El Gobierno solicitó que sean desalojadas las instalaciones de la Universidad Madres de Plaza de Mayo que eran usadas como un boliche clandestino

El Gobierno solicitó a la Justicia el desalojo del segundo y tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89, que desde el 19 de enero de 2018 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le asignó al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “ Madres de Plaza de Mayo” para fines pedagógicos, pero que nunca se utilizó para tal fin.

En el lugar funcionaban hasta ahora un boliche clandestino, un “bunker político” de la organización kirchnerista MILES del dirigente Luis D’ Elía, un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas y la “Radio Rebelde”, medio donde el piquetero realiza un programa de radio.

El pedido de desalojo lo realizó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ya que el inmueble pertenece a su cartera. Ayer, apenas se difundieron los allanamientos que sobre el lugar realizó la Policía Federal Argentina, desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) sostuvieron que esos espacios no pertenecían al Instituto fundado por Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender. Y se intentó instalar la versión de que “una vez más la UNMa fue atacada” por la administración de La Libertad Avanza.

Como prueba, le hicieron llegar a este medio el acta de transferencia que firmaron -el 15 de noviembre de 2023- las entonces autoridades del Ministerio de Justicia con el rectorado del Instituto Universitario para el traspaso de las instalaciones de otro edificio, ubicado en Avenida Rivadavia 4615.

Tan cierto como eso es que “el 19 de enero de 2018, y mediante la Resolución RESFC-2018-28-APN-AABE#JMG”, el Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos le “asignó el uso al Instituto Universitario Nacional De Derechos Humanos ‘Madres De Plaza De Mayo’ los sectores del inmueble propiedad del Estado Nacional, en jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 2749/ 89, correspondiente al Segundo Piso y Tercer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para más datos, se lo identifica de manera catastral, se especifica que se trata de la Unidad Funcional 13, “ambos con una superficie cubierta total aproximada de 2.481,30 metros cuadrados; una superficie semicubierta total aproximada de 5,01 metros cuadrados; y una superficie descubierta total aproximada de 148,96 metros cuadrados. En la presentación judicial, los abogados del Ministerio de Justicia adjuntaron el croquis del lugar y el convenio firmado entre el entonces Instituto Universitario -hoy Universidad- y las autoridades del entonces gobierno de Mauricio Macri.

En ese mismo acto, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en conformidad con los representantes del Instituto Universitario, por entonces a cargo de Hebe de Bonafini, se “revocaron” los permisos de uso de inmuebles previamente otorgados a organizaciones civiles que funcionaban en ese mismo espacio. En concreto, se revocó “el permiso de uso precario y gratuito otorgado por la Disposición Nº 202, de fecha 20 de julio de 2005, del entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) a la Asociación Civil Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.

También se revocó, en favor del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, “el permiso de uso Nº AF- 000245 de fecha 8 de agosto de 2012, otorgado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, a Favor de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, que también lideraba -y lo hace- el líder piquetero Luis D’Elía.

La decisión se tomó porque ya en 2017, “de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el ámbito de esta Agencia, con el objeto de verificar las condiciones de ocupación de los sectores del inmueble en cuestión, surge que se encuentran subutilizados, con falta de afectación específica por parte de la jurisdicción de revista y siendo ocupados de forma irregular por familias y diversas organizaciones” A través de ese acuerdo, las autoridades del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” que “habían solicitado” el lugar para “instalar la sede” de esa institución, se iban a hacer cargo de la toma de posesión de las instalaciones y su posterior “cuidado y resguardo de las instalaciones”.

Nada de eso sucedió. El inmueble siguió ocupado por otras organizaciones, se instalaron familias que nada tenían que ver con el Instituto educativo, que lo alquilaban “para hacer fiestas privadas y que, tal surge de la denuncia de Cúneo Libarona también: “Se ha observado que las personas que hoy practican actividades dentro del inmueble han utilizado y aprovechado de manera irregular los bienes y servicios públicos, violando los principios de administración pública, y perjudicando los intereses del Estado y de la comunidad. Vulnerando las disposiciones que regulan la cesión y la utilización del inmueble en cuestión, las personas a cargo de su administración”.

Más aún, la presentación judicial afirma que “se han autorizado, consentido e incluso facilitado la instalación en el predio de un número indeterminado de individuos; quienes, sin ninguna clase de control ni autorización formal, han desarrollado actividades personales y políticas de diverso tipo dentro de sus instalaciones. Esas actividades, cabe señalar, son absolutamente incompatibles con el destino para el que el inmueble había sido originalmente asignado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.

El escrito también sostiene: “Se ha constatado que, dentro de este marco de absoluta discrecionalidad y falta de supervisión, los ocupantes han llevado a cabo todo tipo de prácticas que no solo distan de ser las actividades legítimas para las cuales el inmueble fue cedido, sino que además vulneran las normas que regulan el uso de bienes del Estado”.Como por ejemplo se destaca que: “Estos fines ajenos -a la instalación de la sede del instituto universitario- incluyen lugares de distención y recreación sin habilitación alguna, expendio de bebidas alcohólicas y alimentos, lo que agrava aún más el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó la cesión. Ignoramos si cuenta con autorización de alguien, controles sanitarios y de salud, etc”.

Entre esas “actividades” se incluyen, según lo constatado por el personal del Ministerio de Justicia y ahora la Policía Federal Argentina: “Por ejemplo, la instalación de un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), situación que se torna insostenible cuando se observa que el espacio ha sido utilizado no solo para este fin, sino también para actividades completamente ajenas a la naturaleza del inmueble, tales como la instalación de viviendas familiares y stands políticos, entre otros”.En este punto la denuncia a la que accedió este medio destaca que: “Un ejemplo particularmente llamativo es la ocupación del tercer piso del inmueble por parte de la ‘familia Vázquez’, quienes se han instalado en el lugar de manera irregular, utilizando el espacio para fines residenciales. Cabe recordar que este inmueble fue cedido a este Ministerio en el año 2018, específicamente para la instalación de la sede del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo, lo cual contrasta profundamente con la utilización que actualmente se le da hoy en día”.

Particularmente irregular resultó ser la utilización de un bien del Estado, cedido a un Instituto Universitario fue descubrir que “en el tercer piso del edificio se instaló un establecimiento bailable”. En el acta, los funcionarios lo describen así: “Este espacio, acondicionado con luces, parlantes, telones, sillas y mesas, se encontraba perfectamente dispuesto para funcionar como un lugar de entretenimiento nocturno. Dentro de este espacio incluso se advirtió la presencia de una barra de atención al consumidor, en el que se comercializaban alimentos, bebidas alcohólicas y gaseosas, lo que configura una violación flagrante no solo de las condiciones de uso del inmueble, sino también de las leyes sanitarias”.

Además de este uso residencial indebido, el inmueble alberga asociaciones y grupos de diversa índole, algunos de los cuales tampoco cumplen con el propósito original de la cesión. Entre ellos, recuerda la presentación judicial “se encuentra, por ejemplo, la “Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina” (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). Esta última tiene un horario de atención extremadamente limitado, de apenas tres horas diarias, de 15:00 a 18:30, lo que genera serias dudas sobre la efectividad de la gestión y el uso del espacio cedido. Ignoramos si concurren al lugar y si reciben un sueldo por su supuesta labor y de quién”.

Por último, Cúneo Libarona destacó un hecho revelado ya por Infobae. “La presencia de propaganda política de gobiernos anteriores, específicamente vinculada a movimientos de orientación kirchnerista. Carteles y banners con consignas políticas de este tipo se encuentran distribuidos por todo el inmueble, lo que configura una violación a los principios de uso de los bienes públicos, que no deben ser objeto de fines políticos partidarios” y refuerza: “Particularmente grave es la presencia de un ‘bunker político partidario del Partido M.I.L.E.S., cuyo titular es el Sr. Luís D’Elía y que ha instalado banners dentro del inmueble con lemas como ‘por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación’ y ‘vamos a volver’, junto a una imagen de la ex presidenta Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner”.

Por estas y otras razones que se expusieron en el largo texto que recayó en el juzgado Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Romilda Servini y la Fiscalía Federal 4, a cargo de Carlos Stornelli, el Ministerio de Justicia solicitó a a la Justicia cuatro medidas:

• Se tomen las medidas correspondientes para comprobar lo informado.
• Restaurar el uso adecuado del inmueble.
• Se determine la responsabilidad de los funcionarios y personas involucradas en este hecho escandaloso.
• Se adopten las acciones legales necesarias y el desalojo para corregir este grave desvío de los recursos públicos.