En lugar de pupitres y libros, en la sede de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, ubicada a la altura de la Avenida Rivadavia al 2749, funcionaba un boliche clandestino, un bunker político del dirigente Luis D’ Elia, una familia había ocupado parte de sus instalaciones y lo alquilaba para fiestas privadas. El edificio también alberga a la “Radio Rebelde”, medio donde el dirigente piquetero realiza un programa de radio.
El inmueble había sido cedido por el Estado para su funcionamiento como casa de estudios. En sus paredes y oficinas había carteles de propaganda política con imágenes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que evidencia un uso ideológico del espacio. También había oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque estas no estaban contempladas en la cesión original que en 2018 realizó el Ministerio de Justicia - organismo de quien depende el edificio -, entre otras irregularidades que rozan lo inverosímil.
Según la denuncia penal que realizó el titular del ministerio, Mariano Cúneo Libarona, el inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue “ocupado por diversas entidades y personas que no cumplen con el propósito educativo y de derechos humanos para el que fue asignado”. Originalmente estaba destinado al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”.
La presentación judicial realizada por el Gobierno derivó en un allanamiento ordenado por la jueza federal María Romilda Servini.
El relevamiento realizado por la cartera de Justicia y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) reveló que el inmueble, situado en Av. Rivadavia 2749/89 y Av. Pueyrredón 19, también contiene “actividades ajenas a su fin original”. Entre ellas, se identificaron un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, viviendas familiares, y sedes de asociaciones civiles como la Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina (OHVA) y la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA)”.
La presentación judicial describe como “particularmente llamativa la ocupación del tercer piso por la ‘familia Vázquez’, quienes residen en el lugar sin título jurídico conocido y que lo alquilaban para fiestas privadas. Además, se descubrió un establecimiento bailable en el mismo piso, equipado con luces y una barra de atención al consumidor, donde se comercializan alimentos y bebidas alcohólicas, lo que constituye una violación a las condiciones de uso del inmueble”, se sostiene en el escrito judicial.
El informe también señala la presencia de propaganda política vinculada a movimientos kirchneristas y un “bunker político-partidario” del Partido M.I.L.E.S., liderado por Luis D’Elía, “lo que infringe los principios de uso de bienes públicos”. También, se encontraron reparticiones de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un hecho que generó confusión sobre el destino del espacio que debía ser educativo y no estaba autorizado para que se instalen oficinas gubernamentales.
Los allanamientos sobre las instalaciones de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, solicitada por la Justicia fueron realizados el 25 de octubre y el 29 de octubre pasado. Hoy se realizó un tercero de 2024. Los tres, según las autoridades nacionales “evidenciaron el uso indebido del inmueble, que ha derivado en perjuicios para la Administración Pública Nacional y los ciudadanos. Las actividades desarrolladas en el lugar han alterado el destino autorizado, afectando negativamente el acceso a servicios educativos y de derechos humanos”.
Por su parte, la cartera a cargo de Cúneo Libarona solicitó “medidas para restaurar el uso adecuado del inmueble y determinar la responsabilidad de los involucrados en estas irregularidades” ya que “la situación ha generado una pérdida de oportunidades para los ciudadanos y ha comprometido los intereses del Estado, al permitir la explotación de bienes públicos sin control ni autorización formal”.
“En el tercer piso, donde se hacían las fiestas, vivía una familia, y en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privada, como una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), donde había banners con la frase ‘vamos a volver’, junto a una imagen de la expresidenta condenada Cristina Kirchner”, dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni y precisó que, tal como informó este medio: “Sólo en 2023, la universidad recibió del Ministerio -de Educación- el equivalente a 4.000 millones de pesos, y se recibieron 0 alumnos”.
El abogado Adrián Albor, quien hasta hace un mes fue el secretario de la carrera de Derecho en esa Universidad, le confirmó a Infobae que “desde 2018 ese edificio no es utilizado por nosotros. Y nunca ocupamos el tercer piso que mencionan”. Las actividades académicas se trasladaron a otras sedes como la de la calle Defensa 119 y el edificio ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón fue usurpado. Incluso le otorgaron el lugar a un Centro de Ex Combatientes de Malvinas que no pudo instalarse allí”.
La denuncia penal realizada por el Ministerio de Justicia, a la que accedió este medio detalla que: “Al presentarse en el lugar, el personal del Ministerio advirtió no solo que las condiciones del inmueble eran deplorables, sino que además dentro del predio se prestaban un sinfín de servicios, pero ninguno de ellos vinculado al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo´´ para el que fue concedido. Las actividades van desde un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas –red coordinada conjuntamente entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)–, hasta viviendas familiares o stands de partidos políticos”.
En otro de sus párrafos se destaca que: “Por ejemplo, en el tercer piso del inmueble hay un espacio que ha sido acaparado por la ‘familia Vázquez’, quienes se han instalado a vivir en el lugar. Se ignora cómo ingresaron y qué título jurídico ostentan para la ocupación” y se describe que: “Entre otros hechos absurdos, también se cuenta en el inmueble con una sede de la ‘Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina’ (OHVA) y otra de la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). El horario de atención de esta última es de tan sólo tres horas, de 15.30 a 18.30. No sabemos quiénes los autorizaron, qué hacen en el predio ni qué carácter jurídico presentan en el inmueble. También hay vestigios de espacios acondicionados para el funcionamiento de una radio denominada “Radio Rebelde” , cuya cartelería indica que la emisión se hacía a través de la frecuencia AM 740″.
En el escrito que derivó en los múltiples allanamientos se destaca que: “Como si fuera poco, también se observó a lo largo de todo el inmueble un sin número de carteleras y propaganda política de gobiernos anteriores –más precisamente, de tinte kirchneristas–. Un ámbito del Estado dedicado a la política. Es más, la situación es tan ilegal y descabellada que funcionaría o funcionó allí también un ‘bunker político-partidario’ del Partido M.I.L.E.S. , con banners dentro del inmueble que rezan ‘por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación’ y ‘vamos a volver’ con una imagen de la ex presidenta Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner. El titular de dicha agrupación es nada más y nada menos que el Sr. Luis D’Elía”.
En la denuncia también quedó asentado que: “Con fecha 25 de octubre el personal del Ministerio- de Justicia-, junto con personal de la Dirección de Despliegue Territorial del A.A.B.E., realizó una primera inspección conjunta del inmueble. Pero la situación escaló a un nivel incluso más disparatado cuando, con fecha 29 de octubre de 2024, el personal pudo ingresar al tercer piso del edificio y se encontró ni más ni menos que con un establecimiento bailable, acondicionado con luces, parlantes, telones, sillas y mesas. Observaron, incluso, una barra de atención al consumidor en la que se comercializarían alimentos, bebidas alcohólicas y gaseosas. En todos los distintos servicios que se detallaron trabajan y conviven personas ajenas a la actividad del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” y del Ministerio de Justicia de la Nación; por lo que toda la actividad y la supuesta prestación brindada se encuentra en clara violación a los fines que otrora indicara el A.A.B.E.”.
Después de la difusión de las irregularidades y la denuncia penal anunciada por el vocero Adorni desde la Casa Rosada, el ministro de Justicia destacó: “Encontramos que, en un inmueble cedido por el Ministerio de Justicia a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para fines educativos, funciona como un boliche clandestino y un búnker político”.
En este sentido, el funcionario aseguró que “en 2023 esta Universidad recibió del Ministerio el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy y se recibieron cero alumnos. Denunciamos a los responsables ante la Justicia y solicitamos un allanamiento urgente que está en curso. El inmueble será recuperado para su posterior venta”.
Cúneo Libarona también señaló que “este edificio, entregado por la administración anterior con supuestos fines educativos, se convirtió en todo menos un espacio de formación. En lugar de aulas, se encontraron un boliche clandestino, ocupas y un búnker político, en flagrante violación de su propósito original. Además, el inmueble se encontraba en un gravísimo estado de abandono y deterioro”.
Cúneo Libarona añadió: “Este despilfarro es una prueba más del saqueo sistemático realizado por el Partido del Estado. Aquellos responsables de este escándalo, tanto quienes lo ejecutaron como quienes lo facilitaron, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia”.
Este medio ya había revelado que en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, la actual Universidad Madres de Plaza (UNMa) - que hasta septiembre de 2023 funcionaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo - recibió para su funcionamiento por parte del Estado unos 1.500 millones de pesos, cifra que equivale a unos dos millones de dólares.
En ese mismo período, según la información que aportó la propia institución, egresaron 16 alumnos de los 2.564 que cursaron, es decir apenas el 0,62% de la matrícula, el peor registro entre la totalidad de las Universidades Nacionales, provinciales e institutos universitarios. La información proporcionada por la misma institución indica que en 2021 la UNMA tuvo 1.279 estudiantes y 12 egresados, relación porcentual 0,94%. En 2022, 1.375 estudiantes y 4 egresados, relación porcentual 0,29%.
El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se transformó en Universidad Nacional el 27 de septiembre de 2023. De manera irregular, según la interpretación de la Justicia, tres meses antes de este hecho, la “universidad” fundada por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini -ya fallecida- y el parricida Sergio Schoklender, realizó la elección de sus autoridades. Como rectora fue elegida la abogada Cristina Caamaño Iglesias Paiz.
Al llegar al gobierno La Libertad Avanza, funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron ante la Justicia la legalidad de esa designación y la creación por ley de esa y otras cuatro Universidades Nacionales impulsadas por el Poder Ejecutivo de entonces, y con mayoría en las dos cámaras parlamentarias, tres meses antes de dejar el poder.