CGT y el Gobierno que destrabe el conflicto por los aumentos salariales, la mesa tripartita con los empresarios también quedó en suspenso, al igual que el debate de la nueva reforma laboral.
De todas maneras, las autoridades nacionales todavía no definieron si convocarán o no a sesiones extraordinarias en el Congreso, donde se debería votar esa eventual iniciativa, al no contar con el apoyo necesario de la oposición para tratar los temas que le interesan al Poder Ejecutivo.