Neuquén: el juez Casanello se declaró incompetente en la denuncia que impulsa la vicegobernadora suspendida

La vicegobernadora suspendida de Neuquén, Gloria Ruiz, sufrió otro traspié en el conflicto político que la mantiene al borde de la destitución. El juez Sebastián Casanello, a cargo del juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, declaró su incompetencia para intervenir en la denuncia que hizo la funcionaria contra varios diputados provinciales, a los que acusa de organizar una maniobra “ilegal” para desplazarla de su cargo.

En su fallo, el magistrado indicó que los hechos denunciados ocurrieron íntegramente en la provincia de Neuquén, por lo que no correspondía que la justicia federal porteña asumiera el caso. De esta manera, la causa será remitida al Juzgado Federal de Neuquén, según la resolución judicial.

Casanello indicó que la denuncia de Gloria Ruiz “se distingue por enumerar un catálogo extenso de infracciones más sin referencias fácticas”, y coincidió con la instrucción previa que había realizado la Fiscalía Federal N°10. “Es correcta la opinión de la fiscalía en cuanto a que sea la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Neuquén la que evalué en definitiva ‘los aspectos materiales del caso y su significancia jurídico-penal’, sostuvo.

“La razón esencial que inspira la competencia territorial es procurar la mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde se encuentran los elementos de prueba”, agregó el juez, al evaluar los argumentos en el escrito, con fecha del 6 de diciembre.

Ruiz fue suspendida la semana pasada por la Legislatura neuquina por presunta “inhabilidad moral”, ante el escándalo político que involucró a su hermano Pablo, acusado por presunta defraudación al Estado, quien ocupaba el cargo como director del complejo cultural “Casa de las Leyes”. El exfuncionario había realizado transferencias irregulares de casi 30 millones de pesos a su cuenta bancaria personal desde el Poder Legislativo.

En ese marco, la vicegobernadora buscó defenderse y presentó una denuncia contra diputados provinciales, por llevar a cabo una “maniobra delictiva” para apartarla de su puesto, a la que calificó de “golpe institucional”. La presentación, elaborada con el patrocinio de su abogado Sergio Broitman, incluyó acusaciones de asociación ilícita, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros delitos conexos.

Los legisladores que fueron señalados en la denuncia son Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez y Carina Riccomini. En ese planteo, también quedaron involucrados Tania Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini, Rubén Etcheverry y el presidente de CALF, Marcelo Severini. Según Ruiz, todos fueron partícipes de la Resolución 1219, que la terminó apartando preventivamente de su cargo, mediante “arreglos espurios y clandestinos”.

En su descargo público, la vicegobernadora había advertido que su suspensión por el plazo de 30 días era inconstitucional y que todo formó parte de una persecución política de parte de sus antiguos aliados políticos, entre ellos, el gobernador Rolando Figueroa.

El fallo de Casanello establece un precedente para futuras disputas judiciales, en torno al conflicto político que ha sacudido a la provincia. En su contragolpe, Ruiz intentó que un juzgado federal interviniera, con el objetivo de que se expidiera un tribunal ajeno a la influencia del poder político de Neuquén. Pero la estrategia salió mal y la denuncia tendrá que afrontar el criterio de los magistrados patagónicos.

Mientras tanto, Ruiz permanece suspendida a la espera de las conclusiones de una Comisión Investigadora constituida por los presidentes de todos los bloques y que encabeza por el diputado provincial de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani. El cuerpo no solo investigará las imputaciones contra Pablo Ruiz, sino en otras posibles irregularidades en la gestión de la vicegobernadora.

Además de las sospechas de corrupción que involucran a su hermano, sobre la vicegobernadora pesan algunas decisiones controversiales que están bajo la lupa, durante su paso por la Legislatura, como la compra de una camioneta Toyota de alta gama y la adquisición de bombones con dinero del Estado por una suma de 4.120.000 pesos.

Esta semana, salió a la luz otra polémica sobre el uso en el gasto público. Gloria Ruiz resolvió financiar la organización de un evento encabezado por la sanadora rosarina Leda Bergonzi, que se celebró el pasado 24 de agosto. Para afrontar el costo logístico de la fiesta religiosa, la Legislatura provincial pagó una suma superior a los 32 millones de pesos.