Los cruces por la institucionalidad y la transparencia perturban el inicio del segundo año de mandato de Javier Milei. El caso de Edgardo Kueider, cuya salida del Senado derivó en una sesión cuestionada por su legitimidad; la pelea con Victoria Villarruel y las críticas del PRO de Mauricio Macri agravan un clima político caldeado, que complica los planes del Gobierno de enfocar la agenda en las mejoras de la economía y las desregulaciones.
En la Casa Rosada, la confianza en el respaldo popular de Milei está intacta. El entorno presidencial aplaudió a cuatro manos el sábado la convocatoria en el teatro Broadway de la “Misa” del “Gordo Dan” (Daniel Parisini) la noche previa. Y para los asesores presidenciales, la opinión pública sigue siendo su principal herramienta de gobernabilidad. “Lo único que importa es que la inflación está bajando, el resto no le importa a nadie”, afirmó uno de ellos con una sonrisa, minimizando los problemas en el Congreso.
A pesar del optimismo interno, surgen señales de preocupación. Durante la cena anual de la Asociación de Magistrados, el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda advirtió sobre el debilitamiento del Poder Judicial y el Congreso frente al Ejecutivo. Y sus palabras resonaron en el Gobierno, donde reconocen que la imagen institucional del país puede tener consecuencias puertas afuera.
Además, el debate en torno a la designación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema sigue generando tensiones. Desde el PRO, Mauricio Macri usa este caso y el fracaso del proyecto “Ficha Limpia” para cuestionar el compromiso del Gobierno con la ética pública. Y en su entorno insinúan irregularidades en la licitación de la hidrovía, aunque hasta ahora las acusaciones se mantienen en el plano declamativo y lo amarillos no se atreven a llevar sus acusaciones a la vía judicial.
Los libertarios no se quedan atrás y rebaten argumentos. Recuedan los escándalos del kirchnerismo en la Justicia y apuntan contra figuras como Cristian Ritondo, cercano a Macri, quien acaba de empezar a ser investigado por enriquecimiento ilícito. En el entorno de Milei también recuerdan que durante la gestión de Cambiemos se designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema. “Macri no tiene autoridad moral para hablar de República”, afirmó un funcionario libertario.
En medio de la escalada de tensiones, Milei redobló la apuesta y dejó entrever, desde Italia, que podría recurrir nuevamente a decretos para avanzar con las designaciones en la Corte Suprema si el Senado no logra destrabar el proceso. La declaración provocó una reacción inmediata de la ONU, cuya relatora especial sobre justicia independiente instó al respeto de los procedimientos constitucionales.
Y, como respuesta al caos en el Senado por Kueider, el oficialismo, empeñado en defender la banca de su aliado, dice que está firme la contraofensiva que prepara Santiago Caputo para destituir legisladores con causas abiertas, tanto aliados como opositores. Aunque la falta de voluntades en el Congreso y las dudas sobre la viabilidad del plan generan escepticismo incluso entre sus propias filas. Desde la oposición, el kirchnerismo, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica coinciden en que las eventuales destituciones son un objetivo lejano.
La pelea con Victoria Villarruel es, quizá, el caso más grave de problemas institucionales. Milei la culpó de la sesión irregular que trató la salida de Kueider, mientras que la secretaria general, Karina, ventiló chats comprometedores y la acusó de mentir. Estas disputas internas debilitan la posición del oficialismo, que se enfrenta no solo a las críticas de la oposición, sino también a las de sus propios aliados, que calificaban como “un papelón” el desenlace de la sesión especial del jueves.
Ahora, el Gobierno evalúa cómo responderá los eventuales requerimientos de la Justicia, que deberá decidir sobre la legitimidad de la sesión tras el amparo presentado por Kueider. Por lo pronto, Milei ya dijo que la considera inválida, y Villarruel admitió que hubo un desmanejo, aunque en el Senado buscaron compartir responsabilidades.
Mientras tanto, el rol de Santiago Caputo, una figura clave en el Gobierno sin un cargo formal, genera malestar puertas adentro y fuera del Gobierno. Aunque oficialmente es monotributista, toma decisiones de peso, pero no las firma, lo que despierta cuestionamientos de funcionarios que lo acusan de comprometer al resto y preservarse a sí mismo. Mientras que los rumores sobre una posible salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete por cuestiones de salud añaden aún más incertidumbre a la mirada sobre la administración. En su círculo admiten que tuvo dificultades, pero juran que está más activo que nunca y que no está ni remotamente en sus planes dejar el cargo.
Por último, si bien parece lejano, el malestar por el cierre de las negociaciones por un presupuesto para 2025 dejó a los gobernadores masticando bronca. Sin un marco presupuestario definido, el Ejecutivo tiene libertad para imponer recortes que amenazan las cuentas provinciales, y los mandatarios se sienten maniatados frente a las políticas de ajuste del Gobierno. Aunque pocos se atreven a manifestarlo abiertamente. Las encuestas, muy favorables a Milei, los obligan a mantener en silencio el enojo, por ahora.
Con un segundo año que arranca lleno de conflictos polítocos internos y externos, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las promesas de mejoras en el plano económico con los llamados a fortalecer las instituciones, en un entorno político cada vez más fragmentado, donde los principales espacios opositores quedan atravesados prácticamente a diario por peleas sin cuartel. Para la Casa Rosada, el camino para las elecciones del año que viene, si el rumbo de la macro se mantiene y empiezan a verse mejoras en la microeconomía, está allanado, más allá de cualquier cuestionamiento por la calidad institucional.