Los bloques de la Cámara de Diputados están a la espera de un posible llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. La incertidumbre sobre el contenido del temario para diciembre, que se filtra desde la Casa Rosada, aumenta el clima de especulación. Sin embargo, la oposición ya ha comenzado a expresar qué temas está dispuesta a debatir y cuáles no, especialmente después de la sesión del jueves pasado por la ley de Ficha Limpia.
Una fuente de alto rango de Unión por la Patria explicó a Infobae: “No van a llamar antes del 4 de diciembre. Van a esperar a que se realice la preparatoria, se elijan las autoridades de la Cámara y, a partir de ahí, avanzar”. Agregó que existen “muchos rumores sobre el temario” y que “supone que insistirán con lo que tienen los votos”, haciendo referencia a las posibles iniciativas sobre la ley electoral y la modificación de la ley de los partidos políticos, que incluyen la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento privado de los partidos.
El escenario inicial no parece ser sencillo. Un dirigente de la UCR señaló: “Nosotros no vamos a apoyar la eliminación de las PASO”. En su opinión, si el proyecto es enviado al Congreso, quedará “embarrado” en la comisión. Además, otro miembro del bloque Democracia para Siempre sostuvo que si la propuesta avanza, no la apoyarán, ya que “claramente el radicalismo va a tener que ir a unas PASO”.
En el kirchnerismo tampoco hay apoyo a la eliminación de las PASO, aunque algunos sectores sí estarían a favor de suspenderlas. Sin embargo, en ningún caso se respalda el cambio en el financiamiento de los partidos. “Privatizar los aportes significa el fin de la política como la conocemos”, apuntaron algunos referentes.
Pero en el bloque conviven muchas líneas del peronismo y, por ejemplo, el massismo presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para suspender las PASO, impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y presidente del Frente Renovador local, Rubén Eslaiman.
Otro bloque relevante en las discusiones es el de la Coalición Cívica, que se opone de plano a liberalizar los aportes del sector privado a los partidos. Un referente del bloque declaró a Infobae: “No es algo que hablamos, pero yo no vengo a debatir eso”.
La postura generalizada de los bloques es que el principal tema a discutir es el Presupuesto. En este sentido, Pablo Juliano, líder de Democracia, se preguntó: “¿Cómo hicieron las provincias para presentar presupuestos sin tener los datos macro del proyecto nacional?”. Por su parte, Encuentro Federal tiene proyectos sobre las PASO, pero ninguno apunta a su eliminación, sino a que no sean obligatorias. A pesar de esto, en el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto insisten en que lo más importante es discutir el Presupuesto.
En la Casa Rosada, la expectativa sobre las sesiones extraordinarias es incierta. Algunos aseguran que habrá, otros afirman que no, pero todos coinciden en que se llevará a cabo una discusión sobre la reforma electoral y el financiamiento de los partidos políticos, aunque no tanto sobre el presupuesto 2025.
El proyecto oficialista propone una “reforma para el fortalecimiento electoral” que tiene como objetivos principales “reducir el gasto público en actividades políticas” y “transparentar el régimen de financiamiento”. La iniciativa no solo busca la eliminación de las PASO, sino también devolver “a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades”, liberando a la sociedad de financiar un proceso electoral que, según el oficialismo, “no cumple con las finalidades para las que fue establecido”.
En cuanto al financiamiento político, plantea modificar la Ley N° 26.215 para reducir la financiación estatal de las campañas electorales, abriendo paso al financiamiento privado con “controles más estrictos” para garantizar su transparencia.
Concretamente, se eliminarían los aportes públicos extraordinarios para campañas y boletas, dejando solo un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. Este fondo se distribuiría de la siguiente manera:
- El 20% del aporte público anual se dividiría en partes iguales entre todos los partidos políticos reconocidos.
- El 80% restante sería asignado de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que haya superado al menos el 1% del padrón electoral.
El monto total de los recursos se calcularía multiplicando el módulo electoral, actualizado a un valor de $420,95, por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.
Aportes privados a los partidos
En este punto, la norma permitiría que los partidos reciban mayores contribuciones para financiar sus actividades, pero con nuevos límites y requisitos de transparencia. El límite máximo de aportes privados será equivalente al 35% del Fondo Partidario Permanente, y este tope se aplicaría tanto al financiamiento institucional como a las campañas electorales.
Asimismo, se establecerían restricciones para los partidos, prohibiéndoles aceptar aportes de:
- Personas físicas o jurídicas involucradas en delitos como lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, entre otros.
- Entidades públicas o privadas extranjeras sin domicilio en el país.
- Sindicatos, asociaciones profesionales y patronales.
- Concesionarios de servicios públicos, empresas contratistas del Estado o sus proveedores.
- Personas que realicen aportes anónimos o bajo presión de terceros.
Para garantizar la transparencia, todos los aportes deberán ser bancarizados, depositados en las cuentas corrientes de los partidos registradas en la Dirección Nacional Electoral. Además, los aportantes deberán completar una declaración jurada a través de una plataforma digital pública, asegurando la legalidad de los fondos. Se implementará también una plataforma digital para registrar y publicar todos los aportes recibidos por los partidos.