El Gobierno reintegró al programa alimentario a 66 comedores vinculados a Juan Grabois tras una orden judicial

El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, cumplió con una orden judicial y reincorporó a 66 comedores comunitarios administrados por El Amanecer de los Cartoneros, al Programa Alimentar Comunidad. La cooperativa está ligada al dirigente político y abogado Juan Grabois. La decisión se produce tras un fallo del juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, quien había dado un ultimátum de 72 horas hábiles para que esa cartera cumpliera con la inclusión de estos espacios que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La orden judicial fue emitida en el marco de un amparo presentado por la UTEP y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que desde febrero están enfrentando al Gobierno por la exclusión de comedores y merenderos comunitarios a cargo de movimientos sociales y organizaciones piqueteras.

En su cuenta de X, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, celebró la medida. “Un año para cumplir con esto; hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria”, señaló a través de sus redes sociales. En tanto, agregó que “una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad”. “Este puede ser el puntapié para lograr que el gobierno dé marcha atrás en la destrucción de la política alimentaria y vuelva a abastecer a los comedores”, opinó el abogado que representa a la querella en las causas contra Capital Humano y la propia integrante del gabinete de Javier Milei.

Como contrapartida, desde la cartera de la cual depende la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, le dijeron a Infobae: “El Ministerio de Capital Humano ha cumplido la resolución judicial e incorporó al Programa Alimentar Comunidad, a 66 de los 77 comedores que habían solicitado ser incluidos, ya que 11 de ellos no existían”.

“De esta manera, y a pesar de la permanente campaña de difamación desplegada por medios malintencionados y por los gerentes de la pobreza, demostramos que nuestro obrar es siempre conforme a derecho, ratificando el compromiso asumido por este Ministerio de Capital Humano de honradez y eficiencia en la administración de los recursos de los argentinos asistiendo directamente y sin intermediarios a los que más lo necesitan”, sostuvieron funcionarios de la cartera de Pettovello. Mientras que aclararon: “Por último, es obligación de todos informar la verdad - y por ello se aclara que no se ha ordenado entregar alimentos en esos comedores, sino que los mismos sean incorporarlos a un programa que transfiere fondos dinerarios que deben ser rendidos”. También afirmaron “que se haya requerido la incorporación de 11 ´comedores’ que no existen válida y demuestra la necesidad de una gestión política responsable que vele por el cumplimiento de la normativa legal, muy especialmente cuando se trata de los recursos de todos los argentinos”.

Desde que asumió Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano, decidió romper con la tercerización que de parte de los alimentos secos realizaba el gobierno anterior. De manera radical cambió los comedores de manera directa a través del programa Alimentar Comunidad. Esto es, una vez que se “valida” que el lugar “existe” se gira un monto de dinero determinado según la cantidad de personas que asiste el lugar. El importe se repone una vez que los responsables del comedor o merendero rinden los gastos.

Una auditoría realizada por el ex Ministerio de Desarrollo Social determinó que el 47% de los comedores que inspeccionaron de forma presencial y que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia, eran inexistentes.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó que tanto el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, como la resolución de Capital Humano de incorporar a los 66 comedores al programa Alimentar Comunidad, “es solo el comienzo de una lucha para combatir el hambre y fortalecer la organización comunitaria”, la cual, según él, “representa una barrera contra el avance del narcotráfico en los barrios populares”.

Este conflicto se enmarca en la crítica de las organizaciones sociales a las políticas sociales del gobierno. La UTEP y el CELS denuncian la “destrucción de las políticas sociales” y alegan que el gobierno de La Libertad Avanza está implementando un plan de “miseria planificada”. En respuesta, el gobierno ha defendido su gestión, argumentando que ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, y resaltando las medidas para ampliar la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

El conflicto también incluye un fallo anterior del juez Walter Lara Correa, quien a finales de octubre ordenó al gobierno garantizar el acceso a alimentos a sectores vulnerables. A pesar de las resoluciones judiciales, el gobierno ha apelado algunas de las decisiones, trasladando el caso a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.