La CGT comenzó una nueva etapa sin Pablo Moyano, con su papá Hugo en la mesa chica que toma las principales decisiones y otro dirigente de Camioneros, Octavio Argüello, en el triunvirato. ¿Qué cambiará en la cúpula cegetista? Se reforzó el sector dialoguista con la incorporación de un peso pesado del sindicalismo como Hugo Moyano, pero aún no está claro si esa vocación negociadora que eligió la CGT tendrá algún gesto de reciprocidad por parte del gobierno de Javier Milei. Más bien, parece todo lo contrario a la luz de algunas señales que dan desde el poder libertario.
El propio Presidente encendió una luz amarilla en el tablero cegetista cuando la semana pasada, en su discurso por cadena nacional a raíz de su año de gestión, anunció: “Vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas para que la sociedad elija legalmente qué país quiere”. Y mencionó específicamente: “Una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y otras tantas reformas que el país se debe desde hace décadas”.
¿Es el mismo Presidente que el 30 de septiembre habilitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a su asesor Santiago Caputo a recibir a la CGT en la Casa Rosada para prometerle que aceptaría consensuar el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, llamar al diálogo tripartito y frenar en el Congreso la llamada “Ley Tetaz”, que pone fuertes límites y controles al poder sindical?
Los dirigentes gremiales están desconcertados. A esas promesas siguieron la prolongada demora en llamar al diálogo a la CGT y a los empresarios del Grupo de los Seis, el viraje de los diputados libertarios que firmaron en comisión la “Ley Tetaz” luego de que le habían quitado el apoyo por pedido de los líderes sindicales dialoguistas y, finalmente, la frustrada reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos porque hace un mes venció el plazo legal para hacerlo (120 días corridos desde la promulgación de la Ley Bases, que se produjo el 8 de julio).
Otra señal contraria a la paz con la CGT es el entusiasmo de la Casa Rosada por el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del capítulo laboral del DNU 70 que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.
Es decir, el mismo gobierno que cerró un acuerdo con la CGT promueve una iniciativa legislativa que implica más reforma laboral y, por lo tanto, más enfrentamientos con los gremialistas.
El proyecto fue presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada, por lo que no cabe duda del aval libertario.
Incluso fue anunciado el 27 de noviembre pasado en la 30° Conferencia Industrial de la UIA por el entonces secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, mano derecha de Luis Caputo que una semana después asumió como titular de ARCA, la ex AFIP. Desde fuentes oficiales se informó que “el objetivo es facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.
La iniciativa de La Libertad Avanza incluye, por ejemplo, cambios en el principio de irrenunciabilidad que protege al trabajador, tal como figuraban en el DNU 70 que quedó trabado en la Justicia: según el abogado Marcelo Aquino, “permitiría que todas aquellas condiciones acordadas por encima de la ley o los convenios colectivos de trabajo, es decir las convenidas entre las partes o por usos y costumbres, pueden ser renunciables por el trabajador, como el pago de una suma mensual por encima del salario de la categoría de convenio”.
Pero también incluye otras propuestas que no estaban en el DNU de Milei y serán aún más revulsivas para el sindicalismo, como el artículo 2°, que plantea la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para darle amplia potestad a los empresarios para cambiar las formas y modalidades del trabajo: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”.
No son los únicos de los 17 artículos del proyecto libertario que tienen destino de pelea frontal con la CGT, que también contemplan la “modernización” del Régimen de Trabajo Agrario y otros que prevén la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
En la CGT, por ahora, dudan sobre el avance de este proyecto, aunque no tienen garantías de que quede neutralizado. Uno de sus principales jefes dijo a Infobae: “Los números en Diputados siguen siendo ajustados. Hay que ver si pasa o no. Dependerá mucho del nivel de diálogo que tenga la CGT con el Gobierno. Salvo que Milei quiera romper la relación con la CGT, al menos no debería tener avances legislativos, quizá sí más cerca de las elecciones para usarlo electoralmente”.
Es obvio que este tema, como tantos otros, deberán formar parte de la agenda del diálogo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios, pero el problema es que esa convocatoria, a cargo de Francos, sigue congelada. Y en el gremialismo admitieron que se mantendrá así por un motivo contundente: las paritarias del Sindicato de Camioneros y de otras organizaciones están trabadas ante la decisión de Economía de que los aumentos salariales para principios de 2025 no superen el 1% mensual.
Lo denunció públicamente este viernes el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada: “¿Qué carajo hace (el Gobierno) entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos la paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto?”.
Lo dijo poco antes de un congreso de Camioneros que se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial con los empresarios, y Hugo Moyano advirtió que si fracasa nuevamente la audiencia del martes próximo en la Secretaría de Trabajo, el miércoles comenzarán un plan de lucha.
Moyano reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $20 mil por trabajador). Los empresarios aseguran que no están en condiciones de pagarlo y contraofertaron un 1% mensual, que es la cifra que el Ministerio de Economía quiere poner como tope para las negociaciones salariales de 2025.
¿Qué podrá hacer Cordero para ayudar a que se cierre pacíficamente esta paritaria clave? Porque del final feliz de este acuerdo salarial y de otros que se están negociando depende también que siga o no la tregua entre el Gobierno y la CGT y, obviamente, la convocatoria al diálogo tripartito.
Estas instancias cruciales se desarrollan justo cuando Hugo Moyano se involucró de nuevo en la CGT tras haber sido el inspirador del portazo de su hijo Pablo, de impronta ultraopositora, y garantizar así el diálogo con el Gobierno. Por esas paradojas de la política, si no hay soluciones para la encerrona salarial, quizá el líder de Camioneros termine en la calle junto a su hijo mayor para darle pelea a Milei. En el fondo, depende de este gobierno que no deja de dar señales contradictorias a los sindicalistas.