En medio de la última -y caótica- semana de sesiones ordinarias en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá este miércoles -y por primera vez- al Senado para dar un informe de gestión. En una de las más de 1000 respuestas a los legisladores, el funcionario libertario aseguró, ante una consulta sobre el fin del impuesto PAIS -23 de diciembre próximo-, que el Gobierno “está analizando un proyecto integral de reforma en materia impositiva, incluyendo todos los tributos”.
La afirmación de Francos reaparece en otro tramo del extenso documento, cuando fue indagado sobre el impuesto al cheque, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027: dijo que “en el marco de la reforma tributaria integral en análisis por parte del Poder Ejecutivo, se pretende consolidar el sendero fiscal iniciado con el paquete fiscal (Ley 27.743) atenuando la incidencia de impuestos distorsivos”.
El aterrizaje del funcionario en el Senado está regulado por el artículo 101 de la Constitución, que deja en claro que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Desde que está en su cargo, el funcionario sólo fue una vez a Diputados.
Más definiciones
*CAMMESA. Al 24 de octubre pasado, le adeudan más de 1,12 billones de pesos.
*Baja del empleo público. Entre la Administración centralizada, descentralizada y otros entes -20.026- y empresas y sociedades del Estado -11.200-, la cuenta da 31.226 de agentes menos.
*DNU para renegociar deuda. “El Ministerio de Economía destaca que el DNU 846/24 no modifica las condiciones de emisión de los títulos de la deuda pública. Dicho decreto, al igual que los anteriores que se han dictado del mismo tenor, establece que los títulos que se emitan se puedan suscribir con títulos públicos en cartera de los inversores y cuyos vencimientos estén próximos. Tampoco elimina el artículo 65 de la Ley 24.156, ni modifica, ni cambia las condiciones en las cuales se deben realizar operaciones de reestructuración de deuda”.
*Ley opositora para modificar el mecanismo de validación de los DNU en el Congreso. “Algunos sectores de la oposición buscan, a través de este mecanismo, trabar al gobierno y coartar su posibilidad de acceder a una herramienta que le es otorgada constitucionalmente. Este gobierno tiene una minoría notoria en ambas cámaras. Dicha intención política carece de justificación histórica en lo que ha sido el proceso democrático y la reforma constitucional en nuestro país”.
*Potenciales trabas con el nuevo mecanismo del acceso a la información pública. “Las inquietudes fueron recibidas y se descartan modificaciones”.
*Ajuste generalizado sobre gran parte de la sociedad. “Este Gobierno puso punto final al régimen de emisión monetaria que, para cubrir el déficit, condenó a los argentinos a vivir la tragedia de la inflación. Esto no es una opinión, es un dato de la realidad: los trabajadores informales perdieron el 50% de su poder adquisitivo entre 2019 y 2023. La única forma de cambiar esta triste realidad es lograr el superávit fiscal para frenar la emisión monetaria descontrolada que derivó en el 211% de inflación anual de 2023″.
Más allá de los datos, la Casa Rosada resaltó que “la mayor parte del ajuste que está llevando adelante el Gobierno recayó, y sigue recayendo, sobre el sistema político y no sobre el sector privado ni los ciudadanos, tal como propuso el Presidente en su campaña presidencial”.
*Turismo. “Mantener ‘Previaje’ en el contexto actual implicaría un gasto de aproximadamente 144 mil millones de pesos, un costo fiscal”.
*Pequeñas y medianas empresas. “Los datos son más que elocuentes: entre el año 2007 y el 2023 la cantidad de PYMES empleadoras industriales se redujo de 69.000 a 66.000, es decir, se perdió el 5% de las empresas. En ese lapso, se perdieron 5.000 pymes exportadoras. Además, desde 2011 no hubo crecimiento de la actividad, y la actividad industrial en particular cayó un 10%, frente al crecimiento de los servicios”.
*Créditos. “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa que entre enero y octubre de 2024 el crédito en pesos al sector privado creció 66,8% en términos reales y sin estacionalidad”.
*Moratoria previsional (finaliza en marzo 2025). “En septiembre de 2024 (última información disponible al momento) se abonaron 473.907 beneficios obtenidos a través del PPDP, de los cuales el 61% correspondió a mujeres y el 39% a varones”.
*Sobre un alud importador. “El Ministerio de Economía informa que las importaciones acumuladas en 2024 han sido menores a las de 2023 en el mismo período. Entre otras cosas, porque al reducir la brecha cambiaria de casi 200% al 20%, las importaciones son menos especulativas y más genuinas. Además, se destaca que uno de los principales cambios en 2024 ha sido eliminar las SIRAS y otras restricciones que solo generaban distorsión”.
*AUH. “En diciembre de 2023 se abonaron 4.081.778 Asignaciones Universales por Hijo (incluye hijo e hijo con discapacidad), mientras que en el mes de septiembre de 2024 fueron 4.107.554″.
*Pensiones. “El Ministerio de Salud informa que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desde el 1 de enero de 2024 a la fecha recibió 135.509 solicitudes de Pensiones No Contributivas (PNC), de las cuales 72.367 no tienen presentado el Certificado Médico Oficial (CMO) y 1.917 se encuentran pendientes de entrega de otro tipo de documentación”.
*Cooperativas y mutuales. “Se informa que la Ley 27.486 ‘CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DE AHORRO, DE CRÉDITO Y/O FINANCIERAS, DE SEGUROS Y/O REASEGUROS’ no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional”.
*Presiones por planes. “Dado que los hechos denunciados aluden a personas con un importante grado de organización, valorando el alto grado de vulnerabilidad social que evidencian los denunciantes, se solicitó a la autoridad judicial la reserva de los datos aportados y la evaluación de la protección de quienes declaren testimonialmente a fin de preservar su integridad. A raíz del análisis de la información recibida consta que se encuentran involucradas más de 10 organizaciones sociales. Sin perjuicio de ello, este número podría sufrir cambios como consecuencia del avance de las causas en sede judicial. Asimismo, a la fecha se registran recibidos más de 200.000 llamados y más de 16.000 denuncias judicializadas, actualmente en trámite”.