Los detalles de los proyectos para eliminar las PASO y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos

La Casa Rosada envió al Congreso dos proyectos de ley para eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de las campañas electorales y reformar el sistema de partidos. Dado que la semana que viene termina el período de sesiones ordinarias, se descarta que el oficialismo convocará a extraordinarias para lograr su aprobación durante el verano. El panorama es complejo porque el PRO y la UCR, habituales aliados de los libertarios, anticiparon que no están de acuerdo con la eliminación de las primarias y del financiamiento público de las campañas.

El proyecto oficialista propone una “reforma para el fortalecimiento electoral” que busca principalmente “reducir el gasto público en actividades políticas” y “transparentar el régimen de financiamiento”. La iniciativa pretende, además de la eliminación de las PASO, devolver “a los partidos políticos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades”, liberando a la sociedad de financiar un proceso electoral que, según el oficialismo, “no cumple con las finalidades para las que fue establecido”.

Según estadísticas del ex Ministerio del Interior y de la Cámara Nacional Electoral, desde la sanción de la Ley N° 26.571, que introdujo las PASO, la participación electoral ha bajado casi diez puntos porcentuales desde 2011, cuando fue de un 78,67%, hasta el 2023, que registró solo un 69%.

La eliminación de las PASO, aseguran, devolvería a los partidos políticos la “libertad de definir sus mecanismos internos” de selección de candidatos sin la injerencia del Estado. También se acortará el cronograma electoral ya que las campañas comenzará 60 días antes de las elecciones y terminarán 48 horas antes del comicio.

En cuanto al financiamiento político, el proyecto plantea modificar la Ley N° 26.215 para que las campañas electorales dejen de ser financiadas prácticamente en su totalidad por el Estado y se abra paso al financiamiento privado, con “controles más estrictos” para garantizar su transparencia.

En concreto, se eliminarían los aportes públicos extraordinarios para campañas y boletas, dejando solo un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. Estos aportes se repartirán de la siguiente manera:

-20% del aporte público anual será repartido en partes iguales entre todos los partidos políticos reconocidos.

-80% será asignado de manera proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que haya superado al menos el 1% del padrón electoral.

El monto total de los recursos surgirá de la multiplicación del módulo electoral -que se actualizará a un valor de $420,95- por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Por otro lado, permitiría mayores aportes privados para financiar actividades partidarias, con nuevos límites y requisitos de transparencia.

El monto máximo permitido que los partidos podrán recibir de una misma persona (física o jurídica) será equivalente al 35% del Fondo Partidario Permanente. Este límite aplica tanto para el financiamiento institucional como para las campañas electorales.

A su vez, los partidos no podrán aceptar aportes de:

-Personas físicas o jurídicas involucradas en delitos como lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, entre otros.

-Entidades públicas o privadas extranjeras sin domicilio en el país.

-Sindicatos, asociaciones profesionales y patronales.

-Concesionarios de servicios públicos, empresas contratistas del Estado o sus proveedores.

-Personas que realicen aportes anónimos o bajo presión de terceros.

Para garantizar la transparencia:

-Todos los aportes deberán estar bancarizados, siendo obligatorio depositarlos en las cuentas corrientes únicas de los partidos, registradas en la Dirección Nacional Electoral.

-Los aportantes deberán completar una declaración jurada a través de una plataforma digital de acceso público, garantizando la legalidad de los fondos.

-Se implementará una plataforma digital para registrar y publicar todos los aportes recibidos por los partidos.

Para el Gobierno el sistema actual no ha logrado sus objetivos de equidad y ha terminado en un “despilfarro del erario público”. Por ejemplo, en 2023 , aproximadamente USD 1,3 millones se destinaron a aportes anuales públicos, más USD 5 millones aportes de campaña para las PASO, y más de USD 10 millones para las elecciones generales.

El Poder Ejecutivo plantea también sanciones más severas para la violación de las normas de financiamiento, asegurando que “se aplicarán penas reales que tengan una proporción adecuada con la gravedad de los asuntos que aquí se tratan”.

La reforma que promueve la Casa Rosada se enmarca en un contexto donde, según el Gobierno, “la sociedad en su conjunto se encuentra extremando esfuerzos” económicos, y se enfatiza la necesidad de que “el Estado Nacional no puede gastar más de lo que tiene”, exhortando a la dirigencia política a seguir el ejemplo del “esfuerzo heroico realizado día a día” por los ciudadanos.

Por otro lado, el Gobierno también envió una propuesta de elevar los requisitos de afiliación para la constitución de partidos en distritos con alta densidad poblacional, aumentando el tope de electores de un millón a dos millones. Esto ajustará el porcentaje exigido del padrón electoral del 0,4% al 0,5%, buscando homogeneizar las condiciones a nivel nacional.

Para los partidos nacionales, el número de distritos requeridos para su reconocimiento aumentará de cinco a diez, además de incorporar un mínimo del 0,1 % de afiliados del padrón nacional. Según el Ejecutivo, estos cambios buscan evitar la conformación de partidos sin suficiente respaldo ciudadano, una problemática frecuente en el sistema actual.

Entre las medidas de modernización, destaca la digitalización de los procesos de afiliación y renuncia, que reemplazarán los formularios físicos. Este mecanismo será supervisado por la Cámara Nacional Electoral para garantizar la autenticidad de las afiliaciones.

Según datos oficiales de 2023, más de ocho millones de ciudadanos estaban afiliados a partidos políticos, aunque encuestas señalan una participación activa menor al 5 por ciento.

El mensaje del Ejecutivo señala que el sistema actual fomenta la proliferación de partidos, algunos utilizados como instrumentos para acceder a fondos públicos. Al 31 de octubre de 2024, 47 partidos políticos nacionales y 718 distritales tenían reconocimiento jurídico, una cifra muy superior a la de otros países de la región como México (7), Uruguay (12) y Chile (23).

Para desalentar la existencia de partidos con muy baja representatividad, estos deberán obtener el 3% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. De no hacerlo perderán la personería jurídica.

El proyecto también busca evitar la desnaturalización de alianzas electorales, obligando a que las coaliciones distribuyan los votos obtenidos entre sus integrantes para determinar la continuidad de la personería jurídica.

La ley establece un período de adecuación para los partidos ya constituidos hasta el 30 de junio de 2026. Aquellas agrupaciones en formación podrán optar por la normativa vigente al inicio de sus trámites, aunque deberán ajustarse a las nuevas disposiciones dentro del plazo estipulado.

De ser aprobado, el proyecto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio significativo en la estructura política del país.