Un gallinero y un boliche clandestino: la historia del edificio de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

En el corazón del barrio porteño de Once, un edificio ubicado en “la recova”, que pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación, es el centro de una polémica que expone manejos políticos y administrativos de bienes del Estado en los últimos 20 años. En esa propiedad, ubicada en Avenida Rivadavia 2749/89, con entrada también por Avenida Pueyrredón 19, debían funcionar las instalaciones del entonces Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (hoy Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo), fundado por la fallecida dirigente Hebe de Bonafini. Según un acuerdo de cesión precaria y gratuita firmado el 19 de enero de 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el instituto ocuparía los pisos 2 y 3, de unos 2.500 metros cuadrados. Sin embargo, en lugar de pizarrones y pupitres, allí se instaló una barra de bebidas alcohólicas y un boliche clandestino.

La historia no comienza en 2018. Según los datos obtenidos por Infobae, se remonta al año 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y atraviesa las administraciones de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, más recientemente, la de Javier Milei, quien terminó haciendo la denuncia. En esta controversia están implicados piqueteros y ex funcionarios kirchneristas como Luis D’Elía y Edgardo Depetri, además de organizaciones como la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur; la Organización de los Haitianos Viviendo en Argentina (OHVA); la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA); una academia de danza peruana; y una familia de apellido Vázquez que ocupó ilegalmente el edificio hace unos 20 años, instalando allí incluso un gallinero con cinco gallinas.

“En un edificio destinado a ser una universidad, en lugar de estudiantes y aulas, encontramos una bailanta con luces, parlantes, alcohol y comida. Para quienes se divertían a costa del dinero de los argentinos, la fiesta terminó. Ahora enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se pronunció sobre el caso en la red social X: “Así es como vivía la familia que había tomado el inmueble cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo por el Estado Nacional para ser utilizado con fines educativos”. Su mensaje estaba acompañado de imágenes tomadas por la Policía Federal durante un allanamiento ordenado por la jueza María Romilda Servini, que mostraban las modestas habitaciones y el improvisado gallinero en el tercer piso.

La crónica que relata el increíble devenir del polémico edificio recorrido por Infobae tiene un primer hito en la denuncia del gobierno de La Libertad Avanza sobre el funcionamiento de un boliche clandestino, un búnker político y ocupas que alquilaban sus instalaciones para fiestas privadas en el espacio cedido a la entonces presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe María Pastor de Bonafini, para que en esos dos pisos funcionen una de las sedes del instituto de estudios.

Para comprender cómo ocurrió la historia primero hay que recordar que el gobierno de Mauricio Macri, a través del expediente “EX-2017-14342889-APN-DMEYD#AABE”, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió tres cosas. En primer lugar “revocar el permiso de uso precario y gratuito otorgado por la Disposición Nº 202, de fecha 20 de julio de 2005 (presidencia Néstor Kirchner), del entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas Del Atlántico Sur”.

En ese lugar estaba previsto acondicionar un espacio de memoria e investigación, sobre la “guerra de Malvinas” un proyecto que finalmente se realizó en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el más grande centro de detención clandestino de la última dictadura militar.

Ante ese hecho, los responsables de la asociación civil declinaron seguir adelante con la concesión del lugar. José Iván Vázquez -mismo apellido que los actuales intrusos del piso tercero- aseguró que el espacio tendría actividades culturales como “baile marinera” de origen peruano, que proviene de la “jota aragonesa”, salsa y encuentros de murga.

Nadie puso objeciones y José Iván Vázquez continuó con su supuesto proyecto cultural devenido en gallinero y boliche clandestino.

En segundo lugar, también se revocó el permiso de uso precario “Nº AF-000245 de fecha 8 de agosto de 2012 (presidencia Cristina Fernández de Kirchner), otorgado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.), a favor de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, cuyo referente era y es el polémico piquetero y también referente del partido MILES, Luis D’Elía, para utilizar el segundo piso.

El dirigente social no solo instaló oficinas de su agrupación política, sino que también instaló su “Radio Rebelde” que transmitía en vivo desde ese lugar. Allí, también funcionó la sede de la agrupación kirchnerista que apoyaba políticamente a la dos veces mandataria y vicepresidente Unidos y Organizados y la Agencia Paco Urondo (APU).

En su artículo tercero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del macrismo, a cargo de Germán Garavano, le otorgó al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo’ los sectores del inmueble propiedad del Estado Nacional, en jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata del segundo y tercer piso del edificio ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 2749/89 , ambos con una superficie cubierta total aproximada de 2.481,30 metros cuadrados, una superficie semicubierta total aproximada de 5,01 metros cuadrados -donde ahora funcionaba el gallinero- y una superficie descubierta total aproximada de 148,96 metros con el fin de destinarlos a la instalación de la sede del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo’”.

En esos espacios el gobierno de Milei determinó que funcionaba de todo, menos una sede de la casa de altos estudios. Sin embargo, en diálogo con Infobae, las máximas autoridades de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo rechazaron las acusaciones del gobierno, afirmando: “[Esos espacios] no están bajo nuestra jurisdicción al menos desde 2021″.

Gustavo Pons, el vicerrector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo explicó: “En 2020, pandemia, todos los edificios públicos quedaron inhabilitados, las cosas del Instituto, que funcionaba en el segundo piso -el espacio que cedieron para el Instituto- quedaron dentro de esa sede, y en junio de 2021, se retira absolutamente todo porque el Instituto tiene una sede nueva, que es en Defensa 117/19 que es donde ahora funciona la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Y la Secretaría de Derechos Humanos, que dependía del Ministerio de Justicia, y Migraciones crean una unidad de atención y asesoramiento a personas migrantes”.

Las palabras de Pons están corroboradas en la página web de presidencia de la época en la que se anuncia que en el segundo piso del edificio en cuestión funcionaba el “Centros de integración para personas migrantes y refugiadas”. “Brindamos información para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Acompañamos los trámites migratorios, situaciones de vulnerabilidad social y acceso a derechos como la salud, la educación, la seguridad social y los derechos políticos”, se explica e ilustra con fotos y cartelería del lugar.

Pons también recuerda que este año, ya con el actual Poder Ejecutivo, el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que funcionaba en otro edificio que venció el alquiler, se trasladó en abril al segundo piso de Pueyrredón 19; con lo cual este centro de atención a personas extranjeras ya dejó de funcionar. Y es más, como el CAJ, por decisión del ministro Cúneo Libarona se cerró, también dejó de funcionar en el lugar.

Sobre el tercer piso, Pons admitió: “Nunca tuvimos acceso a él, nunca el Instituto dio clases ahí”. También detalló: “Es un edificio muy particular, no tiene planos, no tiene ascensores y hasta tuvimos accidentes con estudiantes. No se podía continuar ahí”. Y reconoció: “Ya en esa época, años 2018, 2019 había familias viviendo ahí con perros grandes que iban atravesando los pisos. Era una situación muy caótica. Tanto en el tercer piso como en el segundo había organizaciones sociales y políticas en el lugar”.

Tanto Pons como la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, también en diálogo con Infobae recordaron: “Cuando nos convertimos en Universidad, la Ley creo una Comisión de Traspaso de muebles, inmuebles, estudiantes, docentes y no docentes y esa comisión, que formaba parte del Ministerio de Justicia, en un acta, traspasó la sede de la calle Defensa y el inmueble de Rivadavia 4615, esquina Río de Janeiro, en Caballito, y nada más. El de Pueyrredón 19 no está porque ya no estaba en la órbita de uso del Instituto y nunca ingresó al patrimonio y gestión de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo”.

El acta a la que se refieren Caamaño y Pons es la firmada el 15 de noviembre de 2023 entre la rectora Cristina Caamaño Iglesias Paiz y Oscar Alpa, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, entre otros, Adolfo Scrinzi, por el Ministerio de Educación.

La ex titular de la AFI también recordó que, en junio de 2021, -tal como se observa en los documentos oficiales- el Ministerio de Justicia de Alberto Fernández inauguró, en el espacio que había dejado el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, “las oficinas del Centro Migrante con la Secretaria de Derechos Humanos”. El anuncio lo realizó Horacio Pietragalla Corti.

El devenir del edificio del barrio porteño de Once no termina ahí. El ex presidente Néstor Kirchner había otorgado en 2005 el uso del cuestionado tercer piso, donde ahora hay un boliche bailable y un gallinero, a movimientos sociales vinculados al entonces oficialismo. Entre ellos a Edgardo Depetri, el ex concejal de Lanús y líder del Frente Transversal Nacional y Popular, dirigente de la CTA y ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación del gobierno de Alberto Fernández.

En diálogo con Infobae, Luis D’Elía reconoció que Néstor Kirchner le cedió a él y a Depetri permiso precario en el primer piso al Frente Transversal Nacional y Popular y a él el segundo piso. “El edificio estaba destruido, estuvimos un año trabajando para refaccionar los dos pisos tratando de hacer habitable el lugar. Pusimos plata y esfuerzo y la AABE nos dio un permiso de uso precario a cambio de los arreglos y el pago de los servicios. Después llegó el macrismo. Nos revocó el permiso, nosotros nos vamos. Yo nunca vi que Madres de Plaza de Mayo ocuparan el lugar. Sí ahí funcionó parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya con Alberto Fernández y a la cabeza de Horacio Pietragalla Corti. O sea, el Ministerio de Justicia de la Nación”.

-¿Y en el tercer piso dónde ahora dicen que funciona un boliche qué pasó?

-Siempre estuvo intrusado. Lo iban a usar los ex combatientes de Malvinas y nunca se materializó eso. Y un día una familia lo tomó y están ahí hace veinte años.

-Todavía hay fotos del partidos MILES de su partido en el edificio, ¿cómo lo justifica?

-En el 2016 nos sacaron, la radio la “Radio Rebelde” la sacamos de ahí, y si hay carteles pueden ser viejos que quedaron en algún rincón, en el medio estuve cuatro años preso. Nosotros a veces le alquilamos a Depetri el primer piso para hacer reuniones de MILES. Depetri construyó un salón de actos hermoso y no creo que lo puedan sacar porque tiene todo los papeles en regla.

Ahora será la justicia quien deba investigar quién o quiénes permitieron que un edificio del Estado fuera intrusado y utilizado para fines ajenos a los estipulados.

Tanto es así que en la denuncia penal, el Ministerio de Justicia solicitó: “La enérgica investigación de los hechos denunciados, en los que se ha constatado el uso indebido de un inmueble del Estado cedido por la Administración Pública Nacional, es de suma importancia no solo para esclarecer los hechos en cuestión, sino también para proteger los principios fundamentales que rigen el manejo de los bienes y recursos públicos”.