El Gobierno y en especial el reducido círculo de Olivos buscan imponer un sello único de poder a las pulseadas que marcan el final de las sesiones ordinarias del Congreso. Y eso mantiene la incertidumbre sobre el Presupuesto 2025 y corre para el proyecto de eliminación de las PASO. Dependen, naturalmente, de una decisión presidencial: la convocatoria a sesiones extraordinarias y la consiguiente definición del temario. Es una posición de fuerza, claro, pero acompañada por un contradictorio juego de necesidades para lograr algún éxito legislativo o, al menos, evitar derrotas sonoras, ahora y en perspectiva del año electoral.
En el oficialismo circula una consideración lineal sobre el impacto de la dureza presidencial, que en estos casos es vista como ganancia plena en la disputa política y especialmente como señal hacia el mundo de la economía. Esa evaluación es alimentada a la vez por elementos variados, desde las reacciones de los mercados hasta el efecto Trump. Y funciona como respuesta a las advertencias reducidas a la mala impresión política y económica que provocaría un segundo año de gestión sin Presupuesto aprobado por el Congreso. Por supuesto, no es la lectura de todos los involucrados en las tratativas. La gestión es más compleja que la narrativa.
Desde el Gobierno, se juega entonces con la posibilidad de incluir o no el Presupuesto 2025 en un llamado a extraordinarias, siempre dejando circular la posibilidad de manejarse otra vez con una extensión presupuestaria que le permitiría mayor discrecionalidad y poder sobre las provincias. Y se advierte que un renglón de igual o mayor trascendencia para el oficialismo es la reforma electoral con eje en el fin de las PASO. Esto último se apoya en la fatiga producida por el carácter obligatorio de las primarias, además del cuestionamiento a su costo.
Cuando todo parecía estático, las especulaciones en torno de una negociación con jefes provinciales por el Presupuesto fueron motorizadas más que por avances concretos, por su reflejo en Diputados. Gobernadores de diferente origen político -el bloque que mantiene la marca JxC, peronistas no alineados con el kirchnerismo, provinciales- operaron para provocar la segunda caída del intento para voltear el decreto sobre canje de deuda. Esta vez, la prueba fue en el recinto y no hubo número para el quórum.
Desde las provincias, se combinaron mensajes reservados para retomar las tratativas con el Gobierno y reclamos explícitos: el más notorio volvió a mostrar juntos a los cinco mandatarios de la UCR y a los tres del PRO y sus dos aliados. Esa decena de gobernadores ratificaron su respaldo a la política de equilibrio fiscal pero insistieron con sus demandas, siempre bajo el señalamiento de haber avanzado más que el Estado nacional en el ajuste de sus cuentas.
Ese posicionamiento tiene combustible radical, con especial interés del mendocino Alfredo Cornejo y significativa posición -con lectura interna- del santafesino Maximiliano Pullaro. También, en las filas del PRO. En el comunicado, se notan pinceladas de Rogelio Frigerio y se destaca la confluencia de Jorge Macri y de Ignacio Torres. Se agrega como dato también hacia Olivos el malestar de Mauricio Macri y de la conducción del bloque, encabezada por Cristian Ritondo, con los manejos del oficialismo. Eso no significa unidad de criterio, pero pesa en la coyuntura.
La lectura sobre la pulseada por el Presupuesto no se agota en el proyecto. El mensaje es más amplio, aunque desde Olivos se haya impuesto el clima sobre la necesidad de los jefes provinciales ante la firmeza propia. ¿Por qué trasciende ese punto? La respuesta central está dada en la caída de la sesión para rechazar el decreto sobre canje de deuda. El mínimo gesto de negociación con gobernadores -y su proyección en los bloques- expuso a la vez las necesidades de Olivos.
En síntesis, mostró que acuerdos o treguas de este nivel impiden que jugadas duras contra el Ejecutivo pasen la prueba del quórum. Esa una línea que, si no funciona, puede permitir el avance con leyes potentes no tanto por su contenido específico, sino además por el desafío político: ya le ocurrió al Presidente tener que recurrir al veto y al oficialismo, sufrir para blindarlo con algo más de un tercio en Diputados, es decir, con aliados.
Eso lleva al escalón siguiente. La batalla con los gobernadores involucra al principal socio del oficialismo, el PRO, que acompañó hasta ahora las cruzadas más duras del Gobierno, incluido el sostenimiento de los vetos. Y por eso mismo es significativa la unidad de posiciones sostenida en este reclamo a Javier Milei.
Ahora, en el fragmentado mapa político, asoma además el impulso -difundido como fuerte apuesta política por el núcleo presidencial- al proyecto de eliminación de las PASO, completado con un cambio que impactaría especialmente sobre el financiamiento de los partidos. El plan contra las elecciones primarias, para tener éxito, demandaría otro tipo de alianza legislativa y un nuevo punto de tensión con dialoguistas y aliados.
El PRO, el radicalismo, la CC y otros espacios rechazan el fin absoluto de las PASO y, con distintos formatos, plantean en general modificaciones de la ley, no su derogación. Para esos sectores, las primarias resultaron un elemento de enorme utilidad en la construcción de alianzas, la última con la marca JxC. Está claro que facilita o al menos ofrece un camino para el armado de coaliciones.
En sentido inverso, carece de sentido para construcciones como los frentes hegemonizados por el peronismo, sin internas bajo la jefatura de Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes desalineados terminan compitiendo por fuera de esa estructura. Tampoco Milei da señales de predisposición a la carrera interna.
Eso no garantiza automáticamente una confluencia, aunque corre en la misma dirección que la polarización impulsada por Milei y aceptada convenientemente por CFK. En ese imaginario, se trata de jefes fuertes, cada uno en su vereda, definiendo el juego. Y de círculos cerrados confeccionando listas. Es algo que ocurre con o sin obligación de primarias.
El punto es otro frente a lo que se difunde como otra señal de poder: los proyectos de ley que cambian las reglas electorales reclaman mayoría absoluta de la totalidad de cada Cámara. Puede funcionar entonces como recurso discursivo. En cambio, para avanzar, sería más compleja la negociación y, antes, la elección de aliados. Eso también hace a la narrativa.