El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, denunció ante la Justicia graves irregularidades detectadas en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.
Según describió el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia habitual en la Casa Rosada, la administración de La Libertad Avanza, que se hizo cargo de la dirección de la institución fundada en 1941 a la que se denominaba como “leprosario”, descubrió que en el lugar funcionaba una “financiera clandestina”; que la Asociación de Internados generó enormes sospechas en la administración de los fondos públicos destinados a pacientes con enfermedad de Hansen (lepra), a los cuales se los remuneraba por los trabajos terapéuticos que realizaban a través de un sistema de administración que perjudica tanto a los pacientes como al Estado; y que se realizaba un “uso irregular de las viviendas que pertenecen al Estado”.
En la denuncia también se describe que los proveedores del nosocomio “pagaban sobornos”; que integrantes de la Asociación de Internados “retiraban raciones extra de alimentos sin justificativo, lo que representaba un alto costo a las finanzas del hospital”; y que en los campos aledaños que pertenecen al hospital, y que forman parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se cría ganado y se cultivan granos de manera irregular.
“Un aspecto crítico es el manejo del “peculio”, una remuneración para aquellos internos que realizan trabajo productivo, también conocido como laborterapia”, se sostienen en la denuncia a la que accedió este medio. Y abunda: “La remuneración -estatal- era manejada por la Asociación de Internados , quienes disponían del dinero de manera arbitraria lo que provocaba que en muchos casos la suma destinada no llegara a los pacientes o lo hiciera de forma reducida”. En el escrito, el director del Sommer, Santiago Cerneaz, expuso: “Han llegado denuncias anónimas que acusan a la Asociación de retener parte de esta remuneración a los pacientes”.
“Administración irregular”
En la actualidad, el Hospital Sommer presenta una infraestructura compuesta por diversas áreas residenciales construidas en terrenos del Estado Nacional . Estos espacios están destinados a aquellas personas que fueron internados en el pasado y que actualmente no padecen de una enfermedad infecciosa activa, pero sí sufren las secuelas de la misma. “Muchas de estas propiedades son administradas irregularmente por la Asociación de Internados, impidiendo la intervención de las autoridades del hospital”, describe el escrito judicial.
La gestión de espacios y recursos dentro del hospital ha sido motivo de disputa y denuncia. Por ejemplo, se han detectado que muchas viviendas se encuentran ocupadas por familiares de los representantes y Directivos de la Asociación de Internados, “sobre todo aquella descendencia directa: hijos nietos, sobrinos), los cuales no resultan ser enfermos de Hansen” un hecho que viola la normativa legal vigente, tal como lo establece el Decreto 1382/2012 . “La distribución de las casas a menudo beneficia a los familiares de los miembros de la Asociación, sin que padezcan la enfermedad o sus secuelas”, se expone en la denuncia. Este desequilibrio en el uso de los recursos estatales tiene consecuencias significativas, como el uso indebido de servicios básicos que deben ser destinados únicamente a los pacientes.
En cuanto al suministro y manejo de alimentos, la situación no es menos complicada. El director del establecimiento relató que: “La Asociación tenía un control significativo sobre este rubro, gestionando grandes cantidades sin el control adecuado del hospital. Un representante de la Asociación retiraba raciones extra de alimentos sin justificativo, lo que representaba un alto costo a las finanzas del hospital”.
También se descubrieron irregularidades en la actividad económica derivada de la explotación de tierras estatales. Según el texto: “El hospital cuenta con 300 hectáreas, donde se encontraron actividades ilegales de ganadería manejadas por la Asociación de Internados sin consentimiento del hospital ni del Estado “.
Este uso no autorizado de las tierras ya había sido denunciado por el director anterior Gustavo Marrone en 2023 por lo cual se encuentran bajo investigación judicial. “Hay animales de orígen desconocido dentro del predio del hospital, como así también corte del alambrado en el límite del predio del nosocomio. Se formó una tranquera para el paso de animales (vacuno) y vehículos”, denunció Marrone.
El ex director del Sommer relata en su escrito que recorrió el predio del hospital ocupado de manera ilegal y contó al menos “100 vacas más de 40 caballos”. A pesar de la presentación judicial y ante la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti la situación continuó.
En la ampliación de la denuncia se refuerza la situación así: “El Hospital cuenta con 300 hectáreas de terreno, de las cuales una parte fue usufructuada ilegalmente por la Asociación, ya que se encontraron allí alrededor de 100 vacas y 50 caballos de cuya actividad ganadera obtenían ingresos y ganancias, sin consentimiento de la Administración del Hospital ni del Estado Nacional”.
“Peculado y financiera trucha”
Uno de los puntos más indignantes de la denuncia sobre las irregularidades denunciadas por el ministerio a cargo de Mario Lugones es la explotación de los pacientes que residen en el Sommer. El escrito judicial lo resume así: “Aquellos residentes que realizan trabajos en el hospital (denominado “laborterapia”) perciben una remuneración llamada “peculio”. El peculio comprende una remuneración con la que se abona a los obreros-enfermos de Hansen que trabajan productiva y eficientemente como internados en los sanatorios y Colonias para asilados por el mal de Hansen. Autorizado por el Decreto 20723/1946, y varios decretos reglamentarios que establecen asignación de tareas, monto de los jornales y presupuestos para su pago, entre otros”.
También se detalla que, previo a asumir la nueva gestión, el “peculio” se pagaba en su totalidad directamente a la “Asociación de Internados”, Asociación que de manera absolutamente arbitraria disponía del dinero recibido y decidía el monto a percibir por cada unos enfermos Hansen, motivo éste por el cual, en muchísimas oportunidades el dinero no llegaba al beneficiario, o lo hacía en un importe menor al que le correspondía.
En este orden de ideas, han llegado denuncias anónimas a la dirección del hospital asegurando que la Asociación de Internados:
1) Retiene esta remuneración (peculio) a los pacientes debitando de forma compulsiva el valor de la cuota social; es decir, obligan a los internos a “pertenecer” a la asociación.
2) Opera de manera irregular una financiera, la cual no se encuentra inscripta en el registro de entidades financieras, otorgando préstamos de dinero a los residentes de dichas casas, con tasas usureras, cobrándolos directamente del peculio retenido.
3) El pago de dicho peculio se realiza a pacientes que se encuentran residiendo tanto en el hospital como extra muros, en función de una lista que es confeccionada por dicha asociación, en la cual no se permite la intervención de las autoridades sanitarias. Asimismo, muchos de los declarados enfermos de Hansen residen fuera del hospital, pero “reservan” una casa/cama para poder continuar cobrando dicha remuneración. Uno de los planteos por parte de algunos de los enfermos que se fueron a vivir al exterior, es que se les siga otorgando dicha remuneración.
Una de las primeras medidas que tomó la administración de La Libertad Avanza, según se le explicó a Infobae, fue la de implementar que el pago del peculio lo realizara el Nosocomio, casa por casa y paciente por paciente, previa acreditación de identidad, acompañados por personal de la Asociación. Actualmente la dirección del hospital se encuentra en “proceso de bancarización de quienes resultan beneficiarios del cobro del ‘peculio’”.
4) La Asociación maneja una “cooperativa”, y sobre ella se han recibido distintos comentarios:
a) “Esta Cooperativa tendría por objeto la provisión de alimentos a los internos, por lo que se les permite el retiro de mercadería sin contraprestación dineraria, para luego, al momento del cobro del peculio de los internos, retenerles sumas excesivas y fuera del costo de mercado, por las “deudas” contraídas. Algunos internos han comentado que los importes debidos a la cooperativa crecen mes a mes, y que demoran varios meses en saldar sus deudas”.
b) “En relación a aquellos enfermos que se encuentran internados en los pabellones por su condición crítica de salud, los que en muchos casos no cuentan con sus facultades plenas, ha llegado el comentario a esta Dirección que la Asociación les quita íntegramente el dinero recibido en concepto de peculio, entregándolo a la cooperativa, supuestamente para que los internos puedan retirar mercadería cuando la necesiten”.
“Sobornos y alquiler de viviendas”
El Hospital Sommer se destaca como una institución única en Argentina por su historia y función. Fundado en 1941 como un sanatorio-colonia para pacientes de la enfermedad de Hansen (lepra), su propósito inicial no solo fue brindar atención médica, sino también aislar a estos pacientes de la sociedad. Está ubicado en General Rodríguez, a unos 25 kilómetros de Luján. Este hospital es el último de su tipo en el país y, desde 1993, amplió su atención a otras enfermedades de mediana y baja complejidad.
Entre las principales irregularidades, la denuncia del Gobierno destaca:
1) La Asociación de Internados decide arbitrariamente quién puede ocupar las viviendas, violando de esta manera la normativa legal vigente para este Organismo (Decreto 1382/2012 y su Reglamentación por Decreto 2670/2015 AABE). De este modo, reasigna y distribuye las casas a su propio criterio sin permitir la intervención de la institución. Varias de estas viviendas están alquiladas a terceros, sin padecimiento de enfermedad o sus secuelas propiamente dichas, siendo el usufructo de la misma realizada de manera irregular y sin autorización de las autoridades sanitarias, controlado nuevamente por esta asociación.
2) De las 192 casas que cuenta el predio del hospital, 130 están ocupadas por enfermos de Hansen y 62 por personas que no padecen la enfermedad. En las 130 casas viven 150 enfermos, puesto que algunas casas son de uso compartido.
3) La Asociación de Internados controla también el suministro de alimentos, gestionando cantidades que se arrogan sin regulación adecuada. Este hospital cuenta con un sistema de racionalización de comida, la cual se otorga de manera cocida (a los internados en los pabellones) y cruda (raciones de alimentos sin cocción) principalmente para quienes habitan las viviendas. La dinámica que pudo verificarse sobre la distribución de estos alimentos era la siguiente: Un representante designado por la Asociación solicitaba grandes cantidades de alimentos crudos y distribuía los mismos sin ningún tipo de control por parte del nosocomio. Asimismo, concurría a la cocina del hospital y retiraba un total de 30 raciones extras de comida cruda por día, más allá de las designadas para cada casa (las mismas cuentan con carne, verdura, aceite etc.).
En la denuncia se describe que: “Esta modalidad de retiro de 30 raciones extras sin justificativo, fue desafectada de manera inmediata por orden del suscripto, representando a raíz de tal decisión un ahorro superior a los 300 millones de pesos por año, en cálculos estimados con el sector de nutrición. Uno de los supuestos es que parte de los mismos era utilizados en los comercios que se encuentran dentro del nosocomio y otra parte para uso personal de la plana mayor de dicha asociación”.
4) Otra de las denuncias anónimas realizadas, es que la asociación realiza “inspecciones” arbitrarias a los productos descargados por los proveedores, por ejemplo, en las descargas de cajones de tomates, manzanas etc, exigiendo sobornos para ser aceptados, y ante la negativa del proveedor, impiden la descarga de los productos, debiendo ser llevados a su lugar de distribución nuevamente.
Según se explicó a este medio, el plan actual del Ministerio de Salud es el traspaso de los alimentos a la categoría de “cocido” propiciando la distribución adecuada de los mismos a cada paciente, identificado de manera particular con los requerimientos nutricionales individualizados de manera específica, para lo cual, es necesario aguardar a la licitación pública, ya que actualmente existe un contrato que contempla las dos variantes de alimentación.