Con cautela y analizando diferentes alternativas, el Gobierno avanza en la redacción de un Decreto para permitir que las Fuerzas Armadas tengan más capacidad de acción y, entre otras cosas, puedan combatir contra organizaciones terroristas y narcotraficantes, especialmente en las zonas de frontera.
De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes oficiales, si bien todavía no hay un texto definido, el ministro de Defensa, Luis Petri, y su equipo legal intensificaron en los últimos días el estudio de esta iniciativa que se viene gestando desde el inicio de la administración libertaria, asesorándose con expertos en la materia.
La decisión de acelerar la medida se dio luego del video en el que cuatro presuntos narcos amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
“A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, advirtió uno de los delincuentes en las imágenes, que ya están siendo investigadas por la Justicia.
Sobre este tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, aseguró que “lo que pasó fue gravísimo” y confirmó que, “indefectiblemente, el Gobierno va a tomar medidas al respecto”.
Puntualmente, las autoridades nacionales buscan modificar el Decreto 727, que data del 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y limita el accionar militar a la lucha específicamente de agresiones de Estados extranjeros, excluyendo así a otros tipos de amenazas.
Desde que asumió el poder, la actual gestión de Javier Milei busca darle un rol más preponderante a las FFAA, por un lado, modernizando el equipamiento a través de, por ejemplo, la compra de nuevos aviones y vehículos de guerra y, por el otro, dándoles más margen de actuación.
En este sentido, fuentes cercanas al mundo castrense señalaron a este medio que en el mundo hubo un cambio de paradigma a partir del atentado que los Estados Unidos sufrió a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001.
En este sentido, explicaron que la gran mayoría de los países tomaron noción de los nuevos tipos de agresiones que están surgiendo, con el incremento de organizaciones terroristas, y la necesidad de avanzar con una mejor “defensa nacional”.
Bajo este concepto, “puntos con valor estratégico” para la Argentina, como las centrales nucleares de Atucha I y II, ubicadas sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas, en el partido bonaerense de Zárate, determinadas represas o incluso edificios institucionalmente importantes, deberían tener una custodia militar.
El Gobierno pretende que, en principio, los uniformados puedan asistir a la Gendarmería, la Policía Federal y otras instituciones de seguridad en las fronteras, especialmente en aquellos cruces donde no hay puestos de migraciones, para evitar el ingreso del narcotráfico.
El propio Petri adelantó en octubre pasado, durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas, en Mendoza, que con la modificación del mencionado decreto, las Fuerzas Armadas podrán operar en los límites con los países vecinos, permitiendo el despliegue de tropas del Ejército en las ciudades linderas con Paraguay, Bolivia y Brasil, para tareas de control y vigilancia.
La normativa en cuestión había sido derogada previamente durante el gobierno de Mauricio Macri, quien buscó ampliar el rol de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 2020, bajo la administración de Alberto Fernández, se restableció el texto original de 2006, restringiendo nuevamente la participación militar a conflictos internacionales.
En paralelo, Milei también está considerando cambios en la Ley de Seguridad Interior, que podrían permitir la intervención de las FFAA también en casos de terrorismo, como posibles ataques de entidades como Hamás o Hezbollah, entre otras.
En la Argentina se produjeron dos atentados de magnitud, el primero de ellos, el 17 de marzo de 1992, contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos, y el segundo, contra la AMIA, el 18 de julio de 1994, que causó un total de 85 víctimas fatales, además de cientos de heridos.
Tal como precisó Infobae, desde hace meses el Gobierno trabaja en las reformas tanto de la ley de Seguridad Interior como de Defensa Nacional, que les permitiría a los cuerpos militares realizar actividades como patrullaje, control de personas y vehículos, y aprehensión en flagrancia bajo ciertos supuestos.
La iniciativa legislativa que circuló en su momento, establecía que, en casos de uso de la fuerza, las operaciones deben efectuarse de forma racional, progresiva y proporcional.
Además, se contempla que la intervención de las Fuerzas Armadas se active ante eventos que aterroricen a la población y den pie a investigaciones penales, lo que ha llevado a algunos a interpretar que la lucha contra el narcotráfico en Rosario, por ejemplo, podría justificar dicha intervención. Actualmente, el Ejército ya ofrece asistencia en esa ciudad, lo que genera cautela ante un posible aumento de su involucramiento.
Otro aspecto controvertido es la facultad que el proyecto otorga al Ministro de Defensa para decidir sobre la participación de los militares en temas de seguridad interior, una prerrogativa que, según la tradición, corresponde exclusivamente al Presidente en su calidad de Comandante en Jefe.
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