Ficha Limpia, nuevo Código Urbanístico y la Ley de Enfermería: los proyectos clave que tratará la Legislatura porteña antes de 2025

Quedan sólo cinco jueves antes de finalizar el año, y todavían quedan varios temas clave que deberá tratar la Legislatura porteña y que impulsan tanto el oficialismo como la oposición.

En primera instancia, el próximo martes 26 se realizará la Sesión Extraordinaria con la presencia del Jefe de Gabinete local, Néstor Grindetti, quien brindará su informe de gestión y será sometido a las preguntas que tenga el Cuerpo Legislativo.

Uno de los temas más importantes es el tratamiento del Código Urbanístico, que es la normativa que regula el uso y la edificación en los espacios públicos y privados de la Ciudad. La normativa fue aprobada en primera lectura en el mes de septiembre, con 32 votos a favor. Y antes de su puesta en debate, la comisión de Planeamiento Urbano había realizado un total de seis reuniones de diputados y cinco de asesores, donde recibieron observaciones. Además, participaron funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, vecinos y organizaciones profesionales, que contribuyeron a los ajustes al proyecto original, con base en las demandas de los ciudadanos y las propuestas de cada uno de los bloques.

Para esta segunda instancia, se realizaron audiencias públicas a lo largo de nueve días, con la participación de organizaciones ciudadanas, vecinos y representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer eje del proyecto es fomentar el desarrollo en la zona sur de la Ciudad a través de un sistema de incentivos. Quienes construyan una determinada cantidad de metros cuadrados en las comunas 4 y 8 van a ser “recompensados” con el permiso para edificar sobre la misma extensión en otros barrios más rentables, como los del norte porteño.

Además, el nuevo Código resguarda los pulmones actuales de las manzanas y busca que donde haya nuevas construcciones se garantice la mayor amplitud posible de estos espacios. Para esto, hay una serie de limitaciones que tendrán que seguir los desarrollos para la extensión de las edificaciones en la profundidad de cada lote. Y contempla la preservación del equilibrio en cada barrio, con el aumento de la densidad en las avenidas; y de esta forma, respetar la identidad de cada uno de ellos.

Previo a la aprobación de su primera lectura, la sesión estuvo cerca de caer por la polémica “Ley Francella”, que consistió en un artículo que obligaba al regreso de las viviendas de los encargados a los edificios de 25 o más departamentos en la Ciudad. Entre cuartos intermedios y aplazos, luego de casi siete horas, se aprobó y está previsto el tratamiento de su segunda lectura para antes de fin de año.

El Parlamento porteño también deberá tratar la segunda lectura de la Ley de Inmuebles Protegidos. Previo a ello, el próximo 27 de noviembre, a las 14, se realizará la Audiencia Pública para abordar la incorporación al catálogo definitivo de Protección Patrimonial de más de 4 mil inmuebles, que contaban con catalogación preventiva.

En el primer debate de la norma en el recinto, y tras varias polémicas, el Cuerpo Legislativo finalmente quitó el estadio de Boca Juniors del registro de inmuebles protegidos. La discusión había generado polémica porque este estatus le habría impedido a la comisión directiva de Boca Juniors la posibilidad de realizar refacciones en su estadio.

Por otro lado, se prevé la discusión por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2025 –popularmente conocida como Ley de Presupuesto 2025-, donde se expresan las prioridades y las metas de las políticas públicas, de cara al ejercicio fiscal del año próximo.

Un tema que promete subir la temperatura en el recinto porteño será la denominada Ley de Enfermería. El proyecto oficialista, con la firma del diputado Facundo Del Gaiso, propone la creación de Régimen de Empleo y Desarrollo Profesional de la Enfermería del Sector Público en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la idea no cuenta con el apoyo de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE).

Desde la oposición insisten en que reconozcan a la carrera de enfermería dentro de la Ley 6035 sobre Profesionales de la Salud, para lo cual se presentaron varios expedientes en la Comisión de Salud; y con el fin de equiparar los derechos laborales y salariales de los enfermeros a los de otros profesionales de la salud.

Otro proyecto es el redactado y presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Buenos Aires (SUTECBA), que plantea la regularización de las condiciones de trabajo en todos los sectores del personal de salud, por medio de un sistema igualitario de oportunidades, salarios justos y condiciones dignas de trabajo.

Con la autoría del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el gobierno presentó la Ley de Simplificación, “que tiene por objeto simplificar y reducir las cargas y los trámites administrativos, a través de la modificación y derogación de distintos cuerpos normativos”.

En este sentido, la normativa impulsa la simplificación de más de 35 trámites y requisitos, la eliminación de aproximadamente 10 de ellos, la derogación total de casi 15 normas y la derogación parcial de más de 60.

Entre las normas a derogar ejemplificaron con la Ordenanza 2.698, con fecha del 21 de mayo de 1907, que establece la prohibición del juego del barrilete en todo el municipio de la capital. Como también la Ordenanza 46.625 para habilitaciones y verificaciones de locales de venta de frutas y/o verduras perecederas y depósito de envases vacíos; y la Ordenanza 44.103, referida a guarderías infantiles y establecimientos geriátricos sin fines de lucro, a cargo de entidades civiles o religiosas.

Asimismo se establece la eliminación de diversos registros obsoletos como el Registro Público de Escuela de Guardavidas; el Registro de Prestadores de Medicina del Deporte; el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga; y el Registro de Consultoras de Impacto Ambiental.

Entre las mejoras planteadas por el Ejecutivo porteño destacan “la eliminación del plazo de vigencia del Certificado de Aptitud Ambiental para aquellas actividades económicas catalogadas como Sin Relevante Efecto, como así también la posibilidad de tramitar de forma conjunta la aprobación del sistema de autoprotección y de los planos contra incendio. Y la eliminación de la intervención profesional en las Declaraciones Responsables de las solicitudes de autorización económica de baja criticidad”.

En la Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad hay cuatro proyectos de ley, que proponen la modificación de la Ley 269, que crea el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. Uno de ellos es el presentado por la diputada mandato cumplido, Natalia Fidel, que propone la creación del Sistema de Protección Alimentaria, que tiene como finalidad crear un servicio estatal que sirva de intermediario entre la pareja abusiva y la víctima de violencia intrafamiliar. Y que dicho organismo pueda percibir las sumas sin consentimiento de la expareja abusiva, a fin de que “el victimario no pueda utilizar la cuota alimentaria como un mecanismo de violencia económica para ejercer control sobre la víctima”.

También establece que aquellos funcionarios jerárquicos incluidos en el registro no podrán contratar en cualquier modalidad laboral, salvo aquellos casos donde la contratación permitiese al deudor cancelar la deuda. Como también estarán inhabilitados para ser beneficiarios de subsidios, programas sociales o adjudicación de viviendas sociales hasta que acrediten la cancelación de la inscripción en dicha lista.

En tanto que el proyecto presentado por la diputada, Sol Méndez (Confianza Pública), dispone que el organismo funcione bajo la Secretaría de Justicia y no la Secretaría de Gobierno, que las cuotas adeudadas necesarias para ingresar al registro sean de dos y no de tres, entre otras actualizaciones propuestas.

La iniciativa de la legisladora Jessica Barreto (Partido Socialista), a su vez, instaura que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos también brinde cursos, talleres y charlas gratuitas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a percibir alimentos y sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los adultos responsables por ley, además de campañas de difusión. También establece la revisión anual de la nómina, tanto por parte de las entidades públicas y privadas como del propio Registro.

Finalmente, el proyecto redactado por la diputada María Bielli (Unión por la Patria) también propone que el Registro funcione bajo el área de la Secretaría de Justicia. Además de que los registrados no podrán renovar tarjetas de crédito o “cualquier otro tipo de operaciones bancarias, bursátiles o servicios financieros que la respectiva reglamentación determine”. Como tampoco podrán estar en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, si es que no cuentan con el certificado de libre deuda expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El proyecto de ley Ficha Limpia tuvo el protagonismo central de esta semana, luego del fracaso en su tratamiento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Sin embargo, en la Legislatura local logró el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y podría tratarse en Sesión Ordinaria, más teniendo en cuenta que el año próximo habrá elecciones.

El dictamen contó con el apoyo de la mayoría de los bloques políticos, salvo los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que no participaron de la comisión. “No se me ocurre por qué alguien va a querer ausentarse de un debate sobre cuestiones democráticas, calidad institucional y reglas de juego, salvo que no estén muy limpios. Y ese es el principal problema que enfrentamos con este tema”, había apuntado el legislador por Republicanos Unidos, Yamil Santoro.

La ausencia del peronismo y la izquierda puede obstaculizar el avance de la norma hacia su aprobación, ya que, al ser una normativa del tipo electoral, necesita de una mayoría agravada de votos para finalmente ser ley. Al margen de que el proyecto ya había sido tratado en comisión años anteriores. “Necesitamos 40 votos, no los tenemos porque el Frente de Todos y la izquierda votan en contra, con argumentos que no se sostienen jurídica, política y moralmente. Iremos por esos dos votos”, había señalado Hernán Reyes, presidente de la comisión y legislador por Vamos por Más.

Del otro lado, la diputada, Vicepresidente 2° de dicha comisión y abogada, Graciana Peñafort (Unión por la Patria), había criticado la iniciativa: “Con este proyecto restringen derechos, en lugar de ponerle obligaciones a quien tiene que dictar sentencia, que es la Corte Suprema de Justicia. Están tratando como culpable a quien todavía no lo es por falta de sentencia firme, es una disposición absolutamente violatoria de los derechos”.

Y había concluido, en relación a un posible tratamiento: “La ley se cae a fin de año si no la sacan en las próximas sesiones y todo parece indicar que no tienen los votos”.