Una auditoría de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología detectó serias irregularidades, inconsistencias y falta de rendimiento en subsidios por $1.200 millones recibidos en 2023 por cooperativas que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó de “escandalosos” los hallazgos y anunció que el gobierno de Javier Milei dejará de financiar esos proyectos que “no estaban relacionados al desarrollo del país”.
La decisión del Gobierno pasó casi desapercibida; en esa misma conferencia de prensa el funcionario dijo: “Por orden del Presidente de la Nación, y detrás del trabajo de siempre, del Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio -popularmente conocida como jubilación de privilegio- que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo (...) Esto significa para los argentinos un ahorro - al menos - de la asignación, que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos mensuales”. La atención periodística y ciudadana puso el foco en la medida que la ex mandataria apeló el viernes ante la propia ANSES a través de un “recurso de nulidad”.
Infobae accedió al trabajo que realizó el área a cargo de Darío Genua en la que se destaca que en un año netamente electoral, Alberto Fernández “priorizó a la economía popular por sobre un sector más afín -a la ciencia y la tecnología- como emprendedores y/o empresas de base tecnológica, que no fueron tenidas en cuenta durante la última gestión”.
Los convenios fueron firmados de manera directa con la mayoría de las cooperativas kirchneristas, ligadas a los movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros, que por entonces militaban en los barrios populares en favor de Unión por la Patria.
Datos no menores a tener en cuenta: el líder del Movimiento Evita era -y es- Emilio Pérsico, quien también se desempeñaba como secretario de la Economía Social, que dependía de la cartera de Desarrollo Social. El coordinador nacional de Barrios de Pie era -y es- Daniel Menéndez, segundo de Pérsico en el mismo Ministerio. Fernanda Miño, referente del MTE, también era funcionaria de Desarrollo Social. El líder de esa agrupación era Juan Grabois, abogado y precandidato presidencial de Unión por la Patria. El control de las cooperativas está a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El presidente era Alexandre Roig, también dirigente del Movimiento Evita. Todas esas organizaciones están agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El anuncio de la firma de convenios que se financiaba con fondos del ex Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, por entonces a cargo de Daniel Filmus, y la ex cartera de Desarrollo Social, que conducía la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz, fue anunciado el 15 de marzo de 2023. La presentación se denominó “Encuentro de saberes para la economía popular” y de la firma de la carta de acuerdo para “la convocatoria 2023 de Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular”, tomaron parte, además de los dos integrantes del gabinete nacional, Pérsico y Grabois. La iniciativa, según declararon, buscaba “mejorar la integración productiva de la economía popular de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP)”.
“Auditoría escandalosa”
En palabras de los funcionarios de la actual secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, los proyectos aprobados por el gobierno de Fernández, que se canalizaban a través de Universidades Nacionales “no estaban relacionados al desarrollo del país” sino que se hicieron para “financiar a los movimientos sociales que formaban parte del ex gobierno y que se superponían con programas similares que había en Desarrollo Social. No tenían ningún tipo de control y muchos de ellos ni siquiera se ejecutaron”.
Entre la documentación a la que accedió este medio se destacan varios proyectos sustentados desde el ex Ministerio de Ciencia, por ejemplo: “La producción de huevos agroecológicos”; “Merlo recupera y recicla”; “Funcionamiento de matadero de aves”; “Enlatados que agregan valor a la producción hortícola”; “Formación integral para educadoras populares”; “Desarrollo integral para el fortalecimiento de la economía circular”; “Producción de queso Mozzarella en Chaco”; “La pesca artesanal en aguas marrones”; “Sembrando libertad 2.0″; “Semilla de vida” y “Red de almacenes populares”.
Cada uno de esos convenios recibía un subsidio de entre 3 y 10 millones de pesos. Y eran cursados a través de universidades como la de Tres de Febrero, La Plata, Tucumán, Chaco, Avellaneda, Quilmes y Arturo Jauretche y Hurlingham, entre otras.
En total fueron derivados $1.200.256.970 millones abonados en tres tramos: los dos primeros por $500.000.000 y uno de $200.256.970.
En la conferencia de prensa del 14 de noviembre Manuel Adorni sostuvo: “Se detectaron -por ejemplo- rendiciones de gastos pendientes y vencidos, que corresponden a transferencias, a diferentes instituciones -principalmente universidades- por unos 12.000 millones de pesos. Además, se encontró que se ha financiado de manera escandalosa a cooperativas, ligadas a viejos piqueteros y viejos funcionarios piqueteros, en 2023, por 1.200 millones de pesos para proyectos que nada tenían que ver con esta secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”.
Y destacó: “Entre los proyectos más notables, que se financiaban -por ejemplo- está la plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias, de la economía popular, perteneciente a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (vinculada a Juan Grabois) junto a la universidad de Buenos Aires”.
“Esto demandó una erogación de 6.410.000 pesos. Otro programa era el fortalecimiento de registro y comunicación, de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” (vinculada a Emilio Pérsico), junto a la Universidad de San Martín. En esto se gastaron 7.750.121 pesos. Otro programa se llamaba Taller de Madera, de la Asociación Civil “Néstor vive”, con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esto demandó más de 10 millones de pesos”, detalló.
El vocero presidencial también destacó: “El 75% de los investigadores trabaja en universidades y organismos públicos, cuando debería existir una proporción mayor - en el sector privado - que es el verdadero motor productivo del país, como tantas veces lo hemos dicho”.
En diálogo con este medio, Darío Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología sostuvo que “el ámbito científico no puede pensarse como un espacio desconectado de la realidad de la Argentina”. “Estamos trabajando para cambiar el rol del sistema científico-tecnológico nacional, premiar la eficiencia y fomentar la innovación”, explicó.
El diagnóstico que realizó de su área a través de las auditorías que ordenó, cumpliendo órdenes del presidente Javier Milei en materia de políticas de Ciencia y Tecnología fue calificada por los funcionarios del área como “preocupantes”. Entre otras irregularidades detectaron:
● “Rendiciones de gastos pendientes y vencidas por $12.000 millones, correspondientes a transferencias realizadas durante 2023 a diversas instituciones ($1.200 millones corresponden a cooperativas vinculadas al gobierno anterior)”.
● “Había más de 70 programas para transferencias en Ciencia y Tecnología, muchos de ellos superpuestos con los de la Agencia I+D+i”.
● “Se financiaron proyectos que nada tenían que ver con el desarrollo productivo del país ni con esta Secretaría”.
● “Entre 2008 y 2022 se registra un incremento del 42% del plantel de investigadores y personal técnico dedicado a la Investigación y Desarrollo. El 75% de ellos trabaja en universidades u organismos públicos”.
● “En 2022 se registraron 1.285 solicitudes de patentes, una caída del 26% con respecto a los 10 años anteriores, lo que muestra una política científico-tecnológica que no alienta la innovación”.
● “En el CONICET identificamos una clara desarticulación entre el conocimiento y el sector productivo, poca interacción con otros organismos así como una distribución de recursos sin evaluación estratégica”.
● “En la Agencia I+D+i detectamos una asignación ineficiente de recursos, ineficacia en el funcionamiento de la red de Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) y falta de evaluación de impacto”.
El enfoque en la economía popular se justificó por la necesidad de impulsar sectores que tradicionalmente no han tenido acceso a recursos tecnológicos avanzados. Sin embargo, esta metodología no discrecional ha generado debate sobre la pertinencia de las decisiones tomadas, especialmente en un contexto donde la innovación tecnológica es clave para el desarrollo económico.
Entre las cooperativas vinculadas a los subsidios otorgados por la ex cartera a cargo de Daniel Filmus figuran cuatro que se encuentran suspendidas por el INAES, a cargo de Marcelo Collomb, para realizar trámites en el Organismo, fueron intimadas, y van a ser objeto de sumario y suspensión de su operatoria porque están incluidas en la resolución a través de las que se las intimó. Ellas son: Cooperativa de Trabajo Sembrando Libertad; Cooperativa de Trabajo Darío Santillán, Cooperativa de Trabajo las Delicias de Tigre Limitada y Cooperativa Eco-productiva Tafí Viejo.